Ciudad de México, México.— Es insuficiente la destitución de Florencia Serranía Soto de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), consideró la fracción parlamentaria perredista en San Lázaro.
Asimismo, los perredistas demandaron a las autoridades correspondientes investigar su gestión, particularmente sus acciones y omisiones, pues habrían dado lugar a graves accidentes, como el del 3 de mayo en la Línea 12 que costó la vida a 26 personas, con el objeto de fincarle las responsabilidades que procedan.
En un comunicado, las y los diputados de la bancada consideraron que la exfuncionaria incumplió sus deberes en cuanto a la coordinación de la supervisión y mantenimiento de instalaciones y equipo de ese medio de transporte, lo cual resulta cuanto más grave dado que ya existían avisos, denuncias y advertencias de trabajadores y usuarios sobre el funcionamiento anormal de la Línea 12.
Agregaron que otros acontecimientos, como los incendios del Puesto de Control Central el pasado 9 de enero y el de un tramo de cableado de la Línea 4 el 24 de abril, evidenciaban que la ahora exfuncionaria estaba descuidando esos importantes deberes de supervisión y mantenimiento.
Lamentaron que tuviera que pasar más de mes y medio tras el accidente de la Línea 12 para que Serranía Soto fuera destituida, pues tal vez si se hubiese hecho luego de los otros varios accidentes previos que evidenciaron su incompetencia, negligencia o incapacidad -o todo ello-, se hubiese evitado la pérdida de 26 vidas humanas y lesiones, incluso graves, a decenas de personas más.
Indicaron que, además de su negligencia e incompetencia, a la ocurrencia de esos siniestros hayan contribuido otros factores fundamentales, como el recorte al presupuesto del SCT que derivó en recorte de personal, cancelaciones en compra de bienes y servicios necesarios para su correcto funcionamiento y, en suma, en la falta de supervisión y mantenimiento a sus instalaciones y equipos.
Dijeron que a la tragedia del 3 de mayo posiblemente haya contribuido la corrupción de empresas constructoras y proveedoras del Metro, con o sin conocimiento de los directivos de éste.
Aseguraron que, a la luz de los lamentables hechos, está saliendo más costoso a las finanzas públicas, pero sobre todo a la ciudadanía entera, haber mantenido a Serranía Soto al frente del STC, haberle regateado presupuesto para mantenimiento de éste en aras de “ahorros” y haber solapado la corrupción o incompetencia de empresas constructoras.
Consideraron insuficiente que las empresas constructoras se comprometan, voluntaria u obligadamente, a subsanar sus mal hechuras, pues ello no les restaría responsabilidad alguna en la pérdida de vidas, lesiones graves a decenas de usuarios, y quebranto a las finanzas públicas.
Por todo lo anterior, enfatizaron que es necesario que las investigaciones sobre la gestión de Serranía Soto incluyan sus propias informaciones y declaraciones, así como su confronta con las de otros actores relacionados con el STC, a fin de deslindar responsabilidades.
También rechazaron cualquier intentona de encubrimiento sobre los corresponsables del accidente, sean del ámbito público o privado, y confió en que los informes pendientes de la empresa DNV, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de cualquier otra autoridad con competencia en el asunto den lugar a la justicia, la reparación del daño, la rehabilitación de la Línea 12 y su puesta en operación en condiciones seguras.
Sólo así, dijeron, se podrá lograr la recuperación de la confianza ciudadana en su Sistema de Transporte Colectivo, particularmente en su Línea 12, y éste podrá contribuir al bienestar, en lugar de ser un motivo de preocupación para la seguridad física y patrimonial de millones de mexicanas y mexicanos.
