iudad de México, México.— De no resolverse pronto la situación respecto al desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se podría sentar nuevamente un precedente de evasión de la justicia y, peor aún, con la complicidad de las instituciones locales, aseveró el líder parlamentario de la mayoría morenista, Ignacio Mier Velazco.
“Lamentablemente las instituciones locales han actuado no a favor de la justicia, sino de un compromiso político con el gobernador. El Congreso de Tamaulipas incurrió en desacato, tuvo la oportunidad de nombrar a un gobernador interino y ahora tienen un gobernador prófugo. Irresponsabilidad pública total”, aseveró.
En un comunicado, Mier Velazco manifestó su confianza en que tanto la Fiscalía General de la República como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuarán de manera autónoma e independiente sobre el caso que se le sigue a la situación jurídica del gobernador de Tamaulipas.
Afirmó que de ser necesario aprobar en la Comisión Permanente del Congreso un periodo extraordinario para que se resuelva de manera institucional este tema, ante la inacción de las autoridades locales, Morena dará su voto a favor.
El líder parlamentario lamentó que partidos que protegen a Cabeza de Vaca, fueron los primeros en exigir desafuero de un legislador de Morena para que sea investigado por presuntamente cometer un delito; ahora que se trata de uno de los suyos, maniobran para obstruir la acción de la justicia y al mismo tiempo denuncian persecución política.
“Aquí no vamos a proteger a nadie, que caiga el peso de la ley contra quienes, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades judiciales, hayan cometido un delito; no podemos tener una justicia selectiva, esto puede sentar un precedente grave de evasión para otros casos en los que se proceda al desafuero o juicio político”.
La Cámara de Diputados ya hizo el trabajo que le correspondía de retirarle el fuero al gobernador Cabeza de Vaca y finalmente hay una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
“Queda claro que prevaleció el Estado de derecho”, puntualizó.
