Ciudad de México, México.— La acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial que amplía dos años la gestión del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se revierta el agravio a la Constitución, confío el líder parlamentario panista, Juan Carlos Romero Hicks.
Sostuvo que para su bancada el caso del ministro Arturo Zaldívar no está cerrado y ya se trabaja en el expediente para iniciar la acción de inconstitucionalidad que habrán de presentar ante la SCJN.
“Confiamos en que las señoras ministras y a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como guardianes de nuestra ley fundamental y del orden constitucional, declaren la inconstitucionalidad de este precepto normativo”, señaló en un comunicado.
Aseveró que la inaplazable y recién avalada reforma a fondo del Poder Judicial de la Federación quedó atrapada en el inconstitucional por el “caso Zaldívar” y algunos consejeros de la Judicatura, por lo que urge superar este “nefasto” episodio que amenaza con contaminar a la Corte con la dañina fórmula de provocar, mentir y victimizarse del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Destacó que son importantes los cambios que se dieron a partir del diálogo de los titulares de la SCJN y el Poder Ejecutivo Federal para proponer la reforma al Poder Judicial y acabar con aspectos nocivos, como el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias y el acoso sexual, así como otras conductas inaceptables por parte de algunas autoridades en la impartición de justicia.
Empero, subrayó el líder parlamentario, desde la aprobación de la reforma constitucional, Acción Nacional advirtió que centralizaba al Poder Judicial en torno al Consejo de la Judicatura, con lo cual sería posible cooptar dicho poder controlando al propio Consejo.
“Sostuvimos que la reforma omitía la posibilidad de fortalecer procesos indispensables, como el nombramiento de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indicó.
Por desgracia, lamentó, estos tópicos quedaron fuera de la discusión de la legislación secundaria en la Cámara de Diputados, por la incorporación del artículo décimo tercer transitorio, relativo a la extensión del cargo de los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Romero Hicks consideró que desde hace 29 meses el país entró a un proceso de judicialización que en nada ayuda a los fines de este gobierno, pues hay más de 20 litigios con actos, leyes y decretos del Ejecutivo Federal ante la SCJN y en lugar de que el Presidente de la República encamine la energía nacional hacia el trabajo, provoca que todo se paralice.
En ese sentido, el panista planteó analizar los siguientes temas:
La independencia del Consejo de la Judicatura de la SCJN en atención a la posibilidad de cooptar ambos órganos mediante el control del presidente de la SCJN.
Que la SCJN deje de tener funciones administrativas dentro del Poder Judicial y que éstas se trasladen al Consejo de la Judicatura.
Mejorar los procesos de selección de ministras y ministros de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, haciéndolos más abiertos a la ciudadanía y más transparentes.
Extender el servicio profesional de carrera a los funcionarios administrativos, así como a los Secretarios Generales de Acuerdos del Pleno de la SCJN, de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral.
Finalmente, subrayó el gran papel realizado por la diputada Pilar Ortega, como presidenta de la Comisión de Justicia, quien propuso una ruta de dictaminación con el tiempo suficiente para que se circulara el dictamen y se pudiera generar una amplia discusión pública de cara a la sociedad.
