Ciudad de México, México.– Las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social, y la de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron la minuta que envió la Cámara de Diputados para regular la subcontratación laboral en el país.
Con esta reforma, se explica en el dictamen, las empresas no podrán contratar trabajadores a través de la figura del outsourcing para realizar tareas permanentes o esenciales.
Únicamente se establecen reglas precisas para que la subcontratación pueda realizarse en casos de trabajos especializados y efímeros, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la empresa.
El proyecto fue aprobado en la Comisión del Trabajo y Previsión Social con 13 votos a favor y una abstención, y en la de Estudios Legislativos, Segunda, con 12 votos a favor y una abstención. Con ello se reconoce las obligaciones fiscales y de seguridad social de las empresas, así como sus compromisos con los trabajadores y su derecho al reparto de utilidades.
Las adecuaciones al marco jurídico también buscan el respeto de los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras, así como la solvencia de las finanzas públicas.
Se trata de resolver la problemática laboral del país, sin dañar a las empresas que, por necesidades de sus esquemas de producción y prestación de servicios, deben recurrir a la contratación de servicios u obras especializadas que no forman parte de su objeto social, ni de su actividad económica preponderante.
En el documento se precisa que, para la implementación de esta reforma, habrá un periodo de tres meses a efecto de que las empresas incorporen a los trabajadores que están subcontratados, como empleados permanentes.
Señala que el outsourcing menoscaba al fisco federal con la expedición de facturas que surgen de la simulación, además elude el cumplimiento de las responsabilidades y cargas de seguridad social, “connaturales a toda relación de trabajo”.
En este sentido, la reforma establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia, que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, será acreedor de una multa de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, a quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en la ley, se le impondrá multa de dos mil a 50 mil veces la UMA.
Senadores y senadoras destacaron en el dictamen que este sistema de contratación laboral, aunado a la crisis suscitada por la pandemia originada por el Covid-19, provocó que se desatara una serie de despidos masivos de personas trabajadoras por parte de algunos patrones.
El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que con la reforma se dará un paso muy importante en la reducción de la desigualdad, la corrupción, la pobreza y la explotación laboral y “pasaremos a crear una nueva mentalidad de responsabilidad social, fiscal y laboral”.
Este es un cambio histórico, asentó, que termina con “un modelo perverso, insensible y diseñado sin pensar en las necesidades sociales”. Además, consideró fundamental recuperar la defensa de los derechos laborales y erradicar con el sistema de abusos, a través del cual, se genera una evasión fiscal, a nivel nacional, de 300 a 500 mil millones de pesos por año.
Ningún otro país en el mundo, argumentó, deformó este sistema de subcontratación como en México, que desde que nació se desvió y se utilizó para la simulación laboral, la evasión fiscal y para aumentar la explotación de los trabajadores.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, destacó que la propuesta es el resultado de la búsqueda de acuerdos entre todos los sectores implicados. Además, resaltó la labor del Presidente de la República, quien tuvo la capacidad política de dialogar con el sector empresarial.
En la discusión del dictamen, el senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, aseveró que con esta resolución se combaten de manera efectiva diversos problemas derivados del incumplimiento de derechos laborales, como la falta de seguridad social y de estabilidad en el empleo.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD, reconoció el trabajo del Ejecutivo, del sector empresarial y de las fuerzas sindicales para erradicar la subcontratación fraudulenta. Indicó que su Grupo Parlamentario tiene observaciones sobre la propuesta; sin embargo, acompañan el espíritu del proyecto, por lo que lo avalarán en sus términos.
En tanto, Israel Zamora Guzmán, senador del PVEM, afirmó que esta reforma es de gran importancia, ya que da un paso hacia la reconfiguración de la relación obrero-patronal, a la protección y cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores.
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, indicó que la mayor valía de la propuesta es que se originó a través de un acuerdo entre la representación tripartita del gobierno, la representación empresarial y la sindical. “En ese sentido, la reforma ya está legitimada entre las partes involucradas”.
El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, expresó que es importante mejorar la regulación de la subcontratación en México, a efecto de acotar los márgenes que permitían discrecionalidad y abuso. “Me da mucho gusto que se haya elaborado un producto que protege los derechos de los trabajadores, sin inhibir el empleo en el país”.
Por su parte, la senadora del PT, Nancy De la Sierra Arámburo expresó que, a través de este dictamen, se da un importante paso para revertir un “precario régimen laboral”, a partir del consenso de todos los actores involucrados. “Somos conscientes de los abusos que la figura de la subcontratación ha permitido y perpetuado”.
La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, señaló que el sector productivo debe cambiar su forma de acceder a la ganancia y dejar atrás los modelos que han limitado los derechos de las y los trabajadores, pues la situación económica actual requiere otro tipo de visión.
Finalmente, Elvia Marcela Mora Arellano, senadora del PES, aseguró que la subcontratación es una “figura perversa” que debería desaparecer, ya que ha ampliado la brecha de pobreza y desigualdad. No estamos en contra del sector privado, sino a favor de la reivindicación de los derechos de las y los trabajadores, subrayó.
