Ciudad de México, México.– La Cámara de Diputados aprobó, por 451 votos a favor, 0 abstenciones y 1 en contra, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 13 y 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a fin de incrementar y actualizar las penas y sanciones que impone la autoridad por la transgresión de las conductas tipificadas en la materia.
La reforma al artículo 12 indica que se impondrá prisión de seis meses a nueve años y multa de una a diez mil Unidades de Medida y Actualización, así como la destitución de empleo, en su caso.
La modificación al artículo 13, establece que se aplicará prisión de tres meses a seis años y multa de una a cinco mil setecientas Unidades de Medida y Actualización.
En el artículo 17 se plantea que las infracciones a la presente Ley que no constituyan delitos, a sus reglamentos o disposiciones que dicte la Secretaría de Gobernación, serán sancionadas por la propia dependencia. Se establece una multa de una a diez mil Unidades de Medida y Actualización o arresto hasta por treinta y seis horas.
El objetivo es fortalecer la prevención y combate al juego ilegal
Al fundamentar el dictamen, la diputada María Del Carmen Almeida Navarro (Morena) dijo que el objetivo es actualizar e incrementar penas que, como sanción, puede imponer la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación por transgredir las conductas tipificadas en los artículos 12, 13 y 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Dijo que hoy en día rentar un espacio para realizar juegos clandestinos resulta en una pena privativa de un mes a un año de prisión y una multa de 100 a 5 mil pesos, sanciones que de ninguna forma desincentivan la mencionada actividad ilícita, por lo que resulta procedente realizar las modificaciones necesarias para disuadirlas y erradicarlas.
Agregó que en forma complementaria, el dictamen considera actualizar las disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos al decreto de reformas constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.
En este aspecto, la Ley Federal, dada su antigüedad, fija penas y multas en cantidades que no son proporcionales al posible daño causado por sus transgresores, en donde los montos que se incorporan en el proyecto de decreto se señalan en unidades de medida y actualización, lo que facilita en el tiempo su actualización, sin ser necesaria una reforma para ello, dijo.
Destacó que en el dictamen las penas privativas de la libertad se incrementan de tres meses la mínima y de 9 años la máxima. Y en el caso de las multas, de una hasta de 10 mil unidades de medida y actualización.
De igual forma, se actualiza la pena correspondiente al arresto administrativo, donde el texto vigente considera que se puede imponer hasta por 15 días.
Señaló que con la aprobación del dictamen se dotará a la citada Dirección General de los elementos necesarios para imponer, en caso de ser necesario, penas privativas de libertad, multas y arresto administrativo que sean congruentes con el régimen jurídico vigente
Mencionó que el objetivo de las reformas es fortalecer las acciones de la autoridad administrativa en la prevención y combate al juego ilegal. “Consideramos que brindará a la Dirección General de Juegos y Sorteos las herramientas necesarias para fortalecer su labor en la prevención y combate al juego ilegal”.
Necesario, revisar el marco jurídico de la industria del juego
Al fijar su postura, el diputado Marco Antonio Hernández Arellano (PAN) comentó que estas actividades que involucran los juegos y sorteos deben ser debidamente reglamentadas para evitar distintos males, que van desde la corrupción hasta el manejo de recursos de procedencia ilícita.
Indicó que la realidad de la industria del juego demanda una constante revisión del marco jurídico, ante lo cual el dictamen tiene como principal objetivo bloquear este tipo de actividades ilegales en los centros de juegos de apuestas y sorteos que operan de manera clandestina.
El dictamen fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
