Ciudad de México, México.– El Congreso de la Ciudad de México exhortó a las entidades federativas del país armonizar y actualizar los protocolos de actuación policial con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y capacitar de manera urgente a todos los cuerpos policiales que integran las instituciones de seguridad pública o ciudadana en dicha materia y con estricto apego a los derechos humanos, para evitar hechos tan lamentables como el efectuado por policías de Quintana Roo que causaron la muerte de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza.
Las diputadas y los diputados de todos los partidos políticos representados en el órgano legislativo aprobaron un punto de acuerdo presentado por la legisladora de Morena, Leticia Varela Martínez, quien señaló que “hace unos días vimos el triste y lamentable caso de Victoria, una mujer que murió a causa de la pésima actuación policial en la ciudad Tulum”.
“Casos como el de Victoria Salazar por supuesto que no pueden volver a ocurrir en ninguna ciudad de nuestro país”, señaló la diputada Lety Varela, quien afirmó que para evitarlos las instituciones públicas y ciudadanas de cada entidad del país deben asegurarse de que ningún elemento desconozca los protocolos y niveles de aplicación del uso de la fuerza,
La representante popular por el Distrito 26 de las Alcaldías Coyoacán y Benito Juárez señaló que aunque la legislación facultad a las diversas policías del país para emplear el uso de la fuerza cuando es estricta y físicamente necesaria, se siguen dando muchos casos de uso excesivo de la fuerza que ha derivado en graves lesiones, incluso ha causado la muerte de las personas a quienes se le ha aplicado una fuerza desmedida y mal aplicada por parte de elementos policiacos que no están debidamente capacitados.
En un estado de derecho democrático, la policía es la única facultada para que en circunstancias excepcionales, pueda solicitar a los ciudadanos de manera obligatoria un comportamiento determinado, con la finalidad prevenir alguna conducta que pueda derivar algún delito o poner en riesgo la vida de los demás o la propia, aplicando así de manera inmediata, solo si es necesario, del uso de la fuerza, de acuerdo al nivel de resistencia, conforme lo establecen los ordenamientos jurídicos vigentes, comentó.
El uso de la fuerza que pueden ejercer los cuerpos de seguridad pública y ciudadana se deben llevar cabo de acuerdo al nivel de resistencia de los detenidos y en estricto apego a la establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el ordenamiento jurídico vigente en cada estado, siempre respetando los derechos humanos de las y los implicados, aseveró.
Dijo que se tienen que establecer los mecanismos de control y evaluación descrita en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para que ningún agente se exceda o actúe al margen de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. De esa manera, se evitará que se trasgreda y se vulnere la dignidad humana, así como los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal, aseveró.
La legisladora Lety Varela agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido, en diversos casos contenciosos, que los Estados que forman parte de este sistema tienen el derecho de emplear el uso de la fuerza, con el fin de garantizar la seguridad y mantener el orden público de su territorio por parte de los agentes encargados en la materia.
Sin embargo, concluyó, el uso de la fuerza que ejercen las autoridades encargadas de brindar seguridad pública y mantener el orden público, tiene que ser planeada y utilizada como la última medida cuando se hayan agotado todos los medios para controlar una situación de violencia o resistencia.
