Análisis a Fondo
La seguridad nacional en las generadoras de energía
Pero estamos en las manos de jueces comerciantes
Por Francisco Gómez Maza
La energía eléctrica no puede ser un bien en manos de las ciegas leyes del mercado, ni menos estar en manos de los plutócratas que sólo buscan las ganancias al extremo. Son una riqueza de la Nación.
La energía eléctrica es un bien de la nación como el carbón, el gas, el agua, el aire, que la generan. Es un asunto de seguridad nacional, pues como los demás elementos mueve la vida de todo el planeta. El ser humano sólo transforma. La naturaleza es la que crea la energía. Y es para beneficio de las actividades productivas, recreativas, de comunicación humana, y para beneficio de los seres humanos.
Esta concepción la tuvo muy clara, muy diáfana, Adolfo López Mateos, aquel enorme presidente que mexicanizó la electricidad para beneficio de los habitantes de México, porque era y es un bien de la nación, como el general Lázaro Cárdenas del Río que expropió y nacionalizó los veneros de petróleo, que nos escrituró el diablo.
Esa energía no podía seguir en manos de las compañías extranjeras. Era y es propiedad de la nación, como todos los elementos que están en el subsuelo y en el espacio aéreo, y que sólo son concesionados para su explotación y extracción por el Estado mexicano a empresarios nacionales y extraños, que se comprometen con los consumidores.
Especialistas se pronunciaron por concretar la reforma energética y plantearon la integración del Estado con empresas privadas y grupos sociales –con figuras como las cooperativas–, a fin de salvaguardar temas de seguridad nacional, como la soberanía en el abasto de combustibles y la autosuficiencia alimentaria.
Maurizio Covarrubias Piffer, presidente de la Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizantes, estimó que se debía dar prioridad a la disponibilidad de gas natural para la industria de fertilizantes, pues ello permitirá garantizar el abasto de alimentos.
Al exponer el tema “Energía e inversión privada”, en el foro que sobre las diversas iniciativas en materia energética se organizó en el Senado, explicó que los fertilizantes se fabrican a partir de petroquímicos, como la urea, fosfatos y amoniaco; sin embargo, este sector registra una severa debacle debido la desaparición de Fertimex, a finales de la década de los noventa.
Lo anterior ha derivado en el aumento de importación en altos precios de productos como la urea, particularmente de Estados Unidos, no obstante que en México se contaba con la suficiente capacidad para su producción. Por ello, subrayó, “generar las bases para reintegrar la industria nacional será el verdadero reto de la reforma en este renglón, es la parte fundamental que hay que anotar… Si no se generan las bases para que la industria se integre en forma mixta, esta industria –de los fertilizantes– desaparecerá”. Destacó que el fertilizante ha sido plenamente financiado por el sector privado, con enormes inversiones en terminales portuarias, almacenes de distribución, bodegas de venta al detalle, etcétera.
Opinó que, de integrarse esta industria secundaria dentro de la reforma energética, para la elaboración de fertilizantes, se lograrían beneficios como alimentos más nutritivos; mejora sustancial de los ingresos del agricultor y ello coadyuvaría a la disminución de la migración, una agricultura más rentable de largo plazo y, sobre todo, alcanzar autosuficiencia alimentaria.
Manuel Barquín Álvarez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, propuso la integración, para la producción y autoconsumo, de figuras como las cooperativas.
Explicó que la crisis del modelo de industria eléctrica deriva de un sistema centralizado con tarifas altas, pese a los subsidios existentes, con una creciente participación de particulares para proporcionar energía eléctrica a la población que pueda pagarla, dejándose a empresa pública el control de la red nacional interconectada, la operación de las grandes presas hidroeléctricas, macro proyectos con impacto nacional y la provisión del servicio a los consumidores de bajos ingresos.
“México tiene una tradición milenaria en organizaciones colectivas y acción comunitaria, que no se ha utilizado en la industria eléctrica para el auto consumo y la pequeña producción: Ejidos, comunidades y cooperativas, permitirían que núcleos importantes de la población fueran autosuficientes, cuando no incluso pudiera participar en mayor o menor medida en la generación de energía, por medio de recursos renovables, fundamentalmente a través de la energía eléctrica, la solar y la mini hidráulica”, aseveró.
Indicó que, para alcanzar el éxito de este sistema, el Estado debe intervenir en la a inversión inicial y mantenimiento, lográndose con ello beneficios por partida doble. “Por una parte, se evitaría el pago de tarifas por parte de los miembros de la comunidad u organización, cuando no incluso podrían procurarse recursos adicionales para por la venta de los excedentes a la red y, por otra, las comunidades y cooperativas, dejarían de gravitar en la generación de energía con base en la quema de hidrocarburos, lo que aumentaría nuestra provisión de hidrocarburos”.
Y la urgencia de una reforma energética fue abordada por Alfredo Elías Ayub, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al advertir que México va ya tarde en la reforma energética, pues se enfrenta un proceso real de desabasto, altos precios “y una riesgosa dependencia de los mercados externos”.
“Hay que decir con toda claridad: la necesidad de una reforma se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, entendida en la importante vertiente de seguridad energética”. De ahí, la necesidad de tomar decisiones que permitan asegurar el abasto de energía con certidumbre, suficiencia, oportunidad y precios competitivos.
Quedamos, pues: La energía eléctrica es un asunto de seguridad nacional. La nueva Ley de la Industria Eléctrica garantiza esa calidad de la energía. Por tanto. Tendría que ser defendida por todos, empezando por los Poderes de la Unión. Y desenmascarar a jueces que estén dedicados a comerciar con la justicia. Por lo pronto, los mexicanos estamos navegando a la deriva, entre la ley y la justicia, entre el poder judicial y la corrupción.
