TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto Vizcaíno
Tan sólo plantearlo advierte de entrada un conflicto social y económico -político quizá-, de alcances internacionales. Mire Usted, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, el personaje sin duda más influyente y sobresaliente en el Congreso Mexicano plantea legislar para que el Gobierno de México (el de Andrés Manuel López Obrador) garantice la libertad de expresión (¿información?) en las redes sociales.
La obviedad nos dice que Monreal buscaría imponerle normas, reglas y sanciones a Facebook, Twitter, Instagram, etc, etc, para garantizar ese derecho y que, de violarlo a criterio de este gobierno, estas empresas serían sometidas a tribunales mexicanos.
Quizá usted sepa, haya oído o leído, que estos gigantes -empresas privadas globales- han sido o son en este momento amenazadas por otros gobiernos un poco más consolidados y fuertes que el nuestro, sin encontrar la forma de cómo someterlas a leyes y sanciones nacionales o regionales.
Ahora mismo la comisaria danesa Margrethe Vestager, considerada desde hace años la mayor amenaza de los grandes grupos tecnológicos estadounidenses -Facebook, Twitter, Google, Amazon, Instagram y otros- busca hasta hoy infructuosamente la forma de que la fuerza de los 27 países que integran la Unión Europea someta a los poderosos emporios tecnológicos que dominan las redes sociales y a través de ellas a la comunicación y la infrormación en el mundo.
Vestager junto a Ursula von der Leyen forman la directiva de la enérgica Comisión de Competencia de la UE en Bruselas y hasta ahora no han encontrado cómo poder aplicarles las normas de competencia de empresas.
Aducir que los gobiernos nacionales deben regular el Derecho a la Información y expresión podría ser algo mucho, muchísimo más sensible para organismos e instituciones internacionales porque sonaría a muchos en el mundo como todo lo contrario: buscar acotar las expresiones o manipular la información.
Si nos atenemos a los hechos, el tema de pretender que el gobierno mexicano regule el derecho a la expresión e información en las redes sociales, surgió luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se incomodó y quejó de que Facebook y Twitter le bajaran el switch a la cuenta de Donald Trump por considerar que estos medios eran utilizados por el presidente norteamericano para incitar a la violencia en EU y por encontrar que sus mensajes eran mentidas.
Entonces López Obrador planteó incluso que bien él podría impulsar la creación de redes sociales como Facebook y Twitter para no dejar en empresas privadas el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Ahora Monreal retoma el tema y afirma que “el Poder Legislativo no puede ser omiso ante la violación de este derecho fundamental en las redes sociales”.
La única vía correcta y democrática entonces para garantizar la libertad de expresión en el ciberespacio, afirma, es la legislativa.
Y agregó: “este derecho humano tiene que ser tutelado para su ejercicio eficaz, mediante principios establecidos en las leyes”.
Vía justamente Twitter y Facebook, Monreal subrayó que los derechos humanos son un límite a los poderes establecidos para evitar abusos, pero también deben serlo respecto de la actuación de los particulares.
Los límites de actuación de las empresas privadas, dueñas de las redes sociales, dijo, se tienen que establecer en la deliberación y aprobación soberana.
“Es un debate ineludible, es un debate inevitable”, enfatizó.
El zacatecano consideró que este derecho tiene que ser protegido para su ejercicio eficaz mediante principios establecidos en las leyes; “no como obstáculo, sino como herramienta para ser potencializados”.
Ello, porque se trata del pilar fundamental de un Estado constitucional y democrático de derecho, indicó.
“Las redes sociales ejercen un poder específico sobre, y a través, de la libertad de expresión, ya que por medio de sus políticas de privacidad pueden suspender o eliminar cuentas y contenidos de manera unilateral…
“Y el Poder Legislativo no puede ser omiso ni ser indiferente ante la violación del derecho fundamental de la libertad de expresión.
“Los estándares de protección a esta garantía en el ciberespacio no deben ser regulados por empresas privadas, sino por el órgano democrático y soberano, ya que corresponde únicamente a éste manifestarse respecto al catálogo de derechos humanos que derivan de la Carta Magna”, precisó.
De ahí que es indispensable considerar a las redes sociales como un recurso democrático, puesto a disposición de toda la población, dijo.
Y al ser un principio democrático, y ser su operación y normas una cuestión de orden público, es inevitable que la manifestación de las ideas, a través de estas herramientas tecnológicas, sean reguladas de manera clara, con el fin de proteger este principio y los derechos humanos correspondientes.
“Seguramente pronto daremos el debate y actuaremos en consecuencia”, concluyó.
El tema para las empresas, según lo han planteado en otros países, es que son justamente empresas privadas y no se puede hablar de derecho a la información porque ellas son apenas una herramienta de comunicación.
Es cómo pretender regular los límites del derecho a la expresión e información en Telmex o Telcel, o en otras de este tipo.
Si estas empresas encuentran que algunas de sus cuentas sirven por ejemplo para actos terroristas, o para promover una insurrección, las pueden bloquear.
Otra vertiente del las redes sociales es que las cuentas y chats no sólo se usan para mensajes de persona a persona, o de funcionario e instituciones o gobiernos a ciudadanos, sino para transacciones comerciales o para redes bancarias.
Si Facebook o Twitter o cualquiera de este tipo han sentido amenazas sobre su operación, ellos han reaccionado advirtiendo que podrían retirarse de ese peís, lo que provocaría un desastre social, económico y de otros órdenes.
Además, sería difícil controlarlas porque sus oficinas operativas y sus servidores se encuentran en otros países.
Habrá que ver si Monreal tiene una formula para sortear estos temas y otros que sin duda surgirían de pretender regular a estos gigantes.
Como les digo, hasta hoy ningún país o gobernante ha podido hacerlo.
OTRA PROPUESTA
El inicio de todos los períodos legislativos, son escenario para la presentación de nuevas iniciativas. Una nueva Ley será planteada a partir de hoy por Monreal para proteger e impulsar las producciones cinematográficas.
Autor de la misma, el zacatecano considera que es urgente implementar en México mecanismos eficaces que conserven, protejan e impulsen, la producción, distribución, comercialización y la exhibición de contenidos nacionales en materia cinematográfica y audiovisual.
Por ello esta iniciativa buscará garantizarle a las audiencias nacionales una oferta cinematográfica que luego pueda ser relanzada internacionalmente.
La nueva legislación, dice, fomentaría los estímulos e incentivos fiscales a las personas físicas o morales que promuevan la producción o distribución de obras audiovisuales.
En fin, una buena noticia para el sector cinematográfico, que ha sido duramente golpeado por la pandemia.
