Ciudad de México, México.– Los Lineamientos en contra de la violencia política contra las mujeres en razón de género aprobados por el INE el 28 de octubre de 2020, constituyen un instrumento jurídico para garantizar que las personas condenadas por los delitos de violencia política, violencia familiar, violencia sexual o por incumplimiento de obligaciones alimentarias no puedan acceder a un cargo de elección popular, al no tener un modo honesto de vivir y, por tanto, no tener las cualidades que se requieren para ocupar espacios de decisión que inciden en la vida de la población, señala un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El documento titulado “No más personas agresoras de mujeres en el poder: Lineamientos del INE contra la violencia de género en el proceso electoral 2020-2021”, elaborado por la investigadora Lorena Vázquez Correa, destaca que entre estos lineamientos se encuentra la obligación de los partidos políticos de verificar que las personas aspirantes no se encuentren en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, previo al registro de candidaturas.
Otra disposición relevante exige a los partidos que cada persona aspirante a una candidatura firme un formato en el que declare que no ha sido condenada por actos de violencia familiar o doméstica, delitos sexuales o por incumplir con sus obligaciones alimentarias, en lo que se conoce como la “3 de 3 contra la violencia política de género”.
Además, los Lineamientos del INE establecen que las mujeres deberán contar al menos con 40 por ciento del financiamiento público de las campañas e igual acceso a los tiempos de radio y televisión, a fin de que compitan en igualdad de condiciones que sus homólogos hombres en candidaturas equiparables.
El documento del IBD sostiene que los lineamientos emitidos por la autoridad electoral configuran las vías jurídicas para defender el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en ambientes libres de violencias, al protegerlas no solamente de cuestiones políticas, sino de otros tipos de violencia como la sexual, de género y económica.
De este modo, señala la investigación, se elevará el estándar ético de la arena política al romper el pacto patriarcal de impunidad que sistemáticamente protege a las personas agresoras de mujeres.
Lo anterior, coloca a México frente a un nuevo paradigma del reparto del poder público y constituye un avance en la construcción de un nuevo pacto social que parte de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ambientes libres de violencia, concluye el documento del IBD.
El estudio completo se puede consultar en la siguiente página: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5098
