Ciudad de México, México.— La nueva Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, que abroga la Ley General de Protección Civil, garantiza los recursos para la atención inmediata y oportuna de la población en situación de emergencia y/o desastre, dijo la diputada federal Nancy Claudia Reséndiz Hernández, presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres.
Asimismo, sostuvo, pretende generar una cultura de prevención ante el impacto de fenómenos naturales y combatir la corrupción, a fin de colocar al país a la altura de los estándares internacionales en materia de protección civil.
“Es falso, como lo han estado difundiendo algunos actores, que se está dejando desprotegida a la población y los distintos ordenes gobiernos con la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden). Se mantendrán los apoyos que preveían estos fideicomisos”, subrayó.
En entrevista, vía la plataforma digital Zoom, recordó que este nuevo ordenamiento jurídico fue aprobado, después de un año y siete meses de trabajo, el 3 de diciembre de 2020 por el Pleno de la Cámara de Diputados.
“La aprobación de esta ley es resultado del compromiso de la Comisión de dotar al Estado Mexicano de un ordenamiento jurídico acorde al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, convenio suscrito por México en 2015, y con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011”, comentó.
Reséndiz Hernández insistió en que esta nueva ley garantizará los derechos de las personas afectadas por un desastre a causa de una amenaza natural, pues define programas de gestión integral del riesgo de desastres y protección civil para apoyar a los gobiernos y a la población en situaciones de emergencia.
“Establece los mecanismos presupuestarios de financiamiento y cofinanciamiento con los que cuenta el Gobierno Federal para apoyar a las instancias públicas federales, entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, y a la población en general en las acciones de prevención y reducción de riesgos y de reconstrucción”, detalló.
Además, para respaldar la ejecución de proyectos y acciones derivadas de la gestión integral del riesgo de desastres para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida, la salud de la población y a la continuidad de la actividad económica, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de una amenaza natural.
La diputada del PES enfatizó que también se estipula el procedimiento que los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y de las demarcaciones territoriales deben seguir para poder acceder a dichos recursos.
“Lo anterior muestra con hechos concretos de la Comisión de Protección Civil que las personas afectadas por un desastre a causa de una amenaza natural no se verán impedidas a recibir ayuda o que los gobiernos estatales, municipales y de demarcación territorial no podrán accedan a recursos para poder rehabilitar su infraestructura pública”, apuntó.
Resaltó que este año se logró aprobar poco más de 8 mil millones de pesos para la atención de emergencias, desastres y emprender acciones en materia de prevención.
La diputada añadió que esta nueva ley garantiza la transparencia que exige la Auditoría Superior de la Federación en materia de los donativos de particulares para la ayuda a damnificados y establece un plazo de 180 días después de publicado el Reglamento de la ley para que las secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana publiquen los lineamientos para la recepción, administración, control y distribución de estos donativos.
“Es falso, como algunos actores lo han difundido, que los recursos de los donativos se vayan a la Tesorería de la Federación, sin tener certeza del monto donado y su aplicación”, asentó.
En la nueva ley se incorporan programas de reconstrucción como un instrumento de la gestión integral del riesgo de desastres y protección civil, para implementar las acciones tendientes a reestablecer condiciones aceptables y sustentables de vida, mediante la realización de obras de mitigación, reconstrucción, rehabilitación de infraestructura, bienes y servicios destruidos o interrumpidos en un área afectada.
De esta manera se busca promover la reactivación del desarrollo económico y social de la comunidad damnificada bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes de la ocurrencia del desastre causado por una amenaza natural.
Los retos del 2021
La diputada del PES señaló que el próximo año, al quedar un periodo ordinario de la LXIV Legislatura, la Comisión de Protección Civil se ha planteado como objetivos prioritarios dos temas:
Acompañar a la Comisión de Gobernación del Senado de la República para impulsar la aprobación de la minuta de la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, a la brevedad posible.
Asimismo, convocar en los próximos meses, al 2º Foro Nacional Permanente de Legisladores en materia de Protección Civil a fin de que las legislaturas locales puedan iniciar los trabajos de armonización de su marco normativo en materia de protección civil.
De manera adicional, comentó, se estarán dictaminando las proposiciones con punto de acuerdo que presenten los diputados durante el periodo de sesiones.
En ese sentido, Reséndiz Hernández resaltó que en el transcurso del 2020 se aprobaron por consenso 25 puntos de acuerdo, los cuales, en su gran mayoría, exhortaban a la Coordinación Nacional del Protección Civil a la emisión y publicación de las declaratorias de emergencia y de desastre.
Por ejemplo, el exhorto a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad para la elaboración de un estudio geológico para el Cañón del Sumidero en Chiapas, concluyó.
