Ciudad de México, México.– El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas refrendaron su compromiso con la inclusión y colaboración para que en las próximas elecciones se evite, combata y sancione la violencia política contra las mujeres en razón de género.
La Consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No discriminación del INE afirmó que las autoridades electorales tienen un gran reto por delante en materia de paridad.
“Llegamos a 2020 en condiciones muy complicadas, en condiciones de pandemia, donde se ha elevado la violencia doméstica, donde se han cuadruplicado las labores del hogar, también para las mujeres, donde quizá tienen niños en casa o personas grandes a su cuidado y pues será importante generar las condiciones para que las mujeres acudan a inscribirse y a postularse a candidaturas y que lo hagan en contextos libres de violencia”, dijo.
Durante su participación en el Cuarto Conversatorio en línea “Mujeres al poder libres de violencia política en razón de género. Chiapas 2021”, señaló que, en los comicios de 2021, se elegirán 21 mil 368 cargos de elección popular y de ellos, 10 mil 684 tendrán que ser ocupados por mujeres, es decir, 16 por ciento más cargos que en 2018, con un padrón cercano a los 95 millones de ciudadanos que acudirán a las urnas.
“El reto es hacer una implementación exitosa de las reformas, que ninguna mujer violentada en el país se quede sin ser atendida, se le otorguen las medidas cautelares adecuadas y de protección”, señaló.
La Consejera Humphrey añadió que para combatir este tipo de violencia es necesario generar condiciones adecuadas para la denuncia y que la gente que violenta a las mujeres sepa que ahora sí pasan cosas.
“Sí pasan, que se puede quedar sin una candidatura, sí pasa que pueden ser multados, sí pasa que puede ser expulsado de un partido político, sí pasa que puede estar en prisión por cometer violencia política contra las mujeres y creo que eso cambia de tajo las cosas”, sentenció.
Por su parte, al dar la bienvenida al panel del conversatorio integrado por Leticia Bonifaz Alfonzo, experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Dania Ravel Cuevas, Consejera del INE; María Sánchez Álvarez, presidenta de la Red de Mujeres Zoques y por Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Consejera del IEPC y presidenta de la Comisión Provisional de Género, Oswaldo Chacón Rojas Presidente del Organismo Público Local de Chiapas, subrayó que es fundamental conocer el avance y los alcances de las nuevas disposiciones en materia de paridad de género, para que la participación política de las mujeres se pueda realizar de manera plena.
“Ningún movimiento ha sido tan poderoso en términos políticos y sociales en los últimos 30 años como el feminismo y los avances logrados en México son incalculables como la garantía al principio de paridad, los espacios de representación política en los parlamentos y en otras arenas”.
Celebró las reformas a nivel local que permiten la participación política de las mujeres de forma libre, así como la tipificación y procedimientos sancionadores que hacen posible investigar y castigar la violencia política en contra de las mujeres.
De ahí que consideró que el reto pasa por difundir las reformas ya que no podrán materializarse si las posibles candidatas no las conocen, así como la armonización legislativa para no correr el riesgo de no brindarles la debida atención, para lo que es necesaria la colaboración interinstitucional.
Retos en la implementación legal de las reformas en materia de violencia política
La Consejera Dania Paola Ravel Cuevas señaló que “la violencia política contra las mujeres por razón de género constituye un gran obstáculo para que ellas contiendan en condiciones de igualdad” a pesar de la existencia de circunstancias paritarias para casi todos los cargos públicos.
Dijo que el entorno ha sido hostil y empeoró con el confinamiento generado por la crisis sanitaria del COVID-19, por lo que la ONU alertó de la pandemia en la sombra causada por la escalada de violencia contra las mujeres, dado el ínfimo acceso y disponibilidad de servicios de apoyo para combatir la violencia machista y “el ámbito político no ha estado ajeno a esta situación, lo que ha generado una subrepresentación de mujeres en cargos de elección popular o en posiciones estratégicas para la toma de decisiones”.
La Consejera Ravel consideró que uno de los primeros retos en la implementación de la reforma es cambiar la reproducción inercial de una conducta machista y desde el espacio institucional, se puede hacer sensibilizando, concientizando y visibilizando conductas que constituyen violencia simbólica usando un lenguaje sencillo.
“Gracias a la reforma legal, tenemos un procedimiento específico, tenemos una definición legal, tenemos sanciones concretas, tenemos medidas de reparación, medidas de protección y medidas cautelares específicas”, dijo, al mencionar algunos de los retos como la implementación de estos cambios legales.
Mujeres indígenas electas no gobiernan a plenitud
Por su parte, la Consejera del IEPC, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, resaltó que de los 43 municipios que cuentan con más de la mitad de población indígena, 24 de ellos son casi en su totalidad población indígena (más del 90%) y en estos espacios conviven el sistema de partidos políticos con los sistemas normativos indígenas, donde las decisiones, incluyendo las relacionadas con las candidaturas al ayuntamiento, se toman a través de asambleas comunitarias, en las que las mujeres no participan en igualdad de condiciones.
Explicó que en estos municipios los partidos políticos, en su conjunto, postulan un mayor número de mujeres en la cabeza de las planillas, pero generalmente el marido va como síndico.
En 2018, fueron electas 33 mujeres como presidentas municipales, 15 de ellas en municipios con alta población indígena. Estas mujeres no gobiernan con plenitud, porque es el síndico quien está a cargo, incluso dentro de los municipios lo reconocen como el presidente tradicional, agregó.
“El reto más grande es lograr un cambio en la cultura cívica, para que dentro de las comunidades indígenas se rompan los estereotipos de género que impiden que las mujeres sean consideradas en la toma de decisiones públicas y que puedan ejercer sus derechos político-electorales libres de violencia”, concluyó.
Usos y costumbres no puede ser razón para negar derechos
Durante su ponencia, Leticia Bonifaz, experta Independiente de la CEDAW resaltó que, lo más importante para una mujer, es que se sepa que habrá consecuencias para quienes insisten en que no pasa nada respecto de la violencia política contra las mujeres. Debe decirse que en las comunidades indígenas sigue la discriminación basada en los usos y costumbres.
Además -dijo- el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han reiterado que los usos y costumbres tienen validez, siempre y cuando no vulneren la dignidad humana, especialmente la de las mujeres.
“No se puede colocar a los usos y costumbres como razón para negar derechos”, aseveró.
Modificar patrones machistas y construir una nueva generación
En su intervención, la presidenta de la Red de Mujeres, María Sánchez, consideró que, en el tema de las mujeres indígenas, los liderazgos de los partidos políticos buscan candidaturas de hombres e incluso desprestigian a las mujeres o les señalan un currículum negativo para invisibilizarlas.
“Hace falta trabajar mucho es parte de la inclusión en los partidos políticos, porque ellos identifican a su militancia, sin embargo, tampoco están impulsando a las lideresas al interior de sus militancias, entonces creo que también ahí se debe trabajar mucho con los partidos políticos desde el Instituto para cambiar las brechas de desigualdad”.
Agregó que también será necesario trabajar con la sociedad en la violencia simbólica que constantemente utiliza la imagen de las mujeres para acarrear votos, pero no reconoce su aportación y “modificar los patrones machistas y construir una nueva generación donde hombres y mujeres podamos estar en igualdad de condiciones”.
Este conversatorio, celebrado el pasado 17 de diciembre, forma parte del Ciclo de Conversatorios en línea Desafío para el cumplimiento de la paridad de género y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género ante los procesos electorales.
