Ciudad de México, México.— El “austericidio” de la Cuarta Transformación amenaza con anular las recientes reformas legislativas que tantas expectativas generaron en la población para abatir la impunidad, debido a que no hay recursos para llevarlas a cabo, dijo la diputada priísta, Mariana Rodríguez Mier y Terán.
“Proponen metas que son imposibles de cumplir y están engañando a la ciudadanía al decir que las enmiendas a las leyes van a lograr resultados positivos, cuando ni siquiera consideran presupuesto para ponerlas en marcha”, advirtió en un comunicado.
La también secretaria de la Comisión de Justicia expuso que el Grupo Parlamentario del PRI siempre ha señalado que no se pueden avalar proyectos sin que sean respaldados por los presupuestos y las corridas financieras correspondientes, pues sólo así se puede evitar que éstos se conviertan en letra muerta.
Por ejemplo, dijo, hay reformas determinantes en materia de justicia penal o laboral, donde el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados deben necesariamente contratar personal, porque van a retomar el trabajo que hacían las juntas de conciliación; se requieren jueces y magistrados especializados; más instalaciones, infraestructura, entre otros y nada de esto se presupuestó.
Así como ocurre con el incremento en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, del artículo 19 constitucional, que exige más juzgados especializados; espacios en las cárceles, pues las personas en lugar de enfrentar el procedimiento, atendiendo al principio de presunción de inocencia, lo harán en prisión, y el Estado está obligado a respetar sus derechos humanos, apuntó.
“Cariño que no se refleja en la nómina no es cariño, si no se ponen presupuestos atrás de las acciones legislativas aprobadas, aunque digan que van a hacer más con menos, la terca realidad se impone, el exceso de austeridad le está haciendo mucho daño al país”, sentenció la legisladora.
Rodríguez Mier y Terán refrendó que existe el riesgo de mayor impunidad; que la actualización del marco jurídico se quede lamentablemente en un catálogo de buenos deseos, ya que las personas inculpadas podrán presentar amparos al argumentar que no están cumpliendo con la nueva legislación y la pregunta es: ¿en dónde va a quedar la justicia para las víctimas?, concluyó.
