ÍNDICE POLÍTICO
Por FRANCISCO RODRÍGUEZ
El equilibrio de poderes definido por Montesquieu, el Barón de Secondat, en El espíritu de las leyes sigue siendo la fórmula histórica de las democracias existentes. Para comprobarlo, el escritor clásico visitó las Américas en vida. Refrendó lo que siempre había pensado. Lo que fue el fundamento básico de todas las constituciones. Más allá no hay sino el vacío o del despotismo.
Dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Su fin supremo es satisfacer el interés público por encima de algún prurito individual, de favoritos… o familiares. En función de ello, nadie puede obtener ventajas que, en justicia, no le corresponden. Nadie tiene el morro de aplastar el interés colectivo, que es el supremo de la Nación. Tan difícil y tan fácil.
Es el verdadero motivo, el fundamento de la democracia. La ley pone por encima de todos los poderes establecidos el equilibrio, nacido de la interpretación de lo que siempre se buscó, el beneficio del pueblo. Nada ni nadie está por arriba de él. Pero el pueblo no interpreta la ley. Es mentira que a mano alzada se pueda definir la justicia.
Hay que acatar sus caprichos, si no…
Por eso la base del Estado de Derecho, afirmó Immanuel Kant, el Estado sólo puede hacer aquello que la ley le autoriza, mientras que el ciudadano sólo debe hacer lo que la ley no prohíbe. En los autoritarismos de siempre todavía asusta esa aplicación fundamental. Todo acto de autoridad debe estar apoyado sobre ley previa. No entienden que la autocracia se acabó hace siglos.
Tampoco que todos debemos sujetarnos a la vigencia de la ley. Es algo que no entra a las entendederas de los dictadores de pacotilla, porque su cabeza y su ambición totalitaria es más dura que una piedra de moler chile en molcajete. Amenazan con el diluvio si no se acatan sus caprichos, como en los tiempos medievales del oscurantismo.
No aceptan que la ley se encuentre por encima de sus caletres. La concepción formal del Estado de Derecho les causa sarpullido, la enfermedad pueril de los niños contrariados. No aceptan que haya algo más poderoso que sus chicharrones, que el poder descarnado, conferido y prestado en mala hora.
Meter reversa, recular en sus insensateces, les es inaceptable, aunque recapacitar y corregir sea de sabios, o tal vez por eso. Lo atribuyen a consejas del barrio nacidas del resentimiento a los pudientes de ocasión, aunque esté inscrito en las constituciones que juraron defender cuando engañaban al pueblo.
Todo lo tapan con la complicidad judicial
Por eso los agarran en Babia todos los tribunales del mundo y todas las corporaciones internacionales de investigación que cobren sus cuentas a cualquier mentecato ramplón, de los que aquí abundan entre los próceres de huarache. Ellos siguen atribuyéndolo a golpes bajos sin soporte.
Todo lo quieren tapar con la cobija de la amnesia o del descuido judicial y procuratorio. Cuando en todo el mundo se sabe que argumentar lo ñoño no es posible, sobre todo en un sistema jurídico tan regulado, al menos en el papel, como el mexicano. Pero no es posible tapar el sol con un dedo, ni fingir que se cumple con la ley.
El Estado de Derecho es un principio sin el cual la democracia y el desarrollo económico y social resultan imposibles de alcanzar. El constitucionalismo forma parte de un largo y doloroso proceso de racionalización del poder. Es tal, que su concepción rebasa todo privilegio y toda excepción que quiera aplicarse para encubrir a los malhechores.
El país, botín de mendaces, inútiles y rateros
La teoría de la no aplicación de la ley opera sólo en casos excepcionales. No debe afectar la obligación moral de obedecer la ley, algo que corresponde estrictamente al principio del contrato social de cooperación y al origen primigenio del Estado, lo que se llama en todo el mundo el juego justo. Sólo debe operar para contener los excesos del Estado contra los ciudadanos.
Sólo debe operar cuando la aplicación de la ley cruda y desnuda afecte más intereses jurídicos que aquéllos que debe proteger contra la voracidad y el desenfreno político. Pero los autócratas no lo entienden, sólo quieren entender cómo se justifica la tajada del león que los beneficie en sus truculencias.
Los principios de excepción no se hicieron para provocar la hipocresía ni el catatonismo del sistema. Mucho menos existen para que el país quede a nivel internacional como un botín de mendaces, rateros e inútiles. Encubridores y cómplices siguen desacreditando no sólo al sistema de justicia, sino a todos los ciudadanos. Una vergüenza de colección.
Ninguno se compromete a cumplir la ley
En esta materia, el gobierno modito Tepetitán es emblemático. No hay un solo expediente judicial, ni siquiera una somera indagatoria sobre el desenfreno de sus claques, de la voracidad con la que pretenden acabarse el país después de destruirlo. Mientras nadie les ponga el dedo en el ojo, tienen que agotar sus prebendas, tienen que reventar a gusto sus pasiones.
Desafortunadamente, todos los grupos arribistas de interés político que llegan a asumir el poder en México, desde que tenemos memoria, llegan a hacer gala en sus declaraciones públicas que su objetivo es combatir la corrupción y atraer a un lugar seguro la inversión nacional y extranjera para así fomentar el empleo y lograr la distribución del ingreso.
En un mecanismo de autodefensa ninguno llega a ofrecer y a cumplir que aplicará la ley a todo trance, que luchará por sentenciar a quien se oponga. Todos se desgarran las vestiduras, prometiendo arrasar con los errores y vicios del pasado. Pero ninguno hace profesión de fe política con el objetivo prioritario: aplicar sin más la legislación vigente.
Se hacen moños inventando todo tipo de ocurrencias al respecto, para confundir al respetable, pero hasta ahora, nadie se ha ceñido a lo que disponen en estricta justicia la Constitución y sus leyes reglamentarias.
Hacen creer que el pueblo interpreta la ley
Lo importante para toda comunidad es que ningún acto de poder quede ajeno a alguna forma de control, sea jurisdiccional o político. Si es previsible que la autoridad se exceda en sus funciones, siempre debe existir el medio institucional que repare las afectaciones.
Sí, es deseable que en ocasiones, cuando la autoridad no aplique la norma, porque aplicándola se ocasionen mayores perjuicios a las personas, debe existir también el órgano que valore y resuelve estas decisiones para que el árbitro no resulte arbitrario. Pero la condición inexcusable es siempre aplicar la ley, pésele a quién le pese.
Lo que es inaudito y mentiroso es que por encima de la ley se encuentre el pueblo, cuando el pueblo crea que es el que manda en ese momento. Ya no está el horno para bollos, ni para insensateces de ese tamaño, que nos están llevando al punto de no retorno.
Hacer realidad la ley, pero no a mano alzada
La ley es para todos. Empezando por las Felipas y los Píos, por los Romo y las Nahle, por los delincuentes de toda laya. Por aquellos narcotraficantes que han hecho un pacto de complicidad con el gobierno para asesinar a más de medio millón de ciudadanos que estorben en el trasiego.
Hasta aquí hemos llegado. Teniendo a favor la aplicación de la ley. Urge hacerla realidad, pero no a mano alzada, ni con subterfugios de consultas amañadas. Ni con aprobaciones de consultas pagadas, ni con mamarrachos de este vuelo.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: ¿Cómo van a respetar la ley si ni siquiera respetan las mínimas normas de convivencia social? Aplicar el laissez faire, laissez passer, dejar pasar, dejar hacer en el uso de medidas profilácticas ante la pandemia ha provocado el crecimiento geométrico del número de contagiados y fallecidos. No respetan al pueblo, menos van a respetar la legislación vigente.
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