Ciudad de México, México.— A fin de erradicar el uso de niños, niñas y adolescentes dentro de la delincuencia organizada, La diputada Lorena Villavicencio Ayala y el diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 28 y 148 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Con ello, se busca establecer las medidas conducentes para protección, supervivencia y reintegración a la sociedad de menores de edad vinculados con la delincuencia organizada hasta su mayoría de edad, apuntaron en un comunicado.
Villavicencio Ayala y Muñoz Ledo argumentan que el uso de niños, niñas y adolescentes para la delincuencia ha sido una práctica que desafortunadamente los grupos de criminales han visto como una oportunidad en el reclutamiento y entrenamiento de los menores dentro de sus operaciones delictivas.
En el documento, los legisladores refieren que, de acuerdo con expertos, las niñas y los niños son víctimas de secuestros o sus familias fueron extorsionados para obligarles a trabajar para delincuentes, algunos más se unieron por miedo o porque era su única alternativa de empleo, en el menor de los casos, los adolescentes deseaban unirse a las bandas.
El común denominador, señalan, es que son víctimas y victimarios que padecen los impactos del crimen organizado; en ese sentido, no es posible criminalizar a los niños, porque ellos son víctimas del sistema y del crimen. Aumentar sentencias o tenerles un trato distinto supondría una revictimización.
Dentro del proyecto legislativo se argumenta que niñas, niños y adolescentes constituyen un grupo humano en condiciones de vulnerabilidad que se enfrenta a condiciones de desigualdad y discriminación estructural.
Por ello, es preciso que se les considere como sujetos plenos de derecho que requieren de medidas específicas de protección distintas a las de los adultos para que puedan desarrollar plenamente sus capacidades.
Los legisladores federales de Morena exponen que una de las consecuencias más alarmantes del crimen organizado es el incremento de los homicidios en niños, niñas y adolescentes en los últimos años.
De acuerdo con el Informe alternativo sobre la situación de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en México, de la Red por los Derechos de la Infancia México, indicó que los efectos de la corrupción y la cooptación de las instancias de la administración pública por parte de los grupos del crimen organizado ha agravado la situación.
Entre los años 2000 y 2012, la tasa de muerte por homicidio en niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años pasó de 1.7 muertes por cada 100 mil habitantes a 4 muertes por cada 100 mil, es decir un aumento de 235 por ciento.
Asimismo, refirieron que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENAJUSP 2017), hay 6 mil 891 adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, en donde 82.2 por ciento de la población de adolescentes contaba con una medida de sanción.
A la par, la ENAJUSP reporta también medidas de sanción dictadas por delincuencia organizada, aunque solo representan 2.5 por ciento del total. A nivel nacional, el secuestro (34.9), seguido del acopio ilegal de armas (23.6), la venta de droga (17.4), homicidio (17.2), robo (14.7) y extorsión (1.4) fueron las actividades por las que se acusó a los adolescentes.
Los diputados de Morena fundamentaron que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se aplicará a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, y que sean competencia de la federación o de las entidades federativas, en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución.
Además, en la Ley se sostiene una serie de medidas para imponer una sanción a los mismos, sus derechos y otros; pero no se establece cómo es que se debe asegurar que el adolescente efectivamente se reintegre a la sociedad.
Finalmente, Villavicencio Ayala y Muñoz Ledo consideraron que los menores que han estado en contacto con el crimen organizado deben tener un especial cuidado respecto del resto de adolescentes, ya que de ninguna forma es lo mismo robar que ser secuestrado, ser obligado a secuestrar, a asesinar o a extorsionar.
