Ciudad de México, México.– La senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, en conjunto con la senadora del PT, Alejandra León Gastélum, denunció la falta de apoyo al campo bajacaliforniano, así como la discriminación por parte del fiscal general del estado, a una joven de 16 años sólo por traer tatuajes, además, de un posible caso de corrupción que involucra al actual secretario de Salud del estado.
Las legisladoras por Baja California ofrecieron una rueda de prensa en el Senado de la República, para subrayar las malas acciones de gobierno y posibles solicitudes de moches que se han presentado con funcionarios de la administración estatal, en el común acuerdo que para denunciar la corrupción no hay colores ni partidos.
“Voy a proponer que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera a resolver a la brevedad la demanda por fraude interpuesta por empresarios bajacalifornianos en contra de funcionarios que laboraban en el Instituto Médico del Seguro Social, entre los cuales se encuentra el actual secretario de Salud del estado de Baja California”, indicó la senadora Gina Cruz.
La senadora panista expuso que el 17 de agosto del año en curso, los dueños de la empresa Hemodiálisis del Noroeste, presentaron demanda ante la Fiscalía General de la República, donde se les acusa por el delito de fraude a dos ex funcionarios del IMSS, Miguel Ángel Ruvalcaba Molina y Alonso Oscar Pérez Rico, este último, actual secretario de Salud de Baja California.
Los demandantes acusan el presunto cobro de un moche de 61 mil 120 dólares, y no cumplir con una licitación a modo, que habría ofrecido entregar a una empresa de hemodiálisis, cuándo Pérez Rico se desempeñaba como jefe de prestaciones médicas en la delegación del IMSS, recordó.
Por su parte, el gobernador del estado, Jaime Bonilla, calificó el asunto como politiquerías y un ataque hacia su persona, respaldando así a su funcionario.
“Baja California está en una de las peores crisis de salud, no debemos permitir que la corrupción quede impune, se impregne y se normalice”, dijo.
Solicitará además que el secretario de Salud sea separado de su cargo mientras se realizan las investigaciones.
En el caso de Danna Reyes, la joven de 16 años de edad que fue brutalmente asesinada el pasado 22 de agosto en Mexicali, el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, no consideró que este homicidio calificara como feminicidio, indicó la legisladora.
La senadora recordó que Ruiz Hernández dijo: “Tristemente en Mexicali, la semana pasada, asesinaron a una niña de 16 años, pero la niña también traía tatuajes por todos lados”.
“Estos actos y omisiones graves son una muestra preocupante del muy lamentable tratamiento de un acto reprobable y condenable de violencia feminicida”, aseveró.
El señalamiento de que Danna tenía tatuajes y que esto podría haber sido causa de su homicidio, ocasionó una ola de indignación en la entidad, agregó.
A raíz de estas lamentables declaraciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado para no estigmatizar ni revictimizar a las víctimas de feminicidio, ya que el fiscal asoció ciertos aspectos accidentales del cuerpo de Danna con conductas delictivas, informó.
Por lo que el día de hoy, estoy proponiendo que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso e investigue a fondo el asesinato de Danna Reyes, y que a la vez se exhorte a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del de Baja California para que integre el expediente de denuncia contra el fiscal Juan Guillermo Ruiz Hernández por prácticas discriminatorias, reveló.
“Estaremos acompañando estas quejas, estaremos acompañando esta denuncia porque no es posible que, en estos tiempos, cuando se habla tanto de la defensa de la integridad de las mujeres, sea un fiscal general quien esté discriminando de alguna manera por tener y por portar tatuajes en su cuerpo”, agregó.
Gina Cruz expuso que los productores de Baja California, especialmente los del Valle de Mexicali están desesperados por la falta de soluciones, pero además por el desprecio que ha tenido el gobernador Jaime Bonilla a este tema, a tal grado que los productores han sido insultados y denostados por parte del secretario del campo, Héctor Haros.
Debe impulsarse desde el Gobierno del estado un convenio modificatorio en el tema de cartera vencida, toda vez que la actual modalidad resulta de imposible acceso para el productor, que le permita generar recursos económicos para cubrir el adeudo, explicó.
Además de adecuar las reglas de operación mediante la propuesta de que el 34 por ciento del adeudo como aportación del productor sea objeto de financiamiento durante un tiempo razonable, con la finalidad de cubrirlo totalmente, ilustró.
