TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto Vizcaíno
Las cifras sobre el grave estado que guarda la justicia mexicana, y la urgencia para transformarla con “un cambio profundo, requieren de un ajuste radical de las estructuras del Estado. Para que no se quede como una noble intención”, afirmó, advirtió Ricardo Monreal.
La situación de la administración e impartición de justicia no permite darle margen a la simulación, subrayó.
“No se trata de maquillar o disfrazar la realidad… ya no”, indicó a los más de 5,000 cibernautas que participaron ayer en el encuentro más grande, integral, del sistema de justicia que ha habido en México.
De frente a los más altos representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo y de los 32 estados del país, entre quienes estuvieron doña Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación y Julio Scherer Jr., consejero jurídico de la Presidencia; Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal, y Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.
Acompañado por el senador hidalguense Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, quien actuó como moderador del encuentro, el presidente de la Junta de Coordinación Política recordó a los participantes que desde 1994 se reconoció la enorme brecha que existe entre las demandas apremiantes de justicia de los ciudadanos, y la indiferencia de los órganos de procuración y administración de justicia.
Abatirla, terminar con esta distancia entre la sociedad y la garantía de sus derecho, es quizá el mayor reto que tenemos quienes enfrentamos una responsabilidad pública dentro del sistema de Justicia, afirmó el zacatecano.
“Desgraciadamente, los objetivos no se han cumplido. Y de ahí la necesidad de un debate técnico e informado, en coordinación entre los tres poderes y la sociedad para lograr rutas claras y eficaces”, precisó.
Por eso, afirmó, las reformas que hoy debemos realizar son de gran calado, y por su numeró:
La reforma orgánica al Poder Judicial de la Federación, instrumentada con una visión autocrítica por la propia judicatura, y avalada por el Ejecutivo federal, indicó, reconoce que los métodos de ingreso, adscripción, ratificación y permanencia en la carrera judicial exigen un profundo rediseño, de forma y fondo, que permita consolidar una judicatura ética, profesional, independiente e imparcial, sin distinción de fueros.
Aspiramos, por qué no, dijo, a alcanzar el grado de excelencia en el ingreso y la formación permanente la carrera judicial.
Contar, señaló, con juezas y jueces conscientes de la realidad criminal del país, y de los costos de la impunidad en la vida de las víctimas y en la sociedad, así como en la legitimidad de toda la judicatura.
Por ello se comprometió a presentar una iniciativa de reforma, que contenga la experiencia de la judicatura, y que posibilite la protección eficaz a juezas, jueces y a todos aquellos operadores de la materia penal, de ambos fueros, quienes, por sus funciones, se encuentren en situación de vulnerabilidad.
En forma coherente, precisa, Monreal observó que tampoco es posible seguir inertes, “contemplando que, día a día, en las salas de audiencia, la realidad nos revela las asimetrías en la formación y capacitación de los distintos operadores jurídicos; la redacción ambigua de la codificación, y la consecuencia no prevista, materializada en la impunidad originada por la puerta giratoria”.
Urgió a elaborar un código nacional penal único, dejando de una vez por todas de lado la dispersión de normas penales sustantivas estatales, producto de un exacerbado federalismo, y, así, abonar a que el Estado mexicano sea una unidad frente a la delincuencia, con todos los operadores, en todos los fueros, para recuperar la confianza de los ciudadanos en las autoridades encargadas de la operación del sistema penal.
Todo ello deberá contemplar, dijo, el uso de instrumentos legales que permitan operar con herramientas tecnológicas modernas, para cumplir su función en un mundo que, avanza a pasos acelerados sobre los rieles de las tecnologías de la información y de la comunicación.
DATOS DUROS
Los órganos de justicia locales y del Poder Judicial federal, de acuerdo con los censos citados, resolvieron durante el último año 2 millones 300 mil asuntos. De éstos: la mitad fueron resueltos por órganos federales, y la misma cantidad por los órganos locales.
No obstante, los poderes judiciales locales reciben anualmente alrededor de dos millones de asuntos nuevos. Es decir, se resuelven menos asuntos de los que se reciben.
De acuerdo con el INEGI, la cifra negra de delitos que no se denuncian o que no concluyen con averiguación previa o carpeta de investigación se mantuvo, entre 2012 y 2018, en prácticamente un 93 por ciento, lo cual se traduce en IMPUNIDAD quizá el mayor de los problemas de justicia en nuestro país, y un gran obstáculo para el desarrollo.
Se estima que en el 2018 se cometieron 33 millones de delitos en contra de 24.7 millones de víctimas de 18 años o más.
El costo para el país fue del 1.5 de su Producto Interno Bruto, lo que equivale a 286 mil millones de pesos (es decir, 783 millones diarios), para reforzar las medidas de prevención, o en daños y pérdidas ocasionados por tales actos delictivos.
“Ello muestra la percepción de la sociedad, que tiene poca confianza en las policías municipales, ministerios públicos, procuradurías estatales y personas encargadas de juzgar. El pueblo de México exige y merece una justicia de excelencia”, concluyó Monreal.
REFORMA SÍ, CONTRARREFORMA NO: FERNÁNDEZ
En su oportunidad, Mónica Fernández, presidenta del Senado, dejó en claro que la mayoría senatorial de Morena que encabeza Ricardo Monreal, va por un rediseño moderno del sistema de Justicia que no permitirá ningún paso atrás.
“No se admitirán regresiones en materia de derechos humanos ni transgresiones a la autonomía del Poder Judicial”, indicó.
Así, durante su participación en el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, la senadora tabasqueña dijo que en la reforma iniciada ayer, no habrá espacio para retrasar el castigo a delitos que se cometen contra las mujeres, como el caso del feminicidio.
Subrayó que se seguirá impulsando la perspectiva de género como una de las directrices de actuación de policías y ministerios públicos, así como uno de los criterios de las y los juzgadores.
Y aseguró que, con la mayor responsabilidad y ánimo constructivo, las propuestas elaboradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República y los gobernadores, así como todas las presentadas en el Senado serán enriquecidas, a partir de las iniciativas presentadas por legisladores y por las lecciones que han surgido en la pandemia en el ámbito de la justicia digital.
Respecto a las materias civil y familiar, recordó que el Congreso de la Unión tiene pendiente cumplir con la obligación de expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Opinó que la cirugía al sistema de justicia debe ser mayor, pero también inteligente, prudente y progresista.
En el Poder Legislativo, abundó, la reforma al sistema de justicia ya forma parte de la agenda del periodo de sesiones que iniciará el próximo primero de septiembre, por lo que pidió sumar esfuerzos para construir un sistema de justicia propio y un auténtico Estado de derecho.
Consideró que los desafíos que enfrentamos en materia de procuración de justicia no son menores, pero, hoy como nunca, existen las condiciones para acabar con la impunidad y hacer de México un país en el que las leyes por fin se cumplen en beneficio de la sociedad.
