Ciudad de México, México.— Es necesario modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, a fin de evitar actos de corrupción y transparentar los procesos de licitación y ejecución de obras, coincidieron en señalar los diputados morenista y sin partido, Ricardo Exsome Zapata y Carlos Alberto Morales Vázquez, respectivamente.
En ese sentido, al participar en el Diálogo con ingenieros “Hacia una reforma de Ley de Obras Públicas más competitiva”, respaldaron la iniciativa de reformas a esta ley, presentada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C.
Exsome Zapata, presidente de la Comisión de Infraestructura, subrayó que la reforma a esta legislación deber ser en coordinación con todos los involucrados, así como fortalecer la transparencia e impulsar la eliminación de aspectos corruptivos que han debilitado la libre competencia para el desarrollo de obras públicas.
Aseveró que no puede atender intereses particulares y debe ser justa tanto para las dependencias como para los contratistas.
Expuso que la propuesta de los ingenieros proyecta fortalecer la planeación de obras públicas, que se promuevan partidas específicas con porcentajes mínimos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la elaboración de estudios y proyectos.
Por ello, dijo, plantean la creación del Instituto de Planeación de Infraestructura, que se adopten las mejores prácticas internacionales y que haya avances tecnológicos para los procesos de licitación de obra pública, aprovechar el Registro Único de Contratistas para garantizar la experiencia y la certificación de empresas y su personal; asimismo, supervisar el cumplimiento de compromisos fiscales.
Promueve que las invitaciones de adjudicación directa de obras se aplique sólo cuando sea estrictamente necesario, tengan máxima publicidad; además, que haya incentivos a contratistas, mecanismos alternativos para la solución de controversias y que se cree el Consejo Consultivo para la Obra Pública, con el fin de que haya mayor transparencia en los procesos de licitación y armonizar la ley con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El diputado de Morena comentó que la Comisión que preside realizó foros, teniendo como ejes: combatir la corrupción, fortalecer la competitividad plural de las diversas empresas que se dedican a este sector, así como eficientar los procesos licitatorios y la ejecución de obras en el país.
Dijo que están a la espera de las observaciones de los distintos actores para perfeccionar la iniciativa y confió en que los próximos meses avance su proceso legislativo.
Morales Vázquez apuntó que tener mayor planeación de obras públicas, mayor transparencia y competitividad en este sector es una demanda añeja de los constructores, ingenieros y arquitectos.
Sostuvo que contar con un Instituto de Planeación con autonomía y personalidad jurídica propia será indispensable para el desarrollo de México, un país que se reinventa cada 3 o y 6 años.
“La falta de planeación ha llevado a realizar gastos excesivos en obras ferroviarias, aeroportuarias, carreteras que nos han rebasado en los presupuestos. Se ha rebasado ese 25% de ampliación que contempla la ley y se ha duplicado y hasta triplicado el presupuesto, lo que afecta a la economía del país. Se invierte poco y se gasta mal”, asentó.
En ese sentido, resaltó la necesidad de aplicar candados para evitar actos de corrupción y mejorar los procesos de licitación para dar mayor confiabilidad y contar con un registro ya sea único o sectorizado de contratistas, será de gran ayuda, por lo que confió en que sea aprobada esta reforma.
A su vez, el presidente del Colegio de Ingenieros de México, Luis Rojas Nieto, señaló que su propuesta de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas pretende atender de manera integral las necesidades a la calidad y eficiencia en la ejecución de obras públicas.
Subrayó que la obra pública constituye una de las tareas fundamentales del Estado, pues su desarrollo permite mejorar las comunicaciones, el intercambio de bienes y la provisión de servicios y es la base de la productividad de la economía al mismo tiempo que es una condición necesaria para mantener y fortalecer la soberanía de la nación, al contribuir a que la sociedad y el Estado desarrollen sus actividades.
“La cobertura y la calidad de la infraestructura son claros indicadores del grado de desarrollo que tiene un país. El propósito de su ampliación y mejoramiento no es solamente coincidir en el crecimiento del Producto Interno Bruto por actividad económica de una región determinada sino en la calidad de vida de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables y marginados en acceso a los servicios de salud y educación, en la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente y la seguridad”, finalizó.
