Ciudad de México, México.– Con el objetivo de continuar el análisis de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez (PT), realizó el tercer parlamento abierto en torno a esos ordenamientos legales.
A través de una plataforma digital se analizaron los temas: infracciones, sanciones y solución de controversias.
En su participación, el diputado Óscar González confió que en septiembre estará listo un marco jurídico más robusto para combatir la corrupción.
“El compromiso es que una vez terminando este parlamento se hagan las adecuaciones necesarias para que en septiembre tengamos un marco jurídico y normativa que garanticen el combate a la corrupción, porque es un eslabón importante en la cadena del funcionamiento del gobierno con la sociedad”.
Participación de diputadas y diputados
Al detallar las propuestas de modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) dijo que están encaminadas a brindar mayor seguridad jurídica para regular el procedimiento de contratación.
De la misma fracción parlamentaria, la legisladora Lidia García Anaya comentó que el objetivo es fortalecer la fiscalización, la transparencia y rendición de cuentas. Respecto de las adjudicaciones y evitar favorecer a algún particular propuso que, por lo menos, haya de manera previa dos procedimientos de licitación pública declarados desiertos.
La legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) expuso que las reformas tienen el fin de que los “testigos sociales” puedan estar en todas las licitaciones públicas, sin importar el monto, y fortalecer la imparcialidad con la que se manejan al aumentar a tres años el tiempo en que dejaron de ser servidores públicos y poder ser registrados en ese cargo.
La diputada Gloria Romero León (PAN) mencionó: “Nosotros no votamos a favor porque no podemos estar de acuerdo en ir contra la industria nacional; no podemos coincidir en que vayamos a comprar a otros países cuando muchos mexicanos después de esta crisis económica generada por la pandemia se han quedado sin trabajo”.
Planteamientos de expertos
César Chávez Flores, de la Confederación de Cámaras Industriales, dijo que presentaron un documento donde exponen cuál de las hipótesis de sanción están en la ley de adquisiciones, y se plantea el problema de constitucionalidad que, de no atenderse, generaría impunidad ante resoluciones adversas en tribunales.
Del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Josefina Román Vergara, comentó que en los artículos 59 y 70 se estima pertinente que se relacionen con el capítulo relativo a actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque hay que establecer congruencia.
Gustavo Santillana, de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, indicó que no se debe perder de vista que las adquisiciones son de medicamentos e insumos, “estamos hablando del derecho humano a la salud, por lo que es necesario se tenga la certeza de que se van a cumplir los requisitos de seguridad y eficacia que mandata la Ley General de Salud”.
De Transparencia Mexicana, Carla Crespo consideró que es necesario que se defina cuáles son los requisitos que deberán atender las unidades compradoras para que este supuesto que se acaba de incorporar en la ley sea procedente y también que se destine un responsable para su autorización y se determinen mecanismos de seguimiento a la ejecución de los contratos o convenios que se firmen.
Luis Manuel de Acha, experto independiente, señaló que hay empresas “fantasma” cuya vocación, más que evadir impuestos y desviar recursos públicos, es lavar dinero; también se utilizan para tráfico de armas y personas. Por ello, falta establecer una consecuencia en la ley en relación con este tema.
José Antonio Oloarte Atanasio, experto independiente, manifestó que la parte fiscal es importante, por lo que planteó: “A quien se le cancele una cuenta debe demostrar para qué es todo ese dinero, si es para pagar salarios, comprar inventarios y con eso se desinhibe la parte corruptora”.
También experto independiente, Víctor Manuel Pérez Martínez dijo que es rescatable que se haya volteado a ver este tema de las prácticas monopólicas absolutas, pero que si se revisa la iniciativa presentada podrían darse una idea de cómo regular un poco mejor o armonizar leyes.
Íñigo Solana Riverol, de la compañía Intel, dijo que hay que reconocer un esfuerzo por parte del gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública: el lanzamiento de este padrón de integridad empresarial, “es una herramienta fundamental para las empresas que quieran acceder y tengan la oportunidad de competir y participar en los procesos de licitación”.
En representación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad, Mónica Duhem, directora general de HearColors, consideró fundamental tomar en cuenta la Norma de Tecnología Accesible en el análisis de la reforma de ley de Adquisiciones. “Incluir esta norma será un motivador para las empresas que desarrollan productos de tecnología accesible”.
Alejandro Galván Llanes, del grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, propuso “armonizar los textos normativos haciendo una clara revisión entre la Ley General de Responsabilidades, de Adquisiciones y de Obras Públicas, y dejar en éstas la parte meramente contractual; evitar el choque de normas, así como ampliar la aplicación de sanciones”.
La presidenta del Colegio de Testigos Sociales AC, Mónica María del Rosario Barrera Rivera, puntualizó que la propuesta de sustituir la figura de “testigos sociales” por la de “representantes sociales” no es justa ni equitativa, por lo que “no la compartimos”. Sugirió la participación de un solo testigo social y no tres por cada procedimiento de contratación de obra pública.
De la Confederación de Cámaras Industriales, Sergio Huacuja Betancourt, propuso que las empresas acrediten contar con una política de integridad empresarial eficiente con anterioridad a la convocatoria respectiva, porque “no se vale”, añadió, inventar programas de integridad para cumplir con un requisito o exculparse de una eventual responsabilidad por un acto contrario a la legislación.
El presidente del Instituto Farmacéutico México, José Carlos Ferreyra, sugirió comprar medicamentos nacionales porque son más baratos y de mayor calidad; también garantizar que a los derechohabientes nunca se les exija un co-pago por altos precios en el exterior, garantizar el inventario, transparentar la investigación de mercados al asignar fallos, respetar los 18 meses de caducidad y no comprar saldos.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marco Romero, consideró que la propuesta de iniciativa debe ver con mayor agresividad la solución de controversias y salir del esquema conservador que priva en la Ley de Adquisiciones y en la de Obras Públicas, “porque las pérdidas en las contrataciones públicas las paga la sociedad”.
