Ciudad de México, México.– Por mayoría, la Cámara de Senadores avaló la minuta, enviada por la Cámara de Diputados, que genera la base legal para que México pueda acceder a mecanismos internacionales que le permitan adquirir en el extranjero bienes y servicios para el sector salud.
El proyecto de decreto adiciona un párrafo quinto al artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se aprobado, en lo general y en lo particular, con 56 votos en favor, 35 en contra y una abstención. Fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Al término de la votación, y a propuesta del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud, se guardó un minuto de silencio por las personas que han muerto en el país a causa de Covid-19.
Con esta reforma “queda exceptuada de la aplicación de esta Ley, la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten dependencias o entidades con organismos intergubernamentales internacionales”.
Dichas contrataciones se deberán hacer a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución Política.
El objetivo, de acuerdo a la minuta enviada por los diputados, es cumplir con el mandato constitucional de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y demás circunstancias pertinentes, en la adquisición de bienes y servicios para la salud, a través de organismos intergubernamentales internacionales.
Con este mecanismo, México podrá ampliar las posibilidades a su disposición para adquirir medicamentos y vacunas de alta calidad, a bajo costo. Ello, permitirá que el derecho a la salud sea una realidad mediante el acceso universal a servicios de salud y medicamentos gratuitos, con transparencia, eficiencia y calidad, se agrega.
Además, propiciará la adquisición de suministros de alta calidad a precios bajos, bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud y ante las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos de referencia de la región, se puntualiza en el texto de la colegisladora.
Al respecto, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, de la bancada de Morena, dijo que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la accesibilidad y la capacidad para sufragar medicamentos esenciales en países de desarrollo no ha mejorado. Denunció que algunos sectores tenían intereses económicos en la adquisición de estos insumos, razón por la que se oponen a esta reforma. “Se les acabó el negocio”, sentenció la legisladora.
La senadora de Acción Nacional, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, opinó que esta minuta “es una burla al proceso del Parlamento Abierto”, además, aseguró que no hay garantías de que se cumplan las licitaciones, si en el país no hay un proceso previo y bueno para realizarlas.
Del PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel expresó que la reforma burla las normas de transparencia y favorece la discrecionalidad, al contrario de lo que se alega como el combate a la corrupción. “Se hace una referencia abstracta a los principios constitucionales, por eso se ganará la contienda constitucional que vamos a plantear”, advirtió.
También en contra, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, advirtió que se trata de una reforma innecesaria e inconstitucional. Anticipó que su partido promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra de esta modificación.
La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT, consideró que con esta reforma se camina en el cumplimiento de dos compromisos sociales: el mejoramiento del sistema de salud y la erradicación de la corrupción, cuyos tentáculos también contaminaron los servicios de salud.
Del PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez señaló que la propuesta viola la ley, pues la Constitución establece que las adquisiciones del Estado deben realizarse mediante licitaciones públicas. El legislador consideró que comprar medicamentos fuera del país, a buen precio, está bien, sin embargo, indicó que esto puede dañar a la industria farmacéutica nacional.
La senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del PRI, advirtió que su grupo votaría en contra porque la reforma afecta a la industria farmacéutica nacional y el empleo de miles de trabajadores; atenta contra instrumentos internacionales y leyes reglamentarias que protegen nuestra economía, porque estará ausente el estudio de mercado: “¿Dónde está la transparencia que tanto mencionan? ¿Sólo quieren un cheque en blanco para que el gobierno compre medicinas en el extranjero?”, cuestionó.
A favor, el senador José Ramón Enríquez Herrera, de Morena, consideró que de manera urgente se debe dotar al gobierno federal de instrumentos y mecanismos suficientes para alcanzar una atención médica de calidad e infraestructura hospitalaria suficiente, y esto -dijo- debe ser más allá de colores partidistas, porque se trata de seres humanos en riesgo. “Hay que ponerle rostro humano a la legislación para salvar vidas”, señaló.
Su compañero de bancada, Rubén Rocha Moya, señaló que la adquisición con organismos intergubernamentales internacionales es una cuarta opción para las adquisiciones, pues ya se cuenta con la licitación, adjudicación directa y la invitación al menos a tres oferentes. La reforma cuenta con un criterio de constitucionalidad fuerte, y no viola la Constitución.
El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza Longoria, aseguró que la propuesta es un error, un abuso y un engaño, porque abre una puerta a corrupción, opacidad y discrecionalidad. Agregó que no es una reforma necesaria, ya que las adquisiciones de insumos médicos tanto a nivel nacional, como internacional se tienen previstas en mecanismos jurídicos. Consideró que se favorecerá a instancias internacionales y no a empresarios mexicanos.
Las propuestas de reserva presentadas por senadores de Morena, PAN y PRI fueron rechazadas por la mayoría de la Asamblea.
