Ciudad de México, México.— La desaparición de fideicomisos públicos provocará daños irreversibles en el desarrollo de la ciencia y la tecnología; “se despojará de fondos a universidades, institutos de educación superior y centros públicos de investigación”, dijo la diputada priísta, Ana Lilia Herrera Anzaldo.
“El Gobierno Federal no ha justificado, con argumentos sólidos, la desaparición de los fideicomisos y pretende apropiarse de los recursos con la simple sospecha o acusación, sin sustento, de malos manejos”, externó en un comunicado la integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
“Eso es ignorar los mecanismos de control que ya existen y si requieren fortalecerse, los legisladores podemos hacerlo sin sacrificar más presupuesto a estas instituciones”.
El pasado 2 de abril, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que ordena la extinción y cancelación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica; posteriormente, Morena presentó una iniciativa para eliminar 44 fideicomisos creados por mandato legal.
La legisladora por el Estado de México destacó que “gracias a estos fondos, las instituciones tienen flexibilidad presupuestal para resolver problemas de corto y mediano plazo, proyectos multianuales y responder a emergencias”.
“Frente a las voces que denuncian políticas erráticas y decisiones precipitadas en perjuicio del desarrollo de la ciencia y la tecnología, únicamente la dirección del Conacyt -a cargo de una científica-, se muestra conforme con la desaparición de decenas de fondos a su cargo y la concentración de recursos en solo dos reservas”, señaló.
“El dinero que se recupere de los fideicomisos para ciencia y tecnología va a ser muy poco en comparación con las necesidades que tiene el país, pero el daño a este sector puede ser irreversible”, dijo Herrera Anzaldo.
“Por premura o falta de conocimiento, expuso, olvidaron tomar en cuenta que existen varios fondos que no maneja el Conacyt, que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México o al Instituto Politécnico Nacional y no se sabe qué va a pasar con ellos, cómo se les va a proteger y fortalecer”.
Apuntó que a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se han eliminado recursos indispensables a la innovación tecnológica, la infraestructura científica y tecnológica, al programa para el fomento regional de capacidades científicas, “y llegó el momento de que el Congreso de la Unión dé claridad y garantía a la asignación del presupuesto de nuestras instituciones y para que el Estado asigne cuando menos el 1% del PIB a ciencia y la tecnología”.
También, indicó Herrera Anzaldo, dentro de las decisiones erráticas que dañan al sector educativo, está la votación a favor de la mayoría parlamentaria de Morena para cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la economía digital, sin tomar en cuenta que lo que gravaron, fue la educación a distancia.
“El tema lo dejamos a la reflexión porque la Constitución y la Ley General de Educación establecen que la gratuidad de la educación pública está salvaguardada, y el Estado es responsable de fomentar las diversas opciones educativas, incluyendo la educación abierta que aprovecha las plataformas digitales, la televisión educativa, las tecnologías de información y de comunicación”, concluyó.
