Ciudad de México, México.— La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el Ejecutivo Federal en su acuerdo del 11 de mayo de 2020, que saca a las fuerzas armadas a la calle para llevar a cabo funciones de seguridad pública, incumple con criterios de la carta magna. Recordó que en mayo de 2019, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas acordaron por unanimidad reformar la Constitución para establecer un nuevo régimen jurídico que permitiera al Estado mexicano resolver la crisis de seguridad pública.
Con esas enmiendas, se creó un nuevo cuerpo policial, la Guardia Nacional, como una institución de carácter civil, disciplinado y profesional. Su misión es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, sin embargo, observa algunos incumplimientos constitucionales.
Por ello, en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 233 párrafo 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados para cumplir mi deber de respetar y hacer respetar las decisiones legislativas de la Cámara de Diputados, la legisladora añadió:
“La controversia expone las razones por las cuales estimo que el acuerdo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación.
“En particular, preocupa que el acuerdo contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad pública a las autoridades civiles al establecer que el Secretario de Seguridad Pública debe “coordinarse” con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
“Asimismo, a pesar de que el principio de fiscalización es claro en exigir que el control de las fuerzas armadas que desempeñen tareas de seguridad pública debe ser llevada a cabo por “órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”, el acuerdo deja la supervisión y control de las tareas de las fuerzas armadas a los órganos internos de control de la dependencia correspondiente”.
La legisladora aclaró que el propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad.
La presidenta de la Mesa Directiva recordó que durante más de una década las fuerzas armadas han protegido al pueblo en todo el territorio nacional, sin contar con un marco jurídico que le dé certidumbre y protección.
Además, “expreso mi más amplio agradecimiento y reconocimiento por esa labor. Quiero enfatizar que el propósito de esta controversia, así como de otras acciones legislativas que propondré en breve, buscan generar el marco jurídico que merecen y necesitan para alcanzar el fin último de un México con paz y seguridad”.
