Ciudad de México, México.– La Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de
Investigación Criminal, determinó que no se trata de espionaje, por lo que no hay razón para desconfianzas, y mucho menos acusaciones infundadas.
De acuerdo a la indagatoria de la FGR, los tres micrófonos hallados en los plafones de la sala de juntas de Acción Nacional, más otros 58, y de acuerdo a testimonios de personal técnico y administrativo, jamás se utilizaron.
El pasado 5 de marzo el Pleno del Senado de la República discutía acerca de un reconocimiento al doctor Jesús Kumate por su trayectoria como secretario de Salud. No había oposición, todos estaban de acuerdo con la condecoración.
La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, entonces dio la palabra al líder blanquiazul Mauricio Kuri quien exaltado, denunciaba que su grupo parlamentario era espiado, pues personal administrativo del PAN había encontrado micrófonos en los techos de sus oficinas.
Hubo caos en el Pleno y las acusaciones no se hicieron esperar.
La senadora Fernández en su calidad de presidenta, ordenó la pronta intervención de la Fiscalía General de la República para que se hiciera presente en el recinto senatorial e iniciara de inmediato las pesquisas correspondientes.
Tres meses se llevó la investigación de la instancia judicial, que determinó que los micrófonos son parte del mobiliario del Senado, y están colocados desde el año 2012, a conocimiento de quienes entonces integraban la fracción del PAN, que además era el grupo mayoritario.
Durante este tiempo, la Mesa Directiva del Senado dio todas las facilidades y ofreció las pruebas que la Fiscalía solicitaba.
Es importante señalar que los tres micrófonos hallados en los plafones de la sala de juntas de Acción Nacional, más otros 58, y de acuerdo a testimonios de personal técnico y administrativo, jamás se utilizaron.
Las oficinas que ocupa el Partido Acción Nacional en la actual sede senatorial, han sido las mismas desde que se entregó el inmueble.
Finalmente, la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de
Investigación Criminal, determinó que no se trata de espionaje, por lo que no hay razón para desconfianzas, y mucho menos acusaciones infundadas.
