Análisis a Fondo
Y donde lloran está en muerto, dijo Gaby
Se mide la pobreza; por qué no medir la riqueza
Por Francisco Gómez Maza
La propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no es ninguna idea despreciable.
Ahora el INEGI mide la pobreza y la desigualdad se ve con los sentidos. Es excelente idea tener conocimiento de la concentración de la riqueza en las muy pocas manos en las que está concentrada. Es justo, equitativo y saludable.
Esta preocupación comienzan ya a resentirla capitalistas renombrados no de México, sino de los grandes centros internacionales donde habita y cohabita el gran capital.
Este escribidor está de acuerdo con la propuesta.
Es justo revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, además de vigilar la concentración de “poder” que tienen algunas empresas.
Gracias a esa concentración de riqueza hay, a contrario sensu, una escandalosa masificación de la pobreza, la pobreza extrema, la miseria y la indigencia. Y esta desigualdad no puede continuar en esta historia, a reserva de que, en cualquier momento, haya un estallido social de grandes proporciones, que no conduciría más que al vacío.
La propuesta, presentada por el CEN del partido en el gobierno, consta de cinco propuestas realmente. Y fue elaborada por economistas, politicólogos y especialistas en ciencias sociales.
El INEGI “debe tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza. Existen miles de millones de dólares, que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. También hay, como dije antes, miles de millones de dólares inoficiosos, engordando en los mercados financiero, bursátiles, bancarios, que no producen más que dinero inútil, mientras no se crean fuentes de trabajo para esos millones de personas que militan en la pobreza.
Medir la pobreza en México es un gran avance. Pero es, yo lo creo así, tan importante como ello, medir la desigualdad y la concentración de la riqueza. Y satisfacer esta demanda es muy urgente, no para hacer pobres a los muy ricos, sino para buscar un equilibrio relativo mediante las inversiones en empresas que creen puestos de trabajo remunerados justamente, con salarios equitativos y que le permitan a la persona humana y a su familia vivir dignamente, obvio que sin los inútiles lujos de los detentadores del capital.
La propuesta es muy interesante. (Imagino que la van a cuestionar las personas a los que, aunque les guste algo, no pueden dejar de maldecirlo sólo porque viene de Morena. El “Estado de Bienestar” en México es sólo materia de las aulas de economía y sociología, o del modus vivendi de quienes detentan el capital o tienen pingües ingresos por su trabajo. Pero, como concepto y propósito, debe quedar plasmado en la Constitución de la República, lo que tendría que integrar los programas “que aseguren derechos” para todos los ciudadanos.
Es necesario, en segundo lugar, medir la concentración de riqueza a través del INEGI, mismo que deberá “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas” a través del acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria.
En ese sentido, el grupo de expertos morenistas o contratados por Morena, propone una medición similar a la medición de la pobreza y reportar resultados cada dos años.
En tercer lugar, deberá de aplicarse, como se aplica en el sistema estadounidense, “la progresividad fiscal” a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de dióxido de carbono y los daños a la salud. La progresividad fiscal, de acuerdo con la iniciativa, debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos deben contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar.
También propone integrar un Consejo Fiscal que mida y evalúe la calidad de ingresos y los gastos del Estado Mexicano, además de informar si éstos contribuyen a reducir la desigualdad entre regiones. Y finalmente, habrá que fortalecer a la llamada Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para vigilar la “concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios básicos”.
La COFECE tendría que exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la afectación a mexicanos y las regiones por la forma en que las empresas operan en cada mercado.
Obviamente, naturalmente que esta propuesta no gusta a los barones del dinero. Inmediatamente, Gustavo de Hoyos Walther, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo y muy explicablemente: “¡Uff!”
