Análisis a Fondo
La SCJN declaró que deberá entregar el poder el 31 de octubre de 2021
El Congreso Local, al ampliar el periodo, violó la Constitución federal
Por Francisco Gómez Maza
Pues el caso de la ampliación del mandato del gobierno de Jaime Bonilla, en Baja California, fue zanjado este lunes 11 de mayo, dos horas y media después del mediodía, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le devolvió la legalidad democrática a los bajacalifornianos.
Los 11 votos de la Corte declararon inválida la ley Bonilla, que extendía de 2 a 5 años el mandato del gobernador morenista, ya que el Congreso de Baja California violó la Constitución federal con la reforma a su Carta Magna local.
La Constitución local ordenaba que, por única vez, habría un periodo de gobierno de dos años (para empatar las elecciones con las federales), por el que contendió Bonilla, pero el congreso local reformó la constitución estatal para que Bonilla extendiera su mandato a 5 años. El mismo ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, consideró que la Ley Bonilla configuraba un escandaloso fraude constitucional.
Los ministros del Pleno coincidieron en que la reforma a la Constitución de Baja California transgredía la Carta Magna federal y el proceso electoral, mediante el cual Jaime Bonilla resultó electo como gobernador del estado.
Ahora, por mandato del tribunal supremo, el gobierno de Bonilla tiene que disponer de 4 meses para ajustar al periodo de mandato de Bonilla, que deberá terminar el 31 de octubre de 2021.
Y es que la reforma del mandato aprobada por el Congreso local de Baja California entrañaba una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio de democracia. Fue un atropello al voto ciudadano, acusó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La Corte declaró que el gobernador de Baja California deberá con esta determinación permanecer en el cargo hasta el 31 de octubre de 2021.
Las violaciones en que incurrió el Congreso de Baja California con la llamada “ley Bonilla” configuraron un “gran fraude constitucional”, dijo Arturo Zaldívar. Durante la discusión sobre las impugnaciones contra la ampliación del mandato, el ministro Zaldívar afirmó que con esta modificación se violaron las formas y la esencia de lo establecido en la Constitución federal. Por ello, se pronunció a favor de la propuesta del ministro Fernando Franco González Salas para invalidar la reforma a la Constitución de Baja California.
El Congreso de Baja California, con 21 votos a favor, había aprobado la modificación constitucional para ampliar, de dos a cinco años, el periodo de Jaime Bonilla. En sesión extraordinaria, realizada en lo oscurito, de noche, se discutió la propuesta del legislador morenista, Víctor Morán, que fue avalada con el apoyo de los diputados de Morena y de la mayoría de los del Partido Acción Nacional (PAN), con excepción de Miguel Antonio Osuna Millán.
Con la aprobación, se reformó el artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California. Como se recordará, los periodos de gobierno se acortaron en 2014, con el propósito de empatar las elecciones estatales con las federales.
El dirigente nacional panista, Marko Cortés, expresó su rechazo a la aprobación de la reforma y la consideró ilegal. Señaló, además, que serían expulsados los diputados del PAN que votaron a favor de la medida, y que se presentarían recursos constitucionales. En los comicios del 2 de junio del año pasado, Bonilla Valdez, candidato de Morena, obtuvo la gubernatura bajacaliforniana con 53 por ciento de los votos, mientras que su partido ganó también los cinco municipios y las 17 diputaciones del estado.
Se impuso así la justicia constitucional con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se restituyó el orden constitucional.
