TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto Vizcaíno
Pues sí, como ya es casi costumbre en esta Legislatura, el martes ya noche Ricardo Monreal líder de la mayoría de Morena en el Senado volvió a ganar la mano al lograr que los panistas, segunda fuerza en esa cámara, depusieran sus exigencias de realizar sesiones virtuales y en cambio adelantar la clausura del período en curso e ir luego a períodos extraordinarios para sacar adelante quizá unas 14 reformas pendientes, esenciales para la 4t de Andrés Manuel López Obrador.
Si mi abuela viviera seguro lo llamaría El Gato, porque siempre cae parado y con sus 7 vidas intocadas.
Monreal logra así alejar a los 128 senadores del riesgo de ser afectados por el coronavirus al no tener que acudir a plenos donde todos están codo a codo, y garantiza un proceso más ordenado para sacar adelante las reformas y nombramientos pendientes.
Pero sobre todo no expone a miles de trabajadores y visitantes que acuden normalmente al Senado en tiempos de sesiones.
Imagínense ustedes si algún senador cae enfermo o muerto por esta pandemia… o un trabajador o visitante. Sería La Nota para los medios, pero un tache para sus coordinadores que no lograron ponerse de acuerdo para evitarlo. El primero sin duda Monreal.
Y para lograr lo logrado, el zacatecano se tuvo que aplicar el martes anterior en una contienda casi cuerpo a cuerpo, llamando y conversando con casi todos los 127 otros senadores mientras iba de mesa en mesa con los otros coordinadores.
Y encima para sacar adelante la aprobación de la reforma del 4to constitucional para que los beneficios sociales del Gobierno de AMLO queden establecidos en la Constitución.
Eso también, hay que decirlo, lo logró.
Al respecto dijo que, independientemente del proyecto o ideología del gobierno, el Estado deberá garantizar los derechos sociales. Y que con la reforma al artículo 4 de la Constitución, aprobada el martes pasado por el Senado, se amplía el respeto a los derechos de las y los mexicanos en materia de bienestar.
Sin duda un nuevo motivo de agradecimiento de López Obrador desde Palacio para el zacatecano.
Con la reforma al Artículo cuarto Constitucional, dijo, el Senado da respuesta a un reclamo histórico de justicia de los ciudadanos más pobres y vulnerables del país.
Con esta aprobación se garantiza el derecho a programas sociales, acceso universal a la salud, apoyos a discapacitados y a estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública, así como a indígenas y adultos mayores de 65 años y más, indicó.
Ahora el Estado está obligado a garantizar esos derechos sociales, independientemente del proyecto o la ideología política que se encuentre en el gobierno.
GRUPO PLURAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PANDEMIA
Con lo de la suspensión del período y la reforma del cuarto constitucional resueltos, el Pleno del Senado pasó a la integración de una Comisión Plural de seguimiento de la pandemia del coronavirus en México.
La senadora Mónica Fernández, presidenta del Senado, indicó que el compromiso del Senado para enfrentar esta situación obliga a “hacer lo necesario para apoyar a las autoridades correspondientes”.
JUSTICIA CON EQUIDAD DE GÉNERO
Una vez diferidas las labores del Congreso, con Senado y Diputados en suspenso, las propuestas quedan igualmente pendientes pero no olvidadas.
Tal es el caso de la propuesta que presentará en cuanto se pueda Monreal al Pleno del Senado para que en la aplicación de la justicia haya equidad de género, es decir para que jueces y magistrados queden atentos a una reforma al artículo 17 de la Constitución que determine que las mujeres no reciban condenas más altas que los hombres por los mismos delitos, ni deban destinar hasta 50 por ciento más de sus recursos en su defensa.
Esta propuesta, que estaba enmarcada dentro del fuerte reclamo de las mujeres, previo a la aparición de la pandemia del coronavirus -que ha opacado esta lucha en México y en el mundo entero-, busca que los juzgadores que impartan justicia lo hagan con perspectiva de género.
Esto porque en la práctica diaria es ya común la violencia y a la discriminación que enfrentan las mujeres a lo largo del territorio nacional.
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría de Morena en esa cámara, en un estudio-diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México, las mujeres reciben condenas más altas por los mismos delitos.
Y es que la Red por la Ciudadanización de la Justicia, al analizar 110 sentencias provenientes de los poderes judiciales de ocho entidades federativas, encontró que es muy común que, en lugar de proteger, las abandonan, y en lugar de juzgar, discriminan a las mujeres; en lugar de garantizar derechos, toleran la violencia, especialmente contra las mujeres.
El estudio en manos de Monreal señala que el 85 por ciento de las resoluciones judiciales no consideraron cómo influyeron los estereotipos de género; en 80 por ciento de los casos, las personas analizaron las situaciones de violencia contra las mujeres de manera aislada y no como parte de una problemática social basada en la discriminación por motivos de género.
Además, en el 47 por ciento de los casos, las personas, juzgadoras no valoraron las situaciones de violencia, que se advertían de manera explícita en el relato de las mujeres.
Así la propuesta de Monreal pretende darle carácter permanente para dotarle de mayor contundencia y visibilidad a su cumplimiento, bajo los parámetros de los criterios existentes.
El zacatecano dice que la Suprema Corte de Justicia ha determinado como criterio la obligación de las y los impartidores de justicia de juzgar con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres.
Pero seguimos siendo testigos de casos de incumplimiento de este deber, como el de Abril Pérez, en el que se reclasificó la tentativa de feminicidio como violencia familiar y lesiones.
“Estamos hablando de un sistema que no garantiza el acceso pleno a la justicia de las mujeres y, en muchos casos, que las discrimina por el uso de estereotipos y prejuicios al juzgar debido a su género”, advierte.
UNA MÁS EN NECESARIA DEFENSA DE LAS MUJERES
Dentro de este contexto de reclamo de mayor equidad para las mujeres, senadoras del PES presentarán una propuesta de reforma al Código Penal Federal para tipificar y establecer penas que van de 2 a 8 años de prisión para quien exponga, sin consentimiento, comunicaciones privadas que revelen la intimidad sexual, erótica o corporal de las personas.
Aplicaría para todos, pero quienes más salen afectadas por esta práctica, son las mujeres.
Publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado viernes 20 de marzo, la propuesta firmada por las senadoras Elvia Marcela Mora Arellano, Katya Elizabeth Ávila Vázquez y Eunice Romo Molina destaca que a pesar de la Ley Olimpia -que es un conjunto de decretos que modifican a los códigos penales estatales para castigar este tipo de conductas- no es suficiente para contener el delito.
Indicaron que el marco legal actual “permite una protección incompleta a los derechos de las personas sobre su imagen corporal o sobre los datos que exhiben, mediante escritos o tecnologías multimedia, aspectos de su vida sexual, emocional, erótica y afectiva.
Las legisladoras refirieron que los movimientos feministas han mostrado que la industria del sexo se sirve de este tipo de lagunas para continuar con la explotación del cuerpo de las mujeres por diversos medios.
