Ciudad de México, México.— Mientras en toda la ciudad hay puntos de prostitución que controlan grupos de proxenetas y autoridades federales y locales, legisladores locales, sociedad civil y autoridades admiten que la trata de personas es una manera de esclavitud de la que ningún es inmune.
En el Congreso local capitalino se llevó a cabo el conversatorio “Lineamientos estratégicos para la instauración de un Estado sin Trata de Personas”, en el que legisladores, sociedad civil, autoridades capitalinas y representantes del clero, conocieron y analizaron ejemplos internacionales y locales para lograr la abolición de este tipo de esclavitud que consideraron ningún país se encuentra inmune.
En su oportunidad, el congresista Emmanuel Vargas Bernal, presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, afirmó que la trata de personas flagela la dignidad del género humano, y atrás de este delito existe un mercado de más de 150 millones de dólares anualmente, en el que se involucran dos millones de personas, de las cuales 80 por ciento son mujeres y 50 por ciento de ellas son menores de edad.
Reiteró que la I Legislatura del Congreso de la CDMX se mantiene comprometido no sólo con las víctimas de este delito, sino con todas las que se registran y que muestra de ello fue la creación de la Comisión que preside.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Leticia Varela Martínez, anunció la próxima realización de un convenio de protocolo entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y las líneas aéreas para poder hacer denuncias de casos de trata de personas que sean detectados en vuelos comerciales.
La diputada Elizabeth Guerrero Maya, señaló que es necesario no sólo realizar cambios legislativos en la materia, sino impulsar políticas públicas y de voluntades emanadas de la sociedad civil, es decir, conjuntar esfuerzos dará como resultado combatir este tipo de esclavitud que tanto daño ha hecho a las mexicanas.
Por su parte, la diputada Guadalupe Morales Rubio recordó que cuando fue jefa delegacional en Venustiano Carranza confirmó que no existe una sola persona que se prostituya por gusto, y al referirse a la sociedad civil les pidió compartir sus experiencias para que el Congreso local continúe dando apoyo no sólo a las víctimas, sino permanezca en esta búsqueda de soluciones para combatir el delito.
El diputado panista Héctor Barrera Marmolejo reconoció el trabajo y la lucha de la sociedad civil que desde sus trincheras atacan permanentemente un delito en el que se abusa y comercializa a niños y jóvenes, además criticó no haber incluido en la Ley de Cultura Cívica que no sólo los vecinos, también el Estado pudiera hacer una denuncia por prostitución o trata de personas.
Al presentar la ley integral de lucha contra la trata y el sistema prostitucional, Gregory Thery, coordinador de la Coalición por la Abolición de la Prostitución Internacional detalló que el gobierno francés reconoció la prostitución y trata como una forma de violencia de género, obstáculo a la igualdad y mercantilización del cuerpo humano, “esta ley que fue adoptada en Suecia, Noruega, Islandia, Canadá e Israel descriminaliza a las personas prostituidas y víctimas, sin embargo criminaliza la compra de sexo, el proxenetismo y los prostíbulos”, indicó.
Reiteró que la normatividad castiga específicamente a los compradores y los tratantes, y ofrece un programa de protección ambicioso a las víctimas que incluye apoyo y alternativas de educación, vivienda, trabajo digno, salud; además de programas de prevención en las escuelas.
Agregó que la trata existe sólo por una razón, es decir, debido a una demanda masculina, principalmente, de sexo pagado y que si esa demanda no existiera tampoco habría trata de personas.
En tanto, la presidenta de la Asociación Unidos Contra la Trata, Rosy Orozco, aseveró que el país está listo para tener un Estado libre de trata de personas, pues ya existen países que lo han logrado.
Afirmó que las personas víctimas de trata y prostitución son siete veces más propensas a tener pensamientos suicidas, consumen 4.5 veces más medicamentos antidepresivos y que casi un tercio ha considerado suicidarse en los últimos 12 meses, que el resto de la población, “¿quién de ustedes consideraría que la gente debería poder trabajar en esto? Es más peligroso que ser mineros”, alertó.
El obispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias de El Vaticano, afirmó que para el Papa Francisco, dicho delito es un crimen de lesa humanidad por lo tanto debe ser el Estado el que se ocupe de las víctimas de su jurisdicción, y para resolver el problema de las víctimas tienen que aportar soluciones concretas.
“Dando vueltas por el mundo, considero que desde el punto de vista de la ley del modelo mejor es el francés, y desde el punto de vista de la ayuda a las víctimas el mejor protocolo es el impulsado por Rosy Orozco, tras rescatar 300 víctimas, mismas que ahora son modelos virtuosos para la sociedad, quienes contribuyen al bien común de la sociedad”, dijo el clérigo.
Estuvieron presentes la diputada Yuriri Ayala Zúñiga; el representante del Poder Judicial de la CDMX, el Juez Prudencio González Tenorio; el represente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Salvador Cruz; la directora jurídica de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Daniela Aguirre; la representante del Consejo Ciudadano, Alondra Chávez y la presidenta de la Fundación Camino Casa, Ruth Gómez.
