Ciudad de México, México.– En el contexto de la desconfianza que predomina sobre los partidos políticos, la idea de quitarles dinero resulta tentadora, pero no deja de ser insuficiente para resolver las carencias de nuestra democracia o los muchos problemas que enfrenta el país, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “El financiamiento público de los partidos políticos desde una perspectiva de derechos humanos”, elaborada por Patricia Patiño Fierro, César Giles Navarro y Edgar Rivero Cob, explica que, en caso de reducirse a la mitad el presupuesto público federal de los partidos, en este 2020, se liberarían recursos por aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos, los cuales representan tan solo una décima parte del presupuesto que requeriría el recién creado INSABI para garantizar los servicios médicos gratuitos a las personas sin seguridad social.
La investigación apunta que, en las democracias constitucionales, los partidos no sólo deben ser considerados como figuras de intermediación entre el Estado y la sociedad civil, sino como órganos garantes de derechos.
En ese sentido, afirma que los partidos son figuras indispensables para el ejercicio los derechos políticos de la ciudadanía, de la misma manera en que un hospital es un elemento necesario para garantizar el derecho a salud o una escuela para asegurar el derecho a la educación de las personas.
Lo anterior no significa, en modo alguno, que los partidos políticos deban recibir dinero a manos llenas o que puedan usar discrecionalmente el financiamiento que reciben, aclara el estudio, sino que el ejercicio de estos recursos debe someterse a estrictos controles democráticos de racionalidad, transparencia y rendición de cuentas, aunados a una verificación permanente y escrupulosa del cumplimiento de sus funciones sociales e institucionales.
Además, un aspecto que no debe pasarse por alto es que la ciudadanía, con su voto, sigue teniendo el instrumento más poderoso para castigar o premiar a los partidos.
En cuanto a la propuesta de desaparecer por completo el financiamiento público, el estudio advierte que se correría el riesgo de convertir a las elecciones en subastas de los cargos de elección popular, abriendo la puerta para la captura del Estado por parte de intereses privados como las grandes corporaciones o el crimen organizado.
Adicionalmente, se deben tener en cuenta los probables efectos adversos de la reducción, como en el caso de los recursos previstos en la ley para la capacitación política de las mujeres, los cuales de por sí han sido insuficientes y, en no pocas ocasiones, utilizados por los partidos para otros fines.
Por otro lado, la investigación señala que valdría la pena incorporar criterios más cualitativos en este debate, como vincular el presupuesto de los partidos a las tasas de crecimiento económico del país, de reducción de la pobreza, de participación electoral o incluso de recaudación fiscal, a fin de dar incentivos para mejorar el funcionamiento del sistema de partidos y de las instituciones del Estado que conforman.
Finalmente, la investigación advierte sobre la necesidad de fortalecer el sistema de fiscalización en nuestro país, ya que de nada servirá disminuir el financiamiento público, si no se adoptan medidas para prevenir y sancionar el fondeo ilegal de partidos y campañas políticas.
