Ciudad de México, México.— Con el propósito de tener una legislación nacional en materia de ciberacoso, robo de información personal y espionaje en Intenet y marco legal de ciberseguridad, el diputado morenista, Javier Salinas Narváez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, impulsa una iniciativa de reforma constitucional en ciberseguridad.
En conferencia de prensa, indicó que su propuesta busca modificar la fracción XXIX-M al artículo 73 de la Carta Magna, y que fue presentada en comisiones para su análisis y dictaminación.
Salinas Narváez explicó que la reforma pretende establecer una legislación nacional en materia de ciberacoso, robo de información personal y espionaje en Internet, y un marco legal en materia de ciberseguridad nacional.
“Es importante trabajar y legislar en la materia para dotar de leyes que permitan enfrentar problemas sustanciales como el ciberacoso, ciberbullying, robo de datos, fraudes cibernéticos, acoso sexual y extorsión a las empresas mediante el secuestro, por ejemplo, de su contabilidad, y afectaciones a la Seguridad Nacional”, dijo.
Explicó que la ciberseguridad tiene que ver con que las instancias de seguridad nacional coordinen el esfuerzo de la protección de infraestructura del Estado para que se tenga la previsión, resguardo de bienes y servicio de la sociedad.
“La ciberseguridad es un esfuerzo que debe darse para proteger a la sociedad, en la que estarían involucradas instituciones importantes como la Guardia Nacional (GN), Ejército y Marina, entre otras, reforzando los mecanismos de prevención e investigación del delito”, agregó.
El diputado consideró que para regular el ciberespacio se deben proteger los derechos humanos, “eso es lo más importante porque se han dado casos de acoso a periodistas, políticos y empresas”.
Refirió que según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2004 había 12.8 millones de usuarios pasando en 2018 a 74.3 millones.
“Desafortunadamente este exponencial crecimiento no ha sido acompañado de políticas públicas que puedan proteger a la población, instituciones financieras, bienes y servicios, y la seguridad nacional que el Estado debería tener”, concluyó.
