Ciudad de México, México.— A fin de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas inimputables, sobre todo de quienes padecen trastornos mentales y del comportamiento, y que, al incurrir en algún delito, son acreedoras de medidas de seguridad que incluyen un tratamiento en centros especializados, el senador morenista, Ricardo Monreal propondrá modificaciones al Código Penal Federal.
En la iniciativa que presentará en próximos días, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, menciona que en el ámbito penal se debe establecer con claridad la condición de cada persona contemplada en la categoría de inimputables, y que quienes entran en ese rubro no son acreedores de penas, sino de medidas de seguridad.
Cita que para el año 2015, el número de personas inimputables recluidas en cárceles en la Ciudad de México ascendió a 605, de las cuales 538 eran hombres y 67 mujeres, lo que refleja que en una gran cantidad de casos los integrantes de este sector se encuentran en centros penitenciarios y no en una institución especial para su tratamiento.
Ante ese escenario, Ricardo Monreal propone establecer en el Código Penal Federal la obligación de que los operadores judiciales impongan medidas de seguridad y tratamiento para las personas con trastornos mentales y del comportamiento que incurran en algún tipo penal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 74 y 74 Bis de la Ley General de Salud.
Es decir, se dará atención integral a esta población con estricto apego a los derechos que, por su condición, les reconoce la legislación en salud.
El senador también busca que en el Código Penal se establezca expresamente que las personas inimputables, en general, no podrán ser recluidas en centros penitenciarios; por el contrario, deberán ser internadas en los centros especializados y adecuados para garantizar su recuperación.
Menciona que dentro del universo de las personas inimputables la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), diferencia entre los tipos de inimputabilidad: discapacidad general, discapacidad psicosocial, y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.
Pero subraya que su iniciativa está enfocada en aquellas personas con trastornos mentales y del comportamiento, quienes, al incurrir en algún tipo penal, son acreedoras de medidas de seguridad que en muchos casos son descontextualizadas y lo cual genera violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y una clara afectación a su salud.
Por tal motivo, afirma, es inaplazable emprender acciones legislativas para proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las personas inimputables por trastorno mental o del comportamiento y con ello armonizar el contenido de la legislación penal vigente con los compromisos internacionales del Estado mexicano.
