Ciudad de México, México.– El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que plantea elevar a rango legal la puesta en marcha y difusión de jornadas de canje y entrega voluntaria de armas de fuego.
La iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Primera.
Con esto, asegura el promovente, México podrá disminuir la inseguridad, las violaciones a derechos humanos y aumentar su percepción sobre su tranquilidad. “La entrega voluntaria es sinónimo de seguridad garantizada, atacando a las causas y no a las consecuencias”, sostiene.
El documento señala que desde hace más de 12 años el aumento de los delitos se ha incrementado de manera exponencial. Apunta que, según un estudio realizado por el Center of American Progress (CAP), 213 mil armas han sido transportadas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano en los últimos años.
Además, un estudio de Small Arms Survey confirma que en México hay alrededor de 16 millones 800 mil armas, de las cuales el 80 por ciento son ilícitas; con este porcentaje nuestro país se encuentra en la séptima posición de las naciones con mayor número de armas en el mundo.
El texto informa que desde el 2001, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con las demás autoridades de los órdenes de gobierno, implementaron el programa de canje de armas, cuyo objetivo es promover entre la población la entrega voluntaria de armas de fuego a cambio de incentivos económicos o artículos de uso doméstico.
Detalla que dicho programa busca disminuir los actos trágicos y violentos dentro del núcleo familiar o comunitario, y la captación y destrucción final del armamento obtenido. “La implementación de este programa es necesario para concientizar a la gente sobre el uso de las armas de fuego, los efectos de su impacto en una sociedad y las consecuencias que generan”, puntualiza.
Con esta iniciativa buscan dar certeza, permanencia y un marco legal a dicho programa, estableciendo dentro de la ley la facultad de la Sedena para implementarlo en todo el territorio nacional mediante dos jornadas anuales.
