Ciudad de México, México.— Ante cuestionamientos y protestas de la oposición en materia de derechos humanos, inseguridad, migración, salud y actuación de la Guardia Nacional contra migrantes centroamericanos, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, atendió 4 mil 778 expedientes entre noviembre del año pasado y el 21 de enero pasado, y emitió 52 medidas cautelares.
Los legisladores panistas se manifestaron en la tribuna cuando el senador Gustavo Madero hizo su posicionamiento en la tribuna, y a Porfirio Muñoz Ledo, diputado morenista, su misma fracción le negó la palabra para participar en la tribuna de la Permanente, en donde tenía la de participar de la Guardia Nacional en contra de los migrantes centroamericanos.
Al presentar su informe de labores 2019 ante el Pleno de la Comisión Permanente, afirmó que el modelo de derechos humanos implantados con la reforma constitucional de septiembre de 1999 está agotado y se debe crear algo mejor, por medio de la apertura y el diálogo permanente para lograr una reforma que exige comunicación directa con las víctimas y todas las contrapartes.
Resaltó la necesidad de armonizar la normativa de la CNDH con los principios constitucionales e internacionales, a fin de evitar todo tipo de discriminación. Además, apuntó, se buscará incidir en políticas públicas para armonizar leyes y reglamentación secundaria de todo el país.
“Estoy convencida de que se puede iniciar una etapa mejor para la protección y defensa de los derechos humanos. Estamos conscientes de la magnitud de la tarea”, recalcó.
Piedra Ibarra subrayó que desde su creación la CNDH ha sido débil, cuando no omisa, en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los mexicanos. “Se consideró que la comisión no debía asumir un papel activo en la garantía de la salud, la vivienda, educación o la cultura, pero es prioritario defender esos derechos”.
Señaló que por años se ha mantenido una baja emisión de recomendaciones, con inadecuada o insuficiente investigación de los casos, lo cual debe revertirse, además de promover comunicación directa y permanente con los colectivos comprometidos en la causa y las cámaras del Congreso, de manera que el resultado sea una CNDH más eficaz y fortalecida.
Precisó que en la actualidad se buscan los mecanismos para que haya un acercamiento de la CNDH y las víctimas, así como módulos a fin de dar plena accesibilidad, sobre todo en torno a la protección de las mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes y pueblos indígenas.
Parte importante de la violencia que vivimos, estimó, tiene origen en la desigualdad. Ello, indicó, ha dado lugar a que personas defensoras hayan sido atacadas.
Hay estudios que han demostrado que el presupuesto de la Comisión se incrementó desproporcionalmente desde su creación, lo que hizo de la oficina del ombudsperson la más costosa de América Latina, y con los resultados más decepcionantes y pobres.
Mencionó que no se necesita un inmenso aparato burocrático ni cuantiosos recursos, sino someterse a la Ley de Austeridad Republicana. Detalló que la propuesta conlleva un ahorro de 30 por ciento en las visitadurías y la Dirección General de Quejas. Además, es necesario fortalecer el Consejo Consultivo y potenciar su papel.
En su administración, afirmó, se venderán los autos blindados y de lujo y no habrá privilegios de cualquier índole. “A nuestra llegada se retabularon los sueldos de altos mandos; ahora nadie gana más que el salario presidencial, y se quitaron bonos, primas, ayudas, falsos estímulos, celulares, y se retiró una plaza de chef”.
Indicó que tampoco habrá gastos en eventos, viajes al extranjero, salvo los que redunden en el beneficio real para las víctimas. Queremos que la CNDH sea la más eficiente en su tarea, porque desde hace años se ha cuestionado su operación y gasto, y se ha planteado una reestructuración.
Añadió que hay que poner fin a los gastos onerosos, pero mejorar la capacidad preventiva de la CNDH en materia de atención a periodistas, tortura, desapariciones, violencia feminicida, migrantes, trata de personas y explotación de mujeres.
Sobre el caso de Ayotzinapa, expuso, los puntos recomendatorios no se pueden calificar en su estado o nivel de cumplimiento, porque la oficina especial de ese suceso determinó una forma diferente de clasificarlo, distinta a lo establecido por el reglamento interno de la CNDH. “Por eso tendremos que valorarla junto con los familiares de los desaparecidos y encontrar la mejor forma de avanzar a sus demandas”.
En su intervención, el senador emecista, Juan Zepeda Hernández cuestionó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se haya pronunciado ante los recientes hechos en materia de seguridad, salud y migración, en los que, dijo, se han violentado los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“El principal derecho fundamental del ser humano es la vida y no hemos escuchado una sola recomendación, un solo pronunciamiento de parte de la CNDH como garante y vigilante de que el gobierno haga cumplir ese derecho”, aseveró.
El legislador fijó la postura de su bancada durante la presentación del Informe Anual de Actividades 2019 de la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Lamentó que la ombudsperson no se haya pronunciado o emitido alguna recomendación respecto a las cifras que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que señalan al 2019 como el año más violento.
“Acabamos de vivir, atribuible ya a este gobierno, el año más triste de la época contemporánea para nuestro país con más de 35 mil asesinados a lo largo y ancho del territorio nacional, de los cuales poco más de mil son mujeres asesinadas por un tema de odio, que se tipifica como feminicidio”, precisó.
