TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto Vizcaíno
Así andan las cosas este enero en la cámara alta. La semana anterior los senadores encabezados por Ricardo Monreal y los otros coordinadores parlamentarios recibieron al Fiscal Alejandro Gertz Manero y a Julio Scherer Jr., asesor Jurídico de Andrés Manuel López Obrador quienes hicieron el papelazo de anunciar la entrega de iniciativas para ir a una gran reforma del sistema de justicia en México, que al final se esfumó más rápido que el más hábil escapista.
Haciendo gala de su experiencia legislativa, Monreal salvó el fracaso de la reforma nonata, sometiéndola al proceso de Parlamento Abierto, es decir a una consulta y participación ciudadana en el futuro incierto.
Desde entonces nadie sabe nada de las iniciativas de la reforma de justicia que se supone iban a provocar 9 reformas constitucionales y otras muchas a códigos y leyes.
Sin salir del todo del affaire de la reforma de justicia, que según ha trascendido tiene confrontados a personajes y sectores de la 4T -ni que decir que muy alarmados a los sectores de la oposición-, Ricardo Monreal pretende -según lo anunció ayer-, impulsar otra reforma polémica:
Esta, a la Ley del Amparo. O sea, de Guatemala a Guatepeor.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de los senadores de Morena, quiere reformar a la Ley de Amparo para que este recurso no detenga obras del gobierno.
El anuncio de Monreal va a provocar revueltas intelectuales y jurídicas, de grupos defensores de Derechos Humanos, y mucha controversia. Y falta ver si eso también pasa la aduana de la Suprema Corte porque podría derivar en una reforma anticonstitucional por aquello de que la reforma podría permitir la violación de los Derechos Humanos.
Algo muy sensible en México, un país donde impera la impunidad y donde los atropellos desde el poder han sido cosa común a lo largo de los años.
El zacatecano dice que su propósito es el de evitar que “obras públicas que representan un beneficio para la comunidad sean frenadas por amparos”.
Habría que recordar que Andrés Manuel López Obrador enfrentó miles de amparos en el inicio del aeropuerto de Santa Lucía, de la refinería de 2 Bocas y del Tren Maya.
En su malestar contra quienes interpusieron amparos en contra de esas obras, AMLO los llegó a acusar de “sabotaje legal”.
Y consideró incluso que acudir al amparo en México es “ya es un deporte nacional en contra de todas las obras que estamos haciendo”.
La obviedad indica que Monreal impulsará esta reforma para satisfacer al Presidente.
El asunto es que el juicio de amparo o Ley de amparo, es un medio de contención constitucional “contra actos de poder, que tiene por objetivo proteger los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución en los artículos 103 y 107, y su ley es reglamentaria, denominada la ley de amparo”.
El amparo se ejerce en contra de un acto arbitrario.
El Amparo en México es lo que el Hábeas Corpus es en Estados Unidos.
Una Ley que toca fuertemente a los ciudadanos y que allá va contra arrestos arbitrarios y que garantiza la libertad personal del individuo. El recurso del Habeas Corpus se aplica para impedir abusos por parte de las autoridades.
A ver si Monreal logra sacarlo adelante frente a una oposición que no está dispuesta a concederle nada y menos cuando todo advierte que es para “satisfacer al jefe”.
DERECHOS A DISCAPACITADOS
Metidos dentro de una dinámica de Derechos diferenciados para sectores especiales, la senadora priísta Claudia Edith Anaya Mota, presentó una iniciativa para garantizar que las personas con discapacidad ejerzan a plenitud y con garantía sus derechos políticos y electorales.
La legisladora, que sufre de una discapacidad, advierte que si bien los partidos políticos han reservado espacios para las mujeres, los indígenas y los jóvenes, no lo han hecho para las personas con discapacidad, cuando estos representan un sector históricamente discriminado en el ámbito político.
Recuerda que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en México desde el 3 de mayo de 2009, establece que “los Estados deberán garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de disponer de ellos en igualdad de condiciones con las demás”.
Así su iniciativa buscará avanzar en la armonización de dicha Convención, adoptando las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en México.
BONILLA VS EMPRESARIOS
En Baja California el fin de una larga etapa de gobernadores de Acción Nacional a uno de Morena no significó ni paz social, ni avance alguno ni desarrollo.
Resulta que el mandatario entrante, el empresario mexico-americano y senador con licencia Jaime Bonilla arribó en medio de la controversia de una reforma de media noche del Congres local, que pretende imponerlo 5 años y no solo 2 como lo señalaba una reforma anterior a la Constitución estatal.
Y apenas llegó al poder y la emprendió contra el sector empresarial con una reforma fiscal promovida a ultima hora del último día del año pasado.
Ante los reclamos por el albazo fiscal, Bonilla calificó a los empresarios locales de “puercos chillones”.
Hoy la confrontación entre los empresarios y el gobernador -quien se jacta de ser amigo de López Obrador-, amenaza en convertirse en un conflicto con el Gobierno Federal.
LA AUTORIDAD, OBLIGADA A ESCUCHAR: ERUVIEL
El exgobernador del Estado de México y senador Eruviel Ávila considera que si las autoridades de todos los niveles están obligadas por la Constitución a escuchar a la ciudadanía, y a garantizar el derecho de los mexicanos a exigir información sobre los asuntos públicos de su interés, el Senado debe garantizarles a los ciudadanos su ejercicio pleno .
Sobre todo si este derecho, dijo, está consagrado en el artículo octavo de la Constitución a fin de que la administración pública -desde lo municipal a la Presidencia de la República-, responda a los reclamos presentados por los ciudadanos.
El problema es, insistió, en que suele ocurrir que las autoridades tardan en responder porque no existe un plazo establecido para que se atiendan estas solicitudes.
Eruviel Ávila quiere impulsar una reforma para garantizar que las autoridades respondan oportuna, ágil o eficazmente en serio porque así se los mandate claramente el texto constitucional.
Por ello propuso a la Comisión Permanente reformar el artículo octavo de la Carta Magna para establecer un plazo máximo de 45 días naturales para que se brinde una respuesta puntual a una petición formulada.
“La falta de una respuesta oportuna frente a una petición, orilla a muchos ciudadanos a ampararse frente a esta situación, lo cual genera un cúmulo de demandas cuyo desahogo representa un costo en tiempo y recursos, además de contribuir a la saturación de los Tribunales de Justicia Administrativa”, subrayó.
