Ciudad de México, México.– La senadora Beatriz Paredes Rangel, el PRI, propuso establecer en la Constitución Política que la elección de la o el titular de la Presidencia de la República se efectúe con la mayoría absoluta de votos emitidos y, de no obtenerse dicha mayoría, habrá una segunda vuelta electoral en la que sólo participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios en la primera vuelta.
Sugirió que si ninguna candidatura obtiene la mayoría absoluta de la votación emitida, la Sala Superior del Tribunal Electoral hará la declaratoria correspondiente, la cual no admitirá recurso alguno y expedirá, en términos del artículo 81 Constitucional, la convocatoria a la segunda vuelta electoral, la cual se verificará el tercer domingo posterior a la publicación de aquella.
La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología presentó con ese propósito una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar los artículos 81, 84 y 99 del máximo ordenamiento de la nación.
La senadora Paredes Rangel argumentó que los sistemas electorales democráticos pretenden favorecer elecciones abundantes, o sea, reducir a su mínima expresión el abstencionismo, así como que los elegidos obtengan la mayoría de votos del total de los electores.
Esto último, señaló, es la mayoría absoluta, misma que no es fácil de lograr en un régimen multipartidista (aunque ocurre en los llamados sistemas de partido dominante o hegemónico), por lo cual se integró a los sistemas electorales el ballotage o segunda vuelta electoral, que asegura que el triunfo electoral sea necesariamente por mayoría absoluta y en la que sólo compiten los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones en la primera ronda.
“Es decir, en la democracia no se puede ni se debe aspirar a la unanimidad, salvo para la fundación del Estado, según Locke y Rousseau, pero a partir de allí, debe regir la norma de la mayoría, que ha sido la lucha en contra de los fundamentalismos autoritarios y elitistas”, indicó.
Agregó que los sistemas multipartidistas coinciden a menudo con gobiernos inestables, vistos normalmente como problemáticos. “La inestabilidad no conduce a buenos gobiernos y, por ello, se recurre a la segunda vuelta electoral en búsqueda de estabilidad, gobernabilidad y legitimidad”, acotó.
Sugirió que para asegurar la estabilidad -y con ello la paz- se debe transitar hacia un sistema de mayoría absoluta que, salvo excepciones como las vividas en las últimas elecciones presidenciales de nuestro país, difícilmente repetibles, “debe ir acompañado de segundas vueltas, que aun favoreciendo a los partidos más grandes, induce a la creación de alianzas para el logro de las mayorías absolutas de votos”, apuntó.
Expuso que la segunda vuelta electoral es propia de los regímenes multipartidistas en los que la segmentación del voto genera gobiernos de minoría, es decir, gobernantes elegidos por la minoría mayor, con su déficit de legitimidad y su alto riesgo de ingobernabilidad.
Se trata, dijo, de una institución de la democracia representativa que tiende a privilegiar el principio mayoritario, a moderar los efectos políticos del multipartidismo y a los de carácter social producidos por una sociedad muy segmentada.
Insistió, por tanto, que este mecanismo sea incorporado a nuestro sistema electoral, al asegurar que el presidencialismo funciona mejor si existe una alianza popular refrendada con el sugragio mayoritario; además, si se llama de nuevo a la ciudadanía para que, con reflexión y otros elementos de juicio, calibren con su voto la más alta investidura de la Nación.
La segunda vuelta electoral no debe fundarse en la escasa diferencia de sufragios entre los dos punteros, sino en la calidad representativa del elegido por mayoría absoluta de los votantes, porque si cualquier mayoría proporciona legitimidad, con más razón la mayoría absoluta es un factor de legitimación indiscutible del poder, tanto por su origen democrático como para la eficacia en el ejercicio de los cargos, afirmó la legisladora tlaxcalteca.
La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
