Ciudad de México, México.— El acoso sexual contra de las mujeres en los centros de trabajo es una modalidad de violencia y de discriminación en su contra que vulnera su derecho al trabajo, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad, aseguró la senadora petista la Nancy de la Sierra.
Por ello, para combatir la violencia de género en los centros laborales, la petista presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Al fundamentar la propuesta, explicó que se busca establecer la obligación a los centros de trabajo de contar con protocolos y mecanismos de prevención, los cuales deberán ser registrados ante la Secretaría del Trabajo y avalados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Asimismo, plantea que el Inmujeres emita los lineamientos y criterios mínimos para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual, con base en los estándares y mejores prácticas internacionales.
“Los protocolos de actuación son necesarios para establecer los instrumentos de prevención del acoso sexual y sus sanciones para prevengan y eliminen estas prácticas”, afirmó la legisladora.
En tribuna, relató que el acoso en los centros de trabajo es una modalidad de violencia y de discriminación en contra de las mujeres que vulnera su derecho al trabajo, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad.
“El hostigamiento sexual afecta principalmente al género femenino, aunque no exclusivamente; vulnerando a la persona en su desarrollo personal, físico, social, psicológico y moral; además de que se violentan sus derechos humanos, explicó la senadora petista.
Mientras que, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define el acoso como: “Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”.
Por ello, destacó que es necesario que el Estado mexicano intervenga para que se establezca la obligatoriedad de contar con estos protocolos que garanticen y protejan los derechos de las víctimas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictamen.
