Ciudad de México, México.— Hay que revertir la caída del presupuesto en materia de agua y medio ambiente, así como fortalecer las medidas destinadas a combatir el cambio climático, con la finalidad de implementar políticas públicas integrales que garanticen los derechos de acceso al agua potable y un medioambiente sano para la población, dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar.
“Desafortunadamente, nos encontramos ante un retroceso presupuestal en lo correspondiente a medio ambiente y agua. Los recursos han disminuido tanto en 2019 como en 2020, respecto al máximo histórico, registrado en 2018. Estas reducciones afectan tanto la capacidad operativa de las dependencias dedicadas a la gestión ambiental, como la realización de obras públicas indispensables para dotar de servicios básicos para la población”, señaló en un comunicado.
La atención al tema del medio ambiente responde no sólo a las necesidades urgentes del país, sino también a diversos compromisos internacionales, como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en el seno de las Naciones Unidas, o incluso al Acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Este acuerdo incluye un capítulo específico sobre el tema y considera a las políticas y prácticas medioambientales sostenibles como indispensables para contar con un comercio solidario y equitativo.
Por tal motivo, es necesario que “el gobierno mexicano juegue un papel más activo para cumplir con todos esos compromisos, sobre todo los acordados como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”.
El legislador recordó que durante la discusión del Paquete Económico 2020 se habían aprobado reformas en la Ley Federal de Derechos para establecer medidas que evitaran el dispendio de agua por parte de los grandes productores del campo, pero que fueron desechadas por el Senado, debido a presiones de una parte del sector empresarial, que desplegó una campaña de desinformación.
“La propuesta buscaba, por un lado, evitar el mal uso del agua, y por el otro, incrementar los recursos para fortalecer la infraestructura hidráulica del país. Creo que no debemos quitar el dedo del renglón, pues sería una reforma que beneficiaría directamente a la población”.
Ramírez Cuéllar destacó que la problemática reside no sólo en el monto de recursos asignado, sino también en el diseño de las políticas destinadas al sector medioambiental. “Por ejemplo, uno de los programas emblemáticos de la actual Administración, Sembrando Vida, brinda apoyos económicos y en especie a personas de escasos recursos para que siembren y cuiden 2.5 hectáreas de tierra. Sin embargo, no es administrado por una dependencia especializada en el sector, sino por la Secretaría del Bienestar, lo que, de alguna manera, puede limitar su efectividad”.
Cabe señalar que, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) opera Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, programa que busca proteger los ecosistemas forestales para contribuir a un desarrollo económico incluyente mediante la conservación y el manejo sustentable de los recursos forestales.
“La CONAFOR cuenta con un enfoque integral y especializado, cuenta con estudios de viabilidad y sustentabilidad agroforestal y productiva y establece vínculos con el mercado, con la finalidad de que los beneficiarios tengan proyectos productivos que les generen mayores ingresos. Creo que es necesario replantear el diseño de Sembrando Vida y vincularlo a las acciones de la CONAFOR, con el objeto de identificar sinergias, evitar duplicidades, y hacer más eficiente el uso de los recursos”, mencionó.
Ramírez Cuéllar mencionó que tal y como lo señala el recién publicado Informe sobre Desarrollo Humano 2019 de las Naciones Unidas, el cambio climático puede ser un elemento que profundice la desigualdad tanto entre diferentes países como al interior de una sociedad.
“Actualmente nos enfrentamos a un tipo de injusticias climáticas; es una situación en la que las personas que sufren los efectos adversos del cambio climático no necesariamente son los que contaminaron más. Los mayores emisores no sufren las consecuencias de sus actos. Si bien es cierto que el cambio climático afecta a toda la población, con frecuencia tiene efectos negativos más directos en algunos sectores vulnerables. Por ejemplo, los primeros en sufrir graves afectaciones por huracanes han sido países en desarrollo, que tienen una menor capacidad de adaptación a eventos climatológicos adversos”, manifestó.
El legislador reiteró que la caída del presupuesto para agua y medio ambiente es preocupante, pues los efectos negativos del cambio climático requieren destinar mayores recursos a los sectores educativo, laboral y de salud, entre otros.
“Algunos estudios indican que el cambio climático ha facilitado la propagación de peligrosas enfermedades, como malaria o dengue. Además, observamos sequías o afectaciones a la productividad del campo, lo cual afecta de manera directa la economía de los productores mexicanos”.
El diputado federal afirmó que se requiere aplicar de manera efectiva los recursos aprobados por la Cámara de Diputados en el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, mismos que ascienden a un monto de 55 mil 883 millones de pesos.
“Si bien es cierto que existe un incremento respecto a 2019, la asignación presupuestal no ha sido progresiva, considerando que el máximo histórico se alcanzó en 2018. Cabe señalar que la Cámara de Diputados agregó un artículo transitorio al Decreto de Presupuesto de Egresos, para estipular que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberán revisar la metodología del anexo transversal para incorporar nuevos elementos que permitan mejorar las asignaciones presupuestales enfocadas a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Indudablemente, esta revisión deberá tomar en cuenta lo señalado en el más reciente Informe de Desarrollo Humano”, destacó.
Ramírez Cuéllar concluyó que las diferentes comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados deberán verificar que el presupuesto se oriente a la protección ambiental, a la adaptación y mitigación al cambio climático, o incluso a la transición energética, previniendo subejercicios o simulaciones en su aplicación: “Nos encontramos ante la oportunidad de mejorar las prácticas de gestión ambiental, para verificar las prioridades del Estado mexicano. No podemos dejar desatendida la crisis del agua ni ignorar los efectos del cambio climático. La protección al medioambiente es esencial para el desarrollo y la calidad de vida de la población”.
