Ciudad de México, México.— Las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, deberían implantar una política pública en materia de regulación de casinos, con el objetivo de combatir el juego ilegal y eliminar las prácticas deshonestas con autoridades locales, como son la venta de permisos municipales y las excesivas cargas tributarias, propuso el diputado morenista, Ulises Murguía Soto.
Planteó que los permisos otorgados mediante la Dirección General de Juegos y Sorteos, sean por cada 500 mil habitantes y que en entidades donde haya menos población, sólo se permita un nuevo establecimiento.
Además, sugirió destinar una partida presupuestaria, con base en los recursos recaudados por concepto de impuestos y aprovechamientos a los juegos y sorteos, para prevenir, diagnosticar y dar tratamiento a las personas que sufren ludopatía.
En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Gobernación y Población, expuso que de acuerdo con la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México, AC (Aieja), en el segundo trimestre de 2019, se reconoció a 36 permisionarios y se autorizó más de 754 salas, de las cuales 374 están abiertas en 28 de las 32 entidades, concentrándose la mayoría en Baja California, Sonora y la Ciudad de México.
Con ese crecimiento, añadió, la industria de los juegos se ha colocado en la lupa del escrutinio nacional; sin embargo, este sector es un factor de desarrollo económico importante porque fomenta la oferta turística para el público nacional e internacional, por ejemplo, en 2017 se reportó un total de 3 millones de visitantes a casinos en México.
Además, es una fuente abundante de generación de empleos formales en la actualidad hay cerca de 50 mil empleos directos y más de 150 mil indirectos. Se estima que la industria aporta a las finanzas públicas una derrama por concepto de impuestos y aprovechamientos federales superior a los 4 mil 700 millones de pesos por año, mientras que en Estados Unidos deja 38 mil millones, lo que pone de relieve el potencial de crecimiento que hay en México.
Murguía Soto relató que la carga fiscal ha sido motivo de observaciones y reclamos por parte del sector de los juegos, pues hoy en día pagan 30 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además del 2 por ciento de aprovechamiento que se paga a la Secretaría de Gobernación y que canaliza a la Secretaría de Hacienda por los derechos que genera el permiso.
Aunado a ello, varios estados y municipios han creado nuevos impuestos para centros de apuestas que la mayor parte son desmesurados y propician la evasión parcial por parte del permisionario. “Gran parte del problema de las cargas tributarias locales se debe a la escasa legislación federal en materia de juegos y sorteos, y la que existe está obsoleta y anacrónica”.
Uno de los grandes retos que ha traído el crecimiento exponencial y desmedido de la apertura de casinos, afirmó, es la aparición de la ludopatía. “El problema es serio y debe atenderse responsable y oportunamente por el Estado, desde la prevención hasta la recuperación del adicto”.
De acuerdo con el Centro de Atención a la Ludopatía Integral, en México hay alrededor de 4 millones de jugadores, y estudios han verificado que el aumento en la cifra de personas que tiene este padecimiento está estrechamente relacionado con la proliferación de casinos y la falta de información.
En nuestro país, instituciones de educación superior identificaron el nivel de ludopatía y concluyeron que se está ante un panorama en el que un gran número de jóvenes están propensos a participar en juegos de apuestas y, en consecuencia, a padecer esta patología.
