Ciudad de México, México.– Legisladores locales y federales, funcionarios públicos y comerciantes coinciden en que uno de los retos más significativos para el Congreso de la Ciudad de México será normar y dignificar el comercio en el espacio público de la capital del país.
Durante el Encuentro del Comercio en la Vía Pública y del Trabajo No Asalariado de la Ciudad de México, realizado este martes en el Congreso local, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, diputado Nazario Norberto Sánchez, precisó que el encuentro tiene como objetivo iniciar el análisis de las dos primeras iniciativas ciudadanas presentadas en la CDMX, que buscan reconocer el derecho al trabajo no asalariado, dar certeza laboral a quienes ejercen el comercio en el espacio público, transparentar los recursos o pagos que se hagan a las autoridades competentes de los permisos que se otorguen, entre otros.
“Desde este Poder Legislativo queremos crear una legislación hecha en el marco de los derechos humanos, la no discriminación, la participación de los jóvenes, la participación de las autoridades del gobierno, el pago de derechos y demás temas que se vive día a día en este sector que hoy es reconocido desde nuestro máximo ordenamiento jurídico, es decir la Constitución local”, indicó.
Asimismo, se comprometió a generar un ordenamiento que evite que esta actividad sea moneda de cambio con terceros o de partidos políticos, dirigentes o líderes, y que a través de ella los comerciantes exijan respeto a sus derechos, además de establecer lineamientos claros y sólidos para que dicha actividad se realice de manera organizada, acabar con el derecho de piso, los privilegios y los subarriendos, y eliminar la persecución de la autoridad en contra de ellos.
Hacia una legislación incluyente
Por su parte, la diputada federal María de Jesús Rosete Sánchez afirmó que los legisladores locales tienen la oportunidad de aprobar una ley incluyente, exenta de discriminación, respetuosa de los derechos humanos de los trabajadores en el espacio público, además de comprender que el problema no sólo es de carácter contributivo, sino de bienestar social, de estabilidad y de crecimiento.
“Tienen material como para hacer un trabajo enriquecedor y dirigido a construir juntos el camino hacia la inclusión laboral y hacia la creación de un círculo virtuoso entre todos los actores del sistema productivo que incluyan al denominado sector informal, para que se formalice”, precisó.
Criticó que el asunto no haya sido tratado de forma integral y con perspectiva social por los gobiernos o parlamentos de nuestro país, sino que se limitó por muchos años al tema tributario y pago de tarifas, así como a programas de desalojo o reubicación, sin ir más allá del problema, que es el lado social y advirtió que mientras los trabajadores en el espacio público no sean reconocidos como actores legítimos, cualquier intento por regularizarlos es infructuoso porque, aunque son una realidad, en la ley no existen.
Garantizar los derechos de todos
En su oportunidad, la representante de la iniciativa ciudadana Chambeando Ando, Diana Sánchez Barrios, apuntó que la propuesta presentada busca que todas las personas que ejercen el comercio y cualquier actividad económica no asalariada en la vía pública tengan garantizados sus derechos, para que no puedan ser suspendidos ni restringidos por ninguna autoridad, salvo en los casos y términos en que la legislación lo establezca; además de la protección del derecho humano al trabajo.
“El beneficio de los derechos adquiridos de manera progresiva; el reconocimiento de la autorización del espacio de trabajo; el respeto irrestricto de los derechos colectivos y de libre asociación; y a la incorporación a programas de seguridad social, de salud, becas y créditos de vivienda que resulten procedentes.
“Nuestra iniciativa de ley es progresista, porque busca hacer efectivos los principios de una ciudad incluyente, democrática, solidaria, productiva, y sobre todo, de una ciudad de vanguardia respecto a otras grandes metrópolis, deseamos construir una democracia de calidad que establezca novedosos mecanismos para una distribución y socialización de la toma de decisiones social y políticamente significativas”, afirmó Sánchez Barrios.
Jóvenes deben sumarse a la discusión
La directora general del Instituto de la Juventud de la CDMX, Beatriz Adriana Olivares Pinal, hizo un llamado a los jóvenes a sumarse a las discusiones que se dan en torno al comercio en el espacio público y las iniciativas ciudadanas que se han presentado ante el Congreso de la CDMX, ya que para que éstas trasciendan es necesaria la opinión de todos.
Informó que muchos jóvenes de la capital trabajan en dicho sector y que mientras no sean escuchados no se lograrán los acuerdos indispensables para alcanzar una ley que deje de lado la criminalización y se avance en dignificar su labor.
A nombre de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Ramón Acosta, afirmó que plasmar en la ley secundaria la dignificación del comercio en el espacio público, además de normarlo, será una tarea titánica porque no existen antecedentes en el país.
Recalcó la necesidad de atender el tema y avanzar en su formalización, sin embargo subrayó que se deberá garantizar la movilidad de los peatones, evitar las obstrucciones de tomas de agua, gas, el cuidado del medio ambiente y salvaguardar las zonas de patrimonio cultural.
En representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la directora de área de la Quinta Visitaduría General, Claudia Paola Ávila Navarro, apuntó que en la ley secundaría debe verse reflejada la perspectiva de género, porque la mayoría de quienes ejercen el comercio en el espacio público son mujeres.
Asimismo, dijo que dicha normatividad representará un reto para el Congreso local, ya que deberá establecer claramente que el espacio público no es un punto de conflicto, sino de encuentro y convivencia.
También participaron la líder de comerciantes ambulantes de Iztapalapa, Aurora Melo Miranda, y Margarita Pérez Hernández, integrante del consejo promotor que elaboró la iniciativa de ley ciudadana que regule a los trabajadores no asalariados, a los prestadores por cuenta propia, a los comerciantes de la vía y espacio públicos, incluyendo a los locatarios de los mercados públicos.
