Ciudad de México, México.— Una magistrada federal, en el Estado de México fue suspendida seis meses por abuso en sus funciones al cambiar las actividades de personal adscrito a su cargo sin justificación alguna, uso indebido del vehículo oficial, así como coaccionar a una servidora pública para certificar hechos falsos y encubrir las acciones anteriores.
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió tomar esa medida con el compromiso del máximo tribunal del país en materia de abusos de poder: cero tolerancia. El deber de los órganos jurisdiccionales, y todas las y los trabajadores que laboran en ellos, es el de impartir justicia con ética, profesionalismo y autonomía.
El CJF aclaró que la legitimidad del Poder Judicial de la Federación está en la independencia con que se dictan las sentencias, pero también en la ética de las y los juzgadores federales. La justicia federal debe enaltecer estos valores y sancionar cualquier desviación a ellos en beneficio de la población. El bien colectivo, el de la gente, siempre debe prevalecer por encima de cualquier interés particular.
