Ciudad de México, México.— En 20 años de Prospera el número de personas en pobreza pasó de 48 millones al final del sexenio del presidente Zedillo a 53.4 millones al término de la gestión del presidente Peña Nieto con una disponibilidad de recursos por 434 mil 274 millones de pesos, aseguró la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González.
Al comparecer ante pleno de la Cámara de Diputados, la servidora pública dijo que “en esta administración se tiene la firme intención de eliminar el uso electoral de programas, y lo que nos distingue de otras es el compromiso de no lucrar con la pobreza. No se tolerará ninguna conducta inapropiada. De ser así se aplicarán las sanciones administrativas, electorales y/o penales conforme a las disposiciones legales”.
Presumió que “de 2018 a 2019 se han incorporado 3.2 millones de adultos mayores, lo que representa un incremento del 64 por ciento. La meta es llegar a 8.5 millones de personas en 2024, de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población, con un incremento anual de tres por ciento del presupuesto para el programa garantizamos la cobertura”.
Explicó que los programas sociales denominados Prospera y Comedores comunitarios desaparecieron porque no cumplían su objetivo. Añadió la que Prospera recibió 434 mil 274 millones de pesos, pero “tuvo escasos avances” en el combate a la pobreza.
Comentó que el número de personas en pobreza, al final del sexenio del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, era de 48 millones, sin embargo, al término de la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto aumentó a 53.4 millones.
En el caso de Comedores comunitarios, creados en el marco de la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, Albores González señaló que no cumplían con su objetivo de atender a la población con carencia de alimentos y/o con pobreza extrema alimentaria.
“De los 5 mil 474 comedores comunitarios que existían en 2018, la mayoría, más de 4 mil, estaban concentrados en cinco estados sin alto índice de carencia alimentaria y dejando a 27 estados prácticamente sin cobertura”, expuso.
“En 2016 la Auditoría Superior de la Federación señaló que el programa solo atendía el 8.2 por ciento de personas en condición de pobreza extrema alimentaria”, refirió.
La funcionaria agregó que los beneficiarios tenían que pagar una cuota de 10 pesos, lo cual cubría casi la totalidad del costo de los alimentos que era de 12.29 pesos por persona. “Entonces, eran 2.29 pesos lo que realmente se ejercía”.
Respecto a los recursos para el programa de pensiones para personas adultas mayores, aseguró que estarán garantizados para 2020 y serán del orden de 120 mil millones de pesos.
“Hasta el cuarto bimestre del 2019 tenemos a 8 millones 38 mil 228 personas adultas inscritas a este programa, lo que representa un 94 por ciento de la meta, y se han ejercido 91 mil 401 millones 300 mil 370 pesos”, comentó.
Explicó que los pagos son dispersados con ayuda del Banco de Bienestar, antes Bansefi, y se efectúan una vez que tienen registro de que la tarjeta ha sido entregada al beneficiario.
“En la Ciudad de México se están haciendo pagos retroactivos a los adultos mayores que ya estaban incorporados anteriormente a un padrón universal que fue trasladado a la Secretaría”, señaló.
“En caso de que los adultos mayores no hayan acudido a cobrar su pago en un periodo, se les reexpide y cobran dos bimestres en una sola exhibición”, abundó.
En cuanto a la actualización y depuración del padrón de beneficiarios por fallecimientos, dijo, hay dos estrategias:
“Por un lado, se hacen confrontas de los datos del Registro Nacional de la Población cada dos meses y de institutos de registro civil de los estados cada mes, a través de notificaciones a las delegaciones estatales de programas de desarrollo.
“Por otro lado, contamos con las notificaciones de familiares, ya que solicitan los pagos de marcha o del último pago en el que tienen derecho por ser beneficiarios de este programa”, finalizó.
Al responder a los cuestionamientos como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, Albores González aclaró que “en esta administración se tiene la firme intención de eliminar el uso electoral de programas, y lo que nos distingue de otras es el compromiso de no lucrar con la pobreza. No se tolerará ninguna conducta inapropiada. De ser así se aplicarán las sanciones administrativas, electorales y/o penales conforme a las disposiciones legales”.
Indicó que se han realizado acciones para prevenir, evitar y sancionar dicha situación, como la implementación del Programa de Blindaje Electoral, campañas de combate a la corrupción, proselitismo, derechos y obligaciones de los servidores públicos y de personas beneficiarias.
En los procesos electorales, añadió, se realizaron capacitaciones a servidoras y servidores públicos ubicados en los estados en los que se llevaron a cabo comicios en el mes de junio 2019. Además, se suscribió el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y las secretarías de la Función Pública y la de Bienestar, para evitar que los programas integrales de bienestar sean utilizados con fines político-electorales.
En su intervención, la diputada morenista, Leticia Arlett Aguilar Molina expresó que hoy los programas para el bienestar se han dirigido a la atención de las prioridades de quienes más lo necesitan y en México se requiere de mucho apoyo. “Esta política se lleva a cabo con perspectiva de género, etaria, territorial y étnica, así como un enfoque sostenible”.
Mencionó que la política de austeridad ha permitido importantes ahorros en beneficio de la sociedad y su desarrollo equitativo, así como algunas medidas en materia de justicia, como la figura de extinción de dominio, que permite destinar mayores recursos al bienestar de los más humildes y necesitados. “Esto nos da la certeza de que se está haciendo lo correcto. El combate a la corrupción, la honestidad y la transparencia se erigen como los pilares de la Cuarta Transformación”.
Luis Alberto Mendoza Acevedo, diputado panista, señaló que el nuevo enfoque social es completamente asistencialista, a través de programas que no generan capacidades para superar las condiciones de desigualdad y pobreza; se abocan a transferencias monetarias sin reglas de operación que aseguren que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. “Condenaremos siempre el uso político-electoral de los programas públicos y sociales”.
Indicó que a más de diez meses del nuevo gobierno, no se ha presentado un verdadero programa de política social que aporte certezas y diga cuáles son los objetivos, estrategias e indicadores. Preguntó qué metas existen para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida y el bienestar de los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, artesanos y todos aquellos que reciben apoyo a través de la secretaría, y qué acciones se emprenden en términos de transparencia, eficacia y rendición de cuentas.
La diputada priísta, Anilú Ingram Vallines aplaudió la ampliación de cobertura a los adultos mayores y personas con discapacidad, pero “dudamos de la eficacia de los demás programas, que sólo están enfocados en el ingreso, sacrificando la inversión en educación o en salud”. Añadió que únicamente se le ha apostado a la entrega de apoyos sin un diseño adecuado ni inversión a las áreas prioritarias, “no impactan el combate a la pobreza”.
Indicó que todos los recursos son limitados y, a pesar de ser la dependencia con el mayor presupuesto y contar con más de 150 mil millones de pesos este año y probablemente 173 mil en 2020, éstos se deben focalizar. “La complejidad del país exige la necesidad de hacer estrategias de acuerdo a la región, usos y costumbres, accesos de servicios, por lo que la universalidad puede ser un gran riesgo para que esta política ahora implementada sea eficaz y efectiva. Vamos a ofrecer nuestra experiencia para verificar que en el PEF 2020 se haya programado y presupuestado responsablemente”.
La diputada del PT, Ana Karina Rojo Pimentel, hizo un extrañamiento sobre el desproporcionado incremento de 10 mil millones de pesos que se solicita para el programa Sembrando Vida, siendo que su implementación y beneficios son muy amplios. Dijo que “no se puede caer en una práctica del pasado donde los padrones de beneficiarios se ocultan. Mucho menos redirigir mayores apoyos sin la duda de su implementación”.
Dijo que su partido apoya a este gobierno. Por eso, “necesitamos saber con mayor claridad las reglas de operación y lineamientos de los programas sociales, con la finalidad de trabajar para el pueblo. Estamos para apoyar y sacar adelante al país del desorden en que lo dejaron en años pasados”.
Juan Francisco Ramírez Salcido, diputado de MC, resaltó que uno de los mayores males son las prácticas corruptas que se han perpetuado durante los últimos años; sin embargo, dijo no coincidir con la eliminación de programas que han beneficiado a las familias mexicanas, como es el caso de los Comedores Comunitarios.
Pidió tener un informe oficial y detallado del reporte de corrupción que se alega había en el Programa de Estancias Infantiles; ¿por qué si había pruebas contundentes de los actos de corrupción, no hay registro o noticias de los castigados y los procesos que se supone deberían de iniciarles o cuándo se verá algún resultado referente?, y ¿cuáles son los mecanismos y líneas de acción a seguir por parte de la Secretaría, a fin de garantizar el derecho de los menores a una vida digna, a un sano desarrollo integral, a la educación, la protección de la salud, inclusión al juego y al sano esparcimiento?
Por el PES, la diputada Carolina García Aguilar indicó que aun cuando la Cuarta Transformación empezó a trabajar desde las cenizas, es necesario mostrar cambios en la implementación de los programas sociales para que se eviten juicios apresurados y malintencionados. Es fundamental mostrar evidencia sólida que respalde los aumentos presupuestales de los programas sociales, “núcleo de la política social del gobierno”.
Dijo estar a favor de austeridad y la nobleza de los programas sociales; sin embargo, “no podemos omitir los gastos no ejercidos, porque afecta directamente a la forma sencilla de vivir de muchas personas. Debemos acabar con la discrecionalidad y con todos los mecanismos que alimentan la boca de la corrupción. Tenemos que fortalecer el empleo formal con ingresos por encima de la línea de pobreza y la seguridad social que permita el acceso a la salud”.
Leticia Mariana Gómez Ordaz, diputada del PVEM, manifestó que el desarrollo del sector social es uno de los retos más importantes para esta y cualquier administración. Además, hablar de grupos vulnerables y no mencionar a las personas adultas mayores, dijo, sería uno de los más grandes desaciertos que se pudieran cometer. “El país experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 30 años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica”.
Preguntó ¿cuál es el estatus y porcentaje del pago del total de personas adultas mayores registradas en el padrón activo de beneficiarios?, ¿cuándo podrán recibir el pago y si será de manera retroactiva?, ¿a dónde pueden acudir los adultos que deseen ser parte del programa y que aún no han sido censados? ¿Qué medidas se tomarán para atender a esta población, dado el incremento poblacional de este sector previsto para los próximos años?
El diputado del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, señaló que el paradigma de la política social del actual gobierno se ha presentado en el discurso como la superación de las políticas asistenciales y clientelares que fueron sustentadas durante los gobiernos pasados. “Se ha dicho que esta política está basada en un enfoque de derechos; sin embargo, lo que se ha venido haciendo en materia de planeación, presupuestación e instrumentación, dista mucho de ser guiada por este enfoque, y la política resultante es la continuación de las anteriores”.
Sostuvo que hay una gran diferencia entre inclusión y asistencia, entre derechos y ayuda, entre ciudadanos y clientela. ¿Usted cree de verdad que la pobreza se resuelve repartiendo el dinero?, ¿qué acciones impulsará el gobierno para coadyuvar en el desarrollo de un sistema universal de acceso a la primera infancia para las niñas y los niños de México?, ¿qué hacer ante la desilusión de un adulto mayor que tiene una tarjeta en sus manos, pero que no tiene fondos?, ¿qué garantías se tienen de que no habrá uso electoral de los recursos públicos?
Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido, expresó que la sociedad no puede esperar que el Estado sólo pretenda reducir la pobreza a través de programas asistencialistas, donde se busca el clientelismo electoral. “Los programas deben mejorar y fortalecer la condición de bienestar de la población”.
Planteó conocer ¿cuántos fueron los procedimientos administrativos que se abrieron y qué sanciones se han impuesto por el tema de las guarderías?, ¿cómo se está planeando el programa Sembrando Vida?, ¿por qué designar un presupuesto exorbitante al programa de Becas Benito Juárez, en más de 30 mil millones de pesos, sin un padrón, sin control, sin meritocracia, promedios mínimos ni reglas de operación, y no designar parte de estos recursos al fortalecimiento del campo, infraestructura, turismo, empleo y seguridad?, ¿por qué no reorientar, regular y ordenar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro?
En respuesta, la secretaria María Luisa Albores González señaló que el bienestar no depende de una sola secretaría ni de un solo programa, sino de la acción coordinada e integral de todo el gobierno. “Eso tiene que ver con la medición de la pobreza; es multidimensional y también es una estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación”.
Precisó que el programa más grande de la economía social que ha existido en el país ya está en marcha, y se llama, “Sembrando Vida”. Se trabaja con la metodología de comunidades de aprendizaje campesino, donde se fortalece el cooperativismo, y la inclusión financiera. “La economía social es una ruta para lograr un país más justo y que se priorice la calidad y no la caridad, la justicia y no la asistencia”.
Sobre los indicadores y metas de la secretaría, expuso que se está integrando en el programa sectorial la nueva visión del gobierno y las metas que el Presidente ha establecido, como erradicar la pobreza extrema, lo cual “lograremos en conjunto de las secretarías, institutos y gobiernos. Erradicar la pobreza es compromiso de todas y de todos”.
La secretaria de Bienestar expuso que se encuentra elaborando su programa sectorial, así como el Programa Nacional de Bienestar, que deberán ser publicados en el primer trimestre del próximo año.
En cuanto a los pagos del programa de Adultos Mayores, dijo que “como muchos otros planes integrales de bienestar, son dispersados con ayuda del Banco de Bienestar. Nos estamos sumando a la estrategia de bancarización del país para incluir a todas las personas, sobre todo a aquellas que viven en zonas aisladas y hemos hecho operativos para identificar a aquellas que no cuentan con su tarjeta para que les sea entregada”.
Se han hecho operativos de pagos en periodos consecutivos y una vez que llega el registro de que la tarjeta fue entregada se realiza el pago correspondiente. No obstante, en la Ciudad de México se efectúan pagos retroactivos a los adultos mayores que ya estaban incorporados a un padrón universal que fue trasladado a la secretaría.
En caso de que los beneficiarios no hayan acudido a cobrar su pago en un periodo, se les reexpide y reciben dos bimestres en una sola exhibición. Hasta el cuarto bimestre del 2019 hay ocho millones 38 mil 228 personas adultas inscritas a este programa, lo que representa un 94 por ciento de la meta, y se han ejercido 91 mil 401 millones 300 mil 370 pesos.
De 2018 a 2019 se han incorporado 3.2 millones de adultos mayores, lo que representa un incremento del 64 por ciento. La meta es llegar a 8.5 millones de personas en 2024, de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, con un incremento anual de tres por ciento del presupuesto para el programa garantizamos la cobertura.
Para concretar la universalidad del programa se realiza la depuración constante del padrón a través de confrontas con el Registro Nacional de la Población, cada dos meses; instituciones del Registro Civil de los estados, cada mes. También se usan las notificaciones de las delegaciones estatales de programas para el desarrollo, las notificaciones de los familiares que solicitan los pagos de marcha o la última erogación a la que tiene derecho el beneficiario.
Mencionó que todos los programas de la Secretaría de Bienestar funcionan en estricto apego a las distintas disposiciones legales para su operación, y en 2020 todos los de subsidios a cargo de esta dependencia contarán con reglas de operación.
“Algunos hemos funcionado con lineamientos, pero para 2020 los programas, que es el caso de Sembrando Vida o Pensión para Personas con Alguna Discapacidad, tendrán sus reglas de operación. Los lineamientos bajo los cuales han operado cuentan con los mismos elementos que requieren unas reglas de operación. No hay opacidad ni falta de transparencia, y es claro a quién, cuánto y para qué y por qué se están entregando de manera directa los programas sociales de bienestar”.
Subrayó que la información de los padrones se encuentra publicada en la página oficial de la Secretaría de Bienestar, y actualiza trimestralmente. La última va de enero a agosto de 2019 e incluye el padrón de 15 programas integrales.
Respecto a Sembrando Vida, sí va a enfrentar la deforestación; añadió que en los territorios se trabaja de manera coordinada con personal del Consejo Nacional de Áreas Nacionales Protegidas, para evitar que las personas deforesten bosques y selvas para entrar al programa. “Nosotros somos un programa de reforestación, de restauración productiva. No podemos fomentar la tala o la quema”.
