Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Cuando nadie lo consideraba un tema esencial para Morena y la 4ta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la fracción mayoritaria en San Lázaro lanzará a través de su diputada María Wendy Briceño Zuloaga una iniciativa para permitir la interrupción legal del embarazo en México.
Avanzar sobre este tema, indicó, requerirá involucrar a las comisiones de Igualdad de Género y la de Salud, del Senado donde hoy la tabasqueña Mónica Fernández preside la cámara alta y quien se ha comprometido a avanzar precisamente en el impulso de este tipo de iniciativas que amplíen los derechos de las mujeres.
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Briceño Zuloaga subrayó ayer que es justo el momento en que “el Estado debe garantizar a las mujeres la plena salvaguarda de sus derechos sexuales, reproductivos y permitirles la interrupción legal del embarazo”.
Y hoy el Estado Mexicano está encabezado por López Obrador, quien durante su campaña y en lo que va de su gobierno, no ha mostrado afinidad con el tema.
Al presentar la iniciativa de Reforma a la Ley General de Salud en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, Briceño Zuloaga indicó que hoy existe en el país “una mayoría responsable en el Congreso, (que) no puede ignorar que a diario se registran muertes por malas prácticas a causa de que las mujeres sufren precariedad económica y tienen el poco acceso al sistema básico de salud”.
Esas mayorías legislativas en el Senado y la cámara de Diputados son de Morena y coordinadas por Mario Delgado y por Ricardo Monreal, quienes han demostrado sensibilidad ante estas propuestas, se indicó.
Señaló que, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, entre 2013 y 2018, 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años reconoció haber estado embarazada.
De ellas, agrego, poco más de un millón manifestaron haber tenido al menos un aborto, “en estas cifras no hay claridad de las condiciones en las que se interrumpió embarazo”.
Hay entidades, indicó, donde las sanciones por abortar van desde 15 días hasta seis años de prisión y multas de 20 a 300 Unidad de Medida y Actualización (UMA), trabajo en favor de la comunidad, diferentes formas de tratamiento médico o psicológico e, incluso, pena por reparación de daño.
En este contexto, recordó, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de los diputados, como otros legisladores, han presentado iniciativas sobre la materia, porque hay una mayoría de Morena que lo permite.
“Quiero reconocer a Oaxaca y sabemos que Hidalgo pronto se sumará a la legislación a favor de la interrupción del embarazo; tendrán nuestro acompañamiento, así como de los colectivos feministas, pues ello permitirá caminar hacia el progreso de las garantías de las mujeres”, subrayó Briceño Zuloaga.
puntualizó.
En apoyo a esta iniciativa, la diputada Sandra Paola González Castañeda, también de Morena, y organizadora del evento, dijo que sobre el aborto se han realizado foros a nivel nacional con la participación de mil 200 especialistas: médicos, jueces, magistrados, académicos y demás involucrados en la progresividad de los derechos de las mujeres.
De ahí que la iniciativa de Briseño Zuloaga plantea la reforma de los artículos 329, 330, 331, 332 y la derogación del 333, 334 del Código Penal Federal; las adiciones de la Fracción V Bis del artículo 3, de un párrafo Cuarto al artículo 10 Bis, del Capítulo VI Bis y del artículo 71 Bis de la Ley General de Salud, con el propósito de reconocer y garantizar los derechos sexuales, incluyendo la interrupción del embarazo en condiciones de calidad cuando las mujeres así lo soliciten.
A su vez la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván, igualmente de Morena, explicó que 29 estados de los 32 que existen en México, establecen, como causal de exclusión o no punibilidad, que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; en 23, que exista peligro de muerte de la mujer embarazada; 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud; en 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida. En 2, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo.
Indicó que la Organización Mundial de la Salud define que un aborto es peligroso cuando el embarazo es interrumpido por personas que carecen de la calificación necesaria o en instalaciones que no cumplen con las normas médicas mínimas.
Por eso es recomendable que para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos, en México se implementen políticas que garanticen un aborto sin riesgo y legal, agregó.
“Entre abril del 2007 y 19 de diciembre de 2018, se habían atendido en los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México a 205 mil 353 mujeres para interrupción legal del embarazo, de las cuales 70 por ciento residían en la capital, 61 mil 755 correspondieron a mujeres procedentes de las 31 entidades federativas restantes”.
No se puede seguir ignorando que el reclamo a una interrupción voluntaria del embarazo en México responde a una demanda de mujeres de todas las edades, niveles educativos y condiciones socioeconómicas, y que el marco de la ley en la Ciudad de México ha garantizado que los servicios se presten por personal calificado, tecnología recomendada, excelentes condiciones de higiene y óptimas garantías, seguridad y de acuerdo con las recomendaciones y evidencias internacionales.
Es momento en que estas condiciones se extiendan ahora a todo el país indicaron.
LA MILITANCIA ELEGIRÁ A CONSEJEROS
Arrinconados en un tercer sitio que nunca imaginaron tener, los priístas encabezados por Alejandro Moreno han decidido dar un paso esencial para recobrar la confianza de sus bases y de la mayoría de los mexicanos: dejar que la militancia elija a los Consejeros Nacionales, que forman el órgano de gobierno más importante después de la Asamblea Nacional.
La primera elección abierta de consejeros miembros del órgano colegiado para el periodo 2019-2022 en la historia del PRI, se realizará el próximo 10 de noviembre.
Al anunciar lo anterior, el secretario técnico del Consejo Político Nacional, Pablo Angulo Briceño, acompañado por el presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, Rubén Escajeda, indicaron que con esto inicia el proceso de construir un partido totalmente cercano a todos los mexicanos.
“Con ello se aspira a hacer del PRI un partido combativo, abierto y que abandere las causas de la gente, como ofreció la dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano”, subrayaron.
LA CORRUPCIÓN AFECTA HASTA EL AGUA EN MÉXICO
El estudio “Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?” de Ethos Laboratorio Políticas Públicas, realizado con aportaciones de centros de Estados Unidos, encabezado por los investigadores Rodrigo Bolaños, Dalia Toledo y Cuauhtémoc Osorno, revela la existencia una corrupción institucional que afecta al menos 6 áreas de riesgo como son: el otorgamiento de los permisos para poder extraer y hacer uso de las aguas de la nación (concesiones); la regulación de las aguas de desecho; el funcionamiento de los organismos encargados de llevar agua a cada hogar (organismos operadores); los factores detrás del robo de agua (tomas clandestinas); las obras hidráulicas y la generación y publicación de datos.
La corrupción favorece la sobreexplotación y contaminación del líquido; afecta a los ecosistemas y a la población; y evita que se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y el acceso al agua potable y saneamiento, se indica.
El estudio completo «Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?» está disponible en la página ethos.org.mx
