Análisis a Fondo
Cinco años ya pasaron desde que se los llevaron
Dónde están: ¿en una fosa o en una mazmorra?
Por Francisco Gómez Maza
La noche de este 26 de septiembre, hace un lustro de dolor, de ausencia, de dudas, fueron secuestrados por, hasta ahora, secuestradores no descubiertos del todo, presuntamente vinculados con autoridades gubernamentales de la administración Peña, los 43 y más estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ―mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa-. Por ellos lloran sus padres, sus familiares, la gente consciente. Pero tendríamos que llorar por aproximadamente 41 mil desaparecidos entre las administraciones de Vicente Fox, pasando por Calderón y terminando con Enrique Peña. Y contando en lo que va del sexenio de López Obrador.
Las desapariciones forzadas, particularmente de mujeres jóvenes, casi niñas, que son asesinadas, son desde que Calderón les declaró la guerra a las bandas del narco, el pan nuestro de cada día.
La mayoría de los desaparecidos no dan señales de vida. No aparecen por ningún lado. Y los que aparecen, aparecen enterrados en millares de cementerios clandestinos. Se convirtieron en osamentas que sólo pueden ser identificadas mediante el bendito ADN (Ácido Desoxirribo Nucleico) que es lo que da la identidad a cada individuo y que prevalece en la naturaleza de la familia del cadáver o los cadáveres encontrados en fosas muchas de ellas a ras de suelo.
La desaparición de los 43 cae en el terreno de la sospecha. Por qué secuestrar a estudiantes de una normal rural en donde se enseña marxismo leninismo, en donde se forman luchadores sociales de lucha en contra del establecimiento, en contra de la desigualdad económica y social, en donde se busca un cambio radical en las relaciones de producción. Por qué atacar, tratar de desaparecer, una normal rural que es parte de un sistema de escuelas normales para hijos de campesinos pobres. Por qué atacar a una escuela normal en donde se han formado dirigentes guerrilleros como Jenaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, que siendo maestros rurales optaron por las armas para combatir al mal gobierno. Todo está muy raro. La normal rural Jacinto Canek, en Chiapas, fue de nuevo desaparecida por los caciques indios en contubernio con autoridades gubernamentales. Es el miedo de las clases dominantes.
Pero ahora el tema principal es el de los 43 estudiantes, jovencitos, casi niños, que ya tendrían que haberse graduado de maestros rurales pero cuyos cuerpos o yacen debajo de la tierra, o se pudren en alguna mazmorra de las que acostumbrada mantener el viejo régimen para meter ahí, para que se pudrieran, a los subversivos, a los enemigos de las clases dominantes. A los jóvenes que agarraban el fusil para combatir al mal gobierno.
Ante la ausencia de información todo puede especularse. La verdad histórica de Jesús Murillo Karam, el procurador que validó la versión de que los estudiantes fueron asesinados, quemado su cuerpo, embolsado y tirado al caudal de un río fue verdad histórica durante un tiempo, pero se vino abajo, ya que la tortura fue el medio para arrancar a muchos detenidos esa “verdad histórica”. Ahora Murillo Karam tendrá que comparecer ante las autoridades para repetir su verdad histórica, que todo el mundo sabe que es una sarta de mentiras peligrosas.
Mientras tanto, nada es verdad ni es mentira en este caso, o más bien todo lo que dijo el gobierno de Peña es mentira, mentira que trató de ocultar algo de las causas, de las autorías de la desaparición de los 43. Hay quienes aseguran que los 43 están vivos. Y, como dicen los chavos, esta afirmación no es una mera jalada.
Pero mientras son peras o son manzanas, la investigación del caso sigue dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento, cometidas por las instituciones del Estado mexicano en lo pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada ´verdad histórica”, como lo declaró Jan Jarab, representante de la ONU-DH. “Resulta difícil distinguir las pruebas reales de las fabricadas y, al mismo tiempo, rescatar todo aquello que puede servir para dar con el verdadero paradero de los estudiantes y sancionar a todos los responsables con estricto apego al debido proceso”, abundó, y llamó a que se genere una nueva teoría del caso.
Por su parte, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) urgió al Estado (al gobierno de López Obrador) a avanzar con celeridad en la búsqueda de los jóvenes normalistas, así como juzgar y sancionar a las personas responsables. “La Comisión manifiesta su profunda preocupación porque, después de un tiempo significativo, no hay respuestas sobre lo ocurrido. Igualmente, reafirmó su compromiso de seguir acompañando este caso hasta alcanzar verdad y justicia”, expresó la instancia internacional, que ha acompañado a las familias desde 2014.
La ONU-DH también exhortó a investigar las graves transgresiones a los derechos humanos ocurridas durante la investigación ministerial, incluyendo los casos documentados en su informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, y llamó al Estado mexicano a impulsar, en esta nueva fase, una investigación que recabe pruebas que puedan ser efectivamente utilizadas para fincar responsabilidades en contra de los perpetradores en el caso Ayotzinapa.
El caso de los 43 es gravísimo. Cómo lo será el de los 41 mil desaparecidos de los que se habló al principio de este texto. Ayotzinapa, México, los cementerios clandestinos en todo el país, claman venganza.
La CIDH enumeró los problemas que ha constatado en la investigación: investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada y falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión. “Asimismo, la Comisión ha resaltado a la importancia de ahondar en la investigación sobre los miembros del 27 Batallón, la determinación de la posible participación de varios cuerpos de policías municipales, policías estatales y policías federales. También ha observado la falta de avances en relación con presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en el caso y la importancia de realizar investigaciones más profundas al momento de presentar consignaciones y acusaciones. La CIDH entiende que no es razonable que, a cinco años, no haya resultados concretos”.
Lo único que no puede afirmarse es que los 43 van a ser encontrados, como lo afirma el presidente de la república. Es más realista prometer que serán buscados hasta el cansancio. Y que quienes los desaparecieron serán castigados con todo el rigor de la ley.
