Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
El senador michoacano, aspirante a ser con muchas posibilidades el sucesor del perredista Silvano Aureoles en aquel estado, presidente hoy de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias no les lanzó una convocatoria forma de comparecencia a los gobernadores Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato, Francisco García de Tamaulipas y a Cuitláhuac García de Veracruz, pero no hace falta.
Reconocido como un político serio, del grupo cardenista, Arias no se anduvo ayer con rodeos respecto a las exigencias de desaparición de poderes presentadas por panistas y morenistas en esos 3 estados.
El senador michoacano, en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación, la que tiene que tramitar el inicio de esas desapariciones de poder dijo ayer que sí van.
Y que los estados aludidos sí caen en los requisitos establecidos en el 76 Constitucional que faculta al Senado a dictar la desaparición de poderes, y que en lugar de hacerse los ausentes, los gobernadores de esas entidades deberían comenzar a acercarse al Senado a explicar de lo que se les imputa.
Ayer, momentos antes de iniciar una sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación del Senado, el senador Arias, indicó que la mesa directiva de esta cámara, encabezada por la senadora de Morena Mónica Fernández ya les hizo llegar las peticiones de panistas y de morenistas.
“… por lo cual se convocará a una reunión con los integrantes de la comisión para revisar lo que proceda, si se declara o no la desaparición de poderes en estos estados”.
De entrada, el senador Arias consideró que los 3 estados presentan una situación crítica, dados a los altos niveles de inseguridad, por lo cual –adelantó- no se actuará de manera irresponsable.
Recordó que es la cámara alta la facultada por la Constitución para hacer la declaratoria de desaparición de poderes en cualquier estado de la república.
“… los senadores representan al Pacto Federal por lo que son sus garantes”, subrayó.
Por ello insistió en que él tiene la percepción de que los gobernadores de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz están evadiendo el tema.
“No se trata de un tema de venganzas. Existe un profundo problema de inseguridad en estos los estados…
“Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, no puede negar la crisis que existe en su entidad”, dijo en lo que fue una condena a priori que advierte que él, como presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, considera que sí procede la desaparición de poderes en Guanajuato.
Explicó que en las peticiones de PAN y Morena hay dos supuestos distintos:
“El PAN justifica la desaparición de poderes en Veracruz por la destitución de Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal general del estado; mientras que Morena para los otros dos estados, considera que el Pacto Federal se ha roto”.
Lo conveniente –insistió— “es que no estaría de más que los gobernadores se acerquen al Senado, para abordar el tema de manera responsable”.
Es decir, la rueda legislativa para proceder con las declaraciones de desaparición de poderes camina.
APROBADAS LAS LEYES DE EDUCACIÓN
En un “déjà vu” legislativo por demás anunciado, ayer la mayoría de Morena, PT, Verde y PES frente a la terca resistencia del bloque opositor de PAN, PRI, MC y PRD aprobaron una a una las tres leyes de educación con las cuales entrará en vigor la reforma educativa de la 4ta Transformación que desecha la Reforma Educativa del Pacto por México atribuida al expresidente Enrique Peña Nieto.
Afuera del recinto, en su mayoría concentrados sobre la parte frontal del Senado que da a Paseo de la Reforma, quizá unos 200 maestros de la 22 de la CNTE de Oaxaca pasaron el día aburridos, echados, viendo sus celulares, chateando, mientras dentro se daba el trámite.
En esta ocasión, sabedores de que sus dirigentes habían pactado ya las tres reformas con Andrés Manuel López Obrador ni siquiera movieron un dedo para intentar bloquear las puertas del Senado.
Su actitud fue de absoluto hastío por tener que estar presentes cuando ya no tenía sentido ni siquiera seguir la transmisión en redes de la sesión en que se estaban aprobando las tres leyes.
Con ello sellan su pacto con el aliado más importante que han tenido desde que surgió la Coordinadora en Chiapas el 17 de diciembre de 1979: el presidente Andrés Manuel López Obrador.
REFORMA SIN TON NI SON
A estas alturas del sexenio de López Obrador, con todo ganado por Morena, nadie sabe a ciencia cierta quién promueve o quiere una nueva reforma electoral.
Sin embargo, esta camina entre foros y encuentros legislativos en San Lázaro -en el Senado ni los han pelado-, a los que ya han asistido los más sobresalientes líderes de los partidos y los grandes personajes de las instituciones electorales.
Ayer, en un encuentro más, la diputada de Morena Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población consideró que esta reforma, que no tiene para cuando ser lanzada en serio al Pleno, no debe provocar “cambios improvisados”.
Se tiene que garantizar a la ciudadanía el derecho a participar en los asuntos públicos, indicó.
“Nuestras leyes ya no se construyen marginando a sus destinatarios, ni haciendo oídos sordos a los reclamos sociales”.
Quizá porque no en ve en estos foros en los que ella participar a representantes reales de los mexicanos, señaló que con estos foros no se busca legitimar decisiones preconcebidas, sino perfeccionar el tramado electoral.
“Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos para la organización y funcionamiento de las instituciones electorales federales y locales, en temas como la integración de sus órganos de gobierno y dirección, su organización, los mecanismos de coordinación entre la Federación y entidades, el voto electrónico, delitos electorales, entre otros”, reveló.
Y agregó que con lo que se logre con esta reforma electoral en curso se debe garantizar la equidad en la contienda.
Se debe evitar la promoción personalizada e indebida de los servidores públicos, garantizar procesos y procedimientos expeditos, objetivos y justos, además de buscar que el proceso legislativo refleje lo más fiel posible el abanico político e ideológico de nuestra sociedad, enumeró.
Durante el encuentro realizado en las instalaciones del Centro de Estudios Belisario Domínguez, la legisladora sostuvo que el objetivo de este ejercicio es plantear las interrogantes correctas antes de asumir que se tienen las respuestas a preguntas que hoy son parte del debate público, por medio de la opinión de especialistas.
“¿Qué haremos con el financiamiento privado de los partidos políticos? ¿Deben cambiar los topes de las aportaciones que actualmente pueden entregar los simpatizantes, militantes y candidatos? ¿Debe cambiar la relación de aportación privada y del Estado? ¿Estos límites garantizan la equidad de la contienda? ¿Realmente estamos blindando de injerencias indebidas al proceso electoral?”, preguntó.
Y adelantó:
“Es hora de volver a plantear el voto electrónico y establecer un esquema permanente de credencialización; son muchos los temas que tenemos que tocar y todos los que estamos aquí debemos aportar para tener un marco jurídico adecuado en materia electoral”.
Un encuentro más sobre esta reforma de la que nadie se hace responsable ni explica por que se requiere.
