Ciudad de México, México.– En los primeros meses de la actual administración se congelaron más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.
Dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas, detalló en declaraciones a la prensa
Ese dinero, agregó, permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.
Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.
Con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.
Además, añadió, en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, al Código Penal Federal Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.
Cuestionado sobre la presunta asociación del Presidente de la República con algunas empresas, el funcionario afirmó: son falsas, ya que “no corresponden los datos del sistema financiero”.
Recodó que el mandato del Presidente es “cero tolerancia a la corrupción e impunidad”, en todos los casos.
Compartió que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.
