Ciudad de México, México.— Con 288 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones en lo general y 285 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones en lo particular, los diputados aprobaron dictamen que expide la nueva Ley General de Educación con lo que se abrogan las Leyes General de Educación, de 1993, General de Infraestructura Física Educativa, de 2008. Se turnó al Senado de la República. En el transcurso de la noche avalarán otras dos normas.Antes de que se iniciará la discusión de las leyes secundarias, la oposición por espacio de una hora ocupó la tribuna por que se violaron los procedimientos legislativos, sin embargo, una votación determinó que desocuparán ese espacio.
Durante la discusión en lo particular de la primera norma, el PRI presentó siete propuestas de modificación; el PAN, una; PT, una; PES, una; MC, dos; PRD, tres, y el diputado sin partido, Carlos Alberto Morales Vázquez, una.
De estas reservas, sólo se aceptó la del PT –que fue presentada por su coordinador Reginaldo Sandoval Flores–, para establecer que toda persona gozará del derecho a la educación bajo el principio de intangibilidad de la dignidad humana.
La discusión inició con la fundamentación del documento, en tribuna, por parte de la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena), quien externó que hoy es un día histórico, porque “va a caer de manera completa y plena la reforma educativa del 2013, una reforma impuesta y violenta”.
“Este día nos encontramos en la segunda etapa del desmantelamiento de la reforma educativa del 2013. Ha llegado el momento de continuar con el proceso de cambio del sistema educativo, analizando y discutiendo las leyes secundarias necesarias para impulsar las políticas públicas que logren los fines de la educación”, agregó.
Subrayó que el dictamen se elaboró atendiendo más de 60 iniciativas de diputadas y diputados del PAN, PRI, PT, PES, PVEM y PRD.
El nuevo ordenamiento legal –constituido por 181 artículos divididos en 11 títulos, y 17 preceptos transitorios– coloca en el centro del aprendizaje a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, reafirma la rectoría de la educación por parte del Estado, establece que la educación debe impartirse bajo el respeto de la dignidad humana, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva y perspectiva de género.
“(La nueva Ley General de Educación) promueve la educación humanista, propone la formación integral de las y los mexicanos; reconoce la educación indígena para garantizar el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de las comunidades y pueblos indígenas a través de una consulta previa”, dijo.
“Garantiza una educación que atienda las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos para eliminar las distintas barreras de aprendizaje a través de los servicios de educación especial”, agregó.
Apuntó que, además, se crean los comités escolares de administración para dignificar a las escuelas, se revaloriza al magisterio y se establece la obligación de fortalecer las escuelas normales públicas y la Universidad Pedagógica Nacional.
“Sin duda, se trata de la punta de lanza para la reestructuración del Sistema Educativo Nacional”, concluyó.
La nueva Ley General de Educación indica que su objetivo es regular la educación que imparta el Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios–, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; asimismo se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.
Precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
Señala que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.
Menciona que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.
Subraya que la educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley.
Aclara que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del Artículo Tercero constitucional y las leyes en la materia.
La discusión de este dictamen inició a las 14:30 horas luego de que se hizo la declaratoria de publicidad de tres dictámenes relativos a la legislación secundaria de la reciente reforma educativa, y se sometieron a votación para su discusión de inmediato.
Acto seguido, la presidenta de la Comisión de Educación, Piña Bernal, fundamentó el dictamen; posteriormente, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) subió a tribuna, acompañado por sus compañeros de bancada, para presentar una moción suspensiva; afirmó que hubo violaciones al reglamento durante el proceso de dictaminación, y anunció que no se retirarían de la tribuna hasta que se devolviera el documento a la Comisión de Educación.
Después subieron a tribuna diputados del PRI, MC y PRD a presentar mociones suspensivas, y al término de ello, la secretaria de la Mesa Directiva, Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), se vio impedida de utilizar la tribuna.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, decretó a las 16:05 horas un receso de 15 minutos y solicitó a los coordinadores parlamentarios reunirse con la finalidad de llegar a acuerdos para que la sesión pueda continuar.
La sesión se reanudó a las 16:35 horas, y se consultó al Pleno, mediante votación nominal, si se continuaba con ella. La mayoría se pronunció por la afirmativa.
Tras ellos, diputados de los ocho grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para fijar la postura de sus bancadas, y luego diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen.
A favor lo hicieron los diputados Claudia Báez Ruiz (PES), Gerardo Fernández Noroña (PT), Jorge Luis Montes Nieves (Morena), Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena), José Luis Montalvo Luna (PT) y Sandra Olvera Bautista (Morena).
En contra, Mónica Bautista Rodríguez (PRD), Cynthia Iliana López Castro (PRI), Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN), Antonio Ortega Martínez (PRD), Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) y Sara Rocha Medina (PRI).
