Ciudad de México, México.– El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, exigió que el gobierno de la Ciudad de México garantice las condiciones para el ejercicio de las actividades de la Cámara de Diputados, ya que son sus facultades constitucionales.
A través de un comunicado, el diputado consideró que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum, faltó a lo dispuesto en el artículo 122 inciso B de la Constitución, que establece que: “El gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales”.
Recordó que el jueves 12 de septiembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recurrió a los bloqueos “para presionar y que se cumplan sus caprichos en las leyes reglamentarias de la Reforma Educativa”.
El coordinador señaló que, previó a los bloqueos, “era evidente la irrupción de los manifestantes en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro y en ningún momento la Jefa de Gobierno llamó a las fuerzas del orden para garantizar los derechos de estos grupos a expresarse, pero al mismo tiempo a respetar el libre tránsito a la Cámara de Diputados”.
Indicó que se afectaron las actividades legislativas; además, “hace unos días se recibió el Paquete Económico 2020 y por la tarde del jueves se reunirían las Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda y Crédito Público para continuar con el análisis del mismo.
“Este retraso al trabajo legislativo en nada ayuda a la buena marcha del país. En la Cámara de Diputados tenemos trabajo por delante y con estos bloqueos a las instalaciones solamente ayudamos a la parálisis de México y a quienes siempre han visto en la protesta su modo de vida”, apuntó.
El legislador panista expresó que en México se reconoce el legítimo derecho de manifestarse como una vía para expresar inconformidad, “pero otra cosa es violentar el derecho también al libre tránsito y trabajo de los demás. Esa es la obligación de las autoridades, entre ellas, de la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, concluyó.
