Ciudad de México, México.— El Congreso capitalino trabajará en incrementar y ajustas las sanciones en materia de quebrantamiento de sellos de clausura, y el excedente de pisos en obras de la capital.
Durante la mesa de trabajo para analizar el problema de clausuras en construcciones en la Ciudad de México, en el Congreso, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, afirmó que el Congreso local deberá proponer una legislación que sancione penalmente al director responsable de obra y al propietario, pues son los garantes de que se conserve el estado de suspensión o clausura.
Indicó que si bien no es aplicable la extinción de dominio en materia administrativa, se deben establecer mecanismos eficientes; y en materia exclusiva de excedentes de construcción pasar de una sanción de 5 por ciento del valor comercial por excedente de construcción al ciento por ciento.
Reprochó la participación de autoridades en distintos niveles que han permitido la realización de obras irregulares, a través de despachos y grupos que aprovechan las circunstancias evidenciando casos de corrupción.
Precisó que de acuerdo con cifras de la PGJCDMX en lo que va del año hay cerca de 300 carpetas de investigación por quebrantamiento de sellos, y que de 2011 a 2019 el Tribunal Superior de Justicia conoció 61 casos y sólo en 23 se ha impuesto una sanción por el quebrantamiento de sellos.
Afirmó que la problemática que buscan atender es que se respete el uso de suelo y la regulación jurídica en materia de construcciones, de establecimientos mercantiles, de protección civil y ambiental, y que los mayores instrumentos administrativos como son la suspensión de actividades, la clausura y las órdenes de demolición no están siendo lo suficientemente eficientes.
“Hay un desacato permanente hacia los estados de suspensión y clausura en la Ciudad de México, que una serie de grupos organizados aprovechando esta debilidad del marco jurídico han encontrado un modus operandi, que permite la continuidad de construcciones al margen de la ley, buscando la construcción de obras irregulares”, sostuvo el legislador de Morena.
Durante su intervención, el diputado Fernando Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, aseguró que para atender esta urgente problemática es necesario tener claridad respecto de cómo establecer procedimientos que eviten que esto siga sucediendo, “considero que el tema que se debe atender no es la clausura o sancionar el quebrantamiento de sellos, es revisar cómo evitamos llegar a esta situación”.
Propuso dar seguimiento a las obras, a través de un residente público, “se puede poner como una condición para construir que haya una persona que dé constancia de que lo que se está construyendo es exactamente lo que se mencionó, que no sólo sea en una verificación cuando se han denunciado irregularidades, y solicitar que se entregue de manera frecuente un reporte del avance de la obra para que se vea que va acorde con la manifestación de construcción”.
En materia de excedente de construcción, se manifestó en favor de la extinción de dominio, porque, dijo, “la lógica de sobrepasar los niveles es un tema económico pues el valor de la propiedad aumenta, por eso lo hace tan jugoso, porque en rendimiento económico va a dejar una ganancia, por ello es necesario castigarlo, porque se hace con dolo”.
A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Diego Orlando Garrido López, planteó que la propuesta para analizar y modificar la ley de extinción de dominio sea dirigida a obras, construcciones y desarrollos inmobiliarios; asimismo recordó la postura del PAN en contra de la aplicación de dicha normatividad en materia de una sanción por rompimiento de sellos de clausura, “porque existe un tema de legalidad e inconstitucionalidad”, apuntó.
“Hacer uso de dicha ley implicaría que la propiedad, el patrimonio de una persona, la propiedad privada pase a manos del gobierno y esto sería una sanción totalmente distorsionada y desproporcional, sobre todo porque la extinción de dominio está pensada para delitos de alto impacto como narcotráfico, mismo que implica una operación de más fondo y no necesariamente el rompimientos de un sello”, detalló.
El diputado Ricardo Fuentes Gómez (MORENA) recalcó que el Congreso local deberá enfocarse a la armonización de 143 leyes, entre ellas la de extinción de dominio
Dijo que “casos hay muchos, pero lo que se vuelve más grave es el acto administrativo por el que violan los sellos, pero no se agrava la causa por la cual se imponen los sellos, entonces esta situación tiene que ver con la armonización”.
Durante su participación, la diputada Lizette Clavel Sánchez se pronunció en favor de revisar la normatividad vigente, es decir, desde las facultades de las alcaldías, el INVEA y los ciudadanos hasta las sanciones que se llevan a cabo, “la prevención de las irregularidades y las anomalías, el establecimiento de las facultades para las instancias competentes debería ser básico”.
Aunque hay suspensión de obras, éstas siempre concluyen
María Idalia Salgado Hernández, titular del INVEA aseguró que es una problemática muy grave, pues aunque se establece la suspensión de obras, éstas siempre concluyen, por lo que pidió endurecer el tipo penal. También indicó que la propuesta de extinción de dominio realizada por los alcaldes no es la ideal.
Detalló que se realizan 200 reposiciones de sellos por violación de estados de clausura o de suspensión de obras y denunció la complejidad a la que se enfrentan cuando presentan ante el Ministerio Público al probable responsable de algún acto de quebrantamiento de sellos “ya que se remite a los trabajadores y no al DRO o al dueño”.
Durante su intervención, Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que el motivo por el que diversos titulares de las demarcaciones presentaron una iniciativa en la materia fue porque detectaron que existe una práctica recurrente y una gama de modalidades para violentar el estado de clausura o suspensión ya establecida entre las constructoras.
Aseguró que más allá de la iniciativa que presentaron, lo importante es “perfeccionar y ajustar la ley, es decir, que los procedimientos mejoren, que estén más apegados a la realidad, que exista más fundamento para que el estado de suspensión sean más severo y se incrementen las sanciones”.
Asimismo, Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa local, aseguró que el marco jurídico que justifica la competencia del Tribunal con relación a esos temas, es adecuado a la problemática que se está planteando; sin embargo, sí incide con las malas prácticas que se han llevado a cabo.
“Las constructoras deben acreditar perfectamente que tienen todos los documentos que justifiquen los niveles de construcción, el uso de suelo, la manifestación de construcción, porque si no cumplen, tenemos el medio para condenar con la demolición de pisos excedentes, lo hemos hecho en muchas ocasiones”, aseguró.
En tanto, Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, informó para el Poder Judicial local el tipo penal de quebrantamiento de sellos está en desuso, ya que únicamente se tienen registrados 65 expedientes durante los años 2011 a 2019, y sólo 23 llegaron a una sentencia.
Indicó que lo que hace falta, es aplicar una sanción no sólo al trabajador que violenta los sellos, sino al que da la orden o lo pide; al que utiliza a la persona para cometer un delito,” es necesario ir más arriba porque el responsable es el que le ordena al trabajador, por ello es necesario establecer una forma para sancionar no sólo al que lo hace materialmente, sino al que da la orden”.
Alicia Rosas, subprocuradora de Procesos de la Procuraduría General de Justicia local, aseguró que el tipo penal de quebrantamiento de sellos es obsoleto para la problemática que se está viviendo, “el problema no es la sanción, sino la descripción del tipo penal que no nos permite dar con la persona responsable, no implica el romper el sello, sino que se violente la suspensión”.
Aseguró que este problema se puede combatir y atender de manera multidisciplinaria, “podemos corregir todo esto desde otros ámbitos, por ejemplo, el procedimiento administrativo que llevan a cabo las alcaldías es la base principal para que en materia penal nosotros podamos ejercer ciertos actos, pero es indispensable que se genere un tipo penal integral, que contemple tanto al área administrativa como procedimental, y establecer una sanción que repercuta en todos los ámbitos”.
