Ciudad de México, México.— Es necesario reformar la Ley de Voluntad Anticipada que garantice el derecho a la muerte digna con un marco “jurídico suficiente, amplio y generoso” que data del año 2008 en la capital del país, consideraron especialisita en el foro “El derecho a la muerte digna”.
Durante su participación, el director general de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaria de Salud de la CDMX, Francisco Javier Garrido Latorre, se pronunció en favor de promover en todos los rangos de edad la autodeterminación personal para ejercer, en condiciones de salud óptima, su derecho a una muerte digna.
“Tenemos una Ley de Voluntad Anticipada y la Ley de Cuidados Paliativos que están alineadas a una etapa final de la vida, pero esto en realidad debería ser del dominio no tan sólo de este grupo de personas en esta condición, necesitamos que nuestra población discuta este tipo de temas y reflexione sobre la muerte, que haya una especie de planeación de la vida”, propuso el funcionario público.
Adelantó que el programa Médico en Tu Casa cambiará de nombre por el de Salud en Tu Casa, pues lo que llevarán a los domicilios no es sólo un médico, sino un grupo multidisciplinario que atenderá a las personas.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Salud, María de Lourdes Paz Reyes, estableció el compromiso para que en el Congreso local se analice el derecho a la muerte digna, no sólo dese el punto de vista jurídico y de salud, sino de todos los matices que el tema requiere, basados en la opinión de especialistas.
La diputada Constituyente y periodista, Mayela Eugenia Delgadillo Bárcena, afirmó que el derecho a la muerte digna tiene que ver con el tema filosófico de qué es la vida, tema que no se enseña en las escuelas de medicina, porque muchos son opositores del este derecho, y tampoco se ha bajado a la sociedad.
“Hablamos de una muerte digna, pero la vida digna todavía sigue por garantizarse en este país y en este mundo, nos ocupamos por cómo vamos a morir, pero no vemos cómo vivimos”, sentenció Delgadillo Bárcena.
Para que los ciudadanos en realidad decidan cómo quieren estar, dijo, la ley debe contener mecanismos que difundan y ayuden al tránsito de una política pública, que tiene que ver con temas de salud, “si yo quiero entender cómo quiero morir debo atender cómo quiero vivir y las decisiones que tomaré”.
“Me gustaría abrir una panorámica diferente en donde la Ley de Voluntad Anticipada pudiera generar los mecanismos sociales para una discusión en donde verdaderamente la autodeterminación fuera por delante como parte de la prevención en la vida, se requiere un proceso de política pública que empuje hacia un entendimiento qué es la vida”, destacó.
Por su parte, la directora general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Silvia Marcela Arriaga Calderón, coincidió en actualizar y reformar la Ley de Voluntad Anticipada conforme a lo establecido en el capítulo II, Artículo Sexto apartado A, inciso 2 de la Constitución local, “que el derecho humano a la autodeterminación personal deberá posibilitar que todas las personas pueden ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad, lo cual contiene implícitamente el derecho a un muerte digna”.
Apuntó que en la Constitución local no existe disposición alguna en los artículos transitorios para que el Gobierno citadino se manifieste en cuanto a la muerte digna, un derecho fundamental que ya está reconocido; por tanto sería importante hacer un pronunciamiento para poder normar y reconocer los mecanismos desarrollados a lo largo de nueve años
Recordó que tras la impugnación a dicho artículo constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó “que el bien morir no necesariamente involucra una muerte rápida, acelerada o anticipada con la utilización de todos los medios disponibles”.
