Ciudad de México, México.– En la CDMX, los capitalinos pueden presentar una acción de inconstitucionalidad con cinco mil firmas de los inscritos en la lista nominal, explicó el maestro Emmanuel López.
Juristas especialistas en derecho constitucional revisaron este viernes los retos y aciertos hacia la integración de la Sala Constitucional de la Ciudad de México, que mandata la Carta Magna local, durante el tercer día del seminario Hacia una justicia constitucional den la Ciudad de México, organizado por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga.
María de Jesús Medina-Arellano, especialista en bioderecho y bioética, afirmó que el gran desafío en la Ciudad de México no será la instalación de la Sala Constitucional, sino proteger realmente los derechos que ha establecido la Constitución más garantista del país.
Sin embargo, destacó la importancia al momento de integrar la Sala Constitucional, “deberán hacerlo con perspectiva de género e incluyente, sobre todo con inclusión a las diversidades que tenemos en nuestra ciudad reconocidas y protegidas con los derechos, desde perspectivas igualitarias con acciones afirmativas para las mujeres, solamente las personas que tengan esa sensibilidad serán las que puedan garantizar la instrumentación y respeto de los derechos, de otra manera será difícil”, subrayó.
Medina-Arellano resaltó como tema relevante para la reflexión bioética la protección de la salud, de la vida, el aborto, cuestiones de género y su diseño en relación al desarrollo científico; además mencionó el derecho a la muerte digna que se encuentra ya en la Constitución.
Durante su participación en la mesa “Las constituciones locales como integrantes de un nuevo parámetro de regularidad constitucional”, el maestro en Derecho, Emmanuel López Sáenz, detalló que la puesta en marcha de la Sala Constitucional local ayudará directamente a los ciudadanos a tener una justicia más pronta, completa y eficaz.
Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce entre 14 mil y 16 asuntos de todo el país al año. El hecho de que la capital del país tenga su propia instancia constitucional ayudará a tener resoluciones más rápidas, completas e imparciales, precisó.
El especialista en derecho parlamentario advirtió que hay una carencia de conocimiento de los 16 mecanismos de control constitucional existentes en el país, que son los mínimos necesarios para proteger derechos humanos, resolver conflictos entre poderes y las inconstitucionalidades que emiten los órganos legislativos, ayuntamientos y concejos.
Asimismo, López Sáenz, reconoció que los nueve mecanismos de control establecidos en la CDMX “son de avanzada” y resaltó la controversia constitucional que atiende los conflictos entre distintos entes públicos, como las alcaldías, diferente a lo establecido en la norma federal que no permite resolver conflictos entre dos municipios de una misma entidad federativa; sin embargo falta en su sistema de resolución constitucional que se reconozca poder resolver problemas entre dos órganos autónomo.
“Hoy la Constitución y la ley secundaria permite que con cinco mil firmas de ciudadanos inscritos en la lista nominal, es decir 0.07 por ciento real, puedan presentar una acción de inconstitucionalidad, mientras que en el modelo federal no está legitimado el ciudadano para presentarla”, concluyó.
El diputado local Eduardo Santillán Pérez fue el moderador de esta mesa.
