Ciudad de México, México.— La Cámara de Diputados rechazó que los 2 mil 500 trabajadores con el esquema de honorarios asimilados se les vaya a liquidar y recontratar y se les quite prestaciones, sin embargo, aceptó que en las próximas contrataciones se llevarán a cabo con un nuevo modelo por recomendación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La secretaria general de ese cuerpo legislativo, Graciela Báez Ricárdez, precisó que la contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios es una práctica a la que ha recurrido la Cámara de Diputados en diversas Legislaturas, ante la necesidad de contar con un mecanismo de contratación flexible que permita la renovación de personal de apoyo, de acuerdo a las necesidades de operación de esta instancia legislativa.
Señaló que se instrumentará un nuevo modelo de contrato con la finalidad de atender las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación; mejorar los niveles de control administrativo; e implementar la entrega de reportes trimestrales a los titulares de las instancias solicitantes como está asentado en una circular enviada a las áreas del 6 de mayo del presente año, cuya información se ha publicado en varios medios de comunicación.
Aclaró que la adopción del nuevo modelo de contrato aplica únicamente en las nuevas contrataciones; no modifica los contratos vigentes, ni el esquema de contratación de ninguna persona en la Cámara de Diputados, ni el régimen fiscal de los prestadores de servicios profesionales.
Añadió que la implementación del nuevo modelo de contrato actualiza el fundamento legal en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Indicó que el número de 6 mil 644 personas señalado por la publicación corresponde a la Estructura Ocupacional Autorizada para el ejercicio 2017, publicada en el Diario Oficial y se integra por 2 mil 899 trabajadores de base y confianza, 617 de mandos y homólogos, y 3 mil 118 prestadores de servicios profesionales.
Por lo que se refiere a la presunta pérdida de prestaciones, agregó, es de señalarse que bajo este régimen legal de contratación, la instancia contratante sólo está obligada al pago por los servicios contratados. Sin embargo, históricamente, la Cámara de Diputados ha cubierto el pago de una gratificación de fin de año, conforme a lo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Mencionó que de la lectura del documento enviado a las áreas no se desprende que se vaya a despedir o cambiar el régimen contractual de 2 mil 500 empleados, o afectarlos en sus prestaciones.
