Ciudad de México, México.— Ante la reincidencia y la “puerta giratoria” delictiva, el Congreso capitalino aprobó endurecer penas en los delitos de feminicidio con hasta 70 de prisión, robo de cuentahabientes y extorsión con un castigo máximo de 10 años, cuyas penas se duplicarán cuando sean policías, servidores públicos e inactivos, el robo a bordo de motocicleta con 6 años. En el caso de los delitos graves, la segunda vez de la comisión de un delito tendrá una penal adicional de las dos terceras partes que corresponda.El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad las reformas al Código Penal local, con lo que se incrementan las penas de prisión para delitos de alto impacto social, entre los que se encuentran el feminicidio, el robo en sus diversas modalidades, la extorsión y el despojo; además, las modificaciones buscan “cerrar la puerta giratoria” a los delincuentes reincidentes, a quienes se les retiran todos los beneficios penales.
En sesión ordinaria extraordinaria, el Poder Legislativo local avaló reformar también la Ley de Cultura Cívica, para eliminar del Código Penal el delito de ultraje a las autoridades y especificar, en cambio, que será intimidar o incitar a la violencia contra de integrantes de alguna corporación de seguridad ciudadana será una infracción administrativa contra la dignidad de las personas. La pena aplicable en este caso será de entre 20 y hasta 36 horas de trabajo comunitario inconmutable.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, indicó que para la integración del proyecto se analizaron las iniciativas presentadas por los diputados locales y por la jefa de Gobierno. “Se hizo una valoración, una sistematización, para generar un dictamen que retoma el interés de tener instrumentos jurídicos y legislativos eficientes”, explicó.
El diputado Santillán expresó: “El Congreso de la Ciudad de México asume su responsabilidad que le corresponde. Con estas reformas se otorgan instrumentos útiles para el Gobierno de la Ciudad de México en la lucha contra la delincuencia. Este Congreso está haciendo una aportación importante en el fortalecimiento de la estrategia en materia de seguridad”.
Resaltó además que las diputadas y los diputados, con sus propuestas, fortalecen el marco jurídico, que se complementará con transición de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia, instancia que tendrá los instrumentos necesarios para garantizar que las investigaciones se lleven de manera adecuada.
De acuerdo con el documento aprobado por el pleno del Congreso local, distintos legisladores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentaron iniciativas para endurecer las sanciones ante el elevado nivel de incidencia delictiva, así como de la violencia que la acompaña y que agravia a los habitantes de la capital.
De las modificaciones al Código Penal de la CDMX destaca el castigo al delito de feminicidio, con una pena de 35 a 70 años de prisión; también se incrementan las sanciones para el delito de robo: cuando se trate a casa-habitación la pena será de ocho años; el robo de autopartes se sancionará hasta con seis años de cárcel; el de vehículo se castigará hasta con ocho años; el robo de celular se castigará con hasta seis años de prisión.
Si el robo se comete a bordo de una motocicleta, la sanción será de hasta seis años de prisión; el robo a cuentahabiente se castigará con hasta 10 años de prisión, pena que aumentará al doble si la persona que participa es o fue servidor público.
En el caso de la extorsión, la pena será de hasta 10 años de cárcel y la sanción se duplicará cuando participe un elemento de alguna corporación policiaca. Se aplicará una sanción adicional cuando intervengan una o más personas armadas.
Con las reformas, además, se “cerrará” la puerta giratoria en el caso de delincuentes reincidentes. En delitos graves, la segunda comisión de un delito tendrá una pena adicional de las dos terceras partes que corresponda.
También se reformó lo correspondiente al despojo, uno de los delitos con mayor incidencia en los últimos años. Se aplicará una sanción de hasta cinco años de prisión en el despojo básico; una pena de hasta 10 años cuando éste se ejecute por un grupo de tres o más personas o cuando la víctima sea mayor de 60 años de edad.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Diego Orlando Garrido, del PAN, presentó una reserva al artículo 29 TER del Código Penal, con el propósito de establecer que las personas reincidentes en delitos graves no tuvieran ningún beneficio penal, “que se les aplique la máxima pena: cadena perpetua”.
Al respecto, el diputado Ricardo Fuentes argumentó que “la cadena perpetua va contra el espíritu de la reinserción”. El legislador Gaviño resaltó “es un debate viejo”. La propuesta no prosperó.
El diputado Santillán argumentó desde tribuna que las modificaciones realizadas al marco jurídico fueron elaboradas con base en análisis de la estadística e incidencia criminal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y están encaminadas no sólo a reforzar el estado de Derecho, sino a elevar la eficacia en la persecución de los delitos, inhibir la repetición de las conductas delictivas, fortalecer la política criminal y dar respuesta a las exigencias ciudadanas en materia de procuración de justicia.
La entrada en vigor de las reformas será al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México debido a la urgencia que reviste el dotar a la autoridad de mayores herramientas para combatir los delitos.
El Poder Legislativo fortalecer las herramientas jurídicas para combatir la inseguridad
Las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios razonaron su voto en la discusión del dictamen. Coincidieron en que la aprobación de las modificaciones constituye un fortalecimiento del Poder Legislativo a las herramientas jurídicas para combatir la inseguridad en la Ciudad de México.
Por el grupo parlamentario del PAN, los diputados Diego Orlando Garrido, Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Héctor Barrera Marmolejo fijaron un posicionamiento.
Garrido aseguró que en la ciudad se vive una crisis en materia de seguridad. “A pesar de esto, el Gobierno de la Ciudad no tendrá pretextos; como oposición ya aprobamos la Guardia Nacional, la Prisión Preventiva Oficiosa, ahora aprobamos esta serie de elementos y le damos al gobierno las herramientas; confiamos en que no le eche la culpa a otros y cumpla con su trabajo”.
Von Roehrich de la Isla apoyó a su compañero y resaltó que la solución de fondo al problema de inseguridad no es el simple aumento de penas. “Debemos hacer cambios de fondo al sistema de justicia, no sólo hacer leyes por hacerlas, hay que tener mecanismos para aplicarlas. Estas reformas son el principio de una labor en materia de procuración de justicia que atiende las demandas de las víctimas de delitos”.
Héctor Barrera Marmolejo enfatizó: “Esto no va funcionará si no trabajamos con la debida aplicación de las medidas cautelares; no funcionará si no trabajamos con la sociedad en materia de prevención de delitos, si no atacamos las causas de la inseguridad”.
Por la fracción parlamentaria de MORENA, el diputado Temístocles Villanueva Ramos se congratuló del trabajo hecho en el Congreso local, principalmente en la defensa de las mujeres, “el enfoque del dictamen se ajusta al principio constitucional de interdependencia de los derechos humanos”.
La diputada Lourdes Paz Reyes manifestó su acuerdo con el incremento de las penas a diversos delitos; “celebro las sanciones al delito de robo en sus diversas modalidades, ya que es una queja recurrente de la ciudadanía y es –el robo- un flagelo que pega directamente al patrimonio de las personas. Esto es el comienzo de más reformas en materia penal”.
Carlos Hernández Mirón, del mismo grupo parlamentario, hizo un reconocimiento a las diputadas, diputados y a la Jefa de Gobierno por las iniciativas presentadas, mismas que fueron la base para reformar el Código Penal.
Su compañero, Eleazar Rubio Aldarán remató: “Estas reformas ayudarán al Gobierno de la Ciudad a disminuir los índices delictivos. Esto es una gran reforma, pero se requiere tiempo para reducir los índices”.
Después, el diputado Nazario Norberto Sánchez calificó como “un gran momento” la aprobación de reformas. “Ahora se está cerrando la puerta giratoria a los delincuentes. Ciertamente, no se trata sólo de aumentar las penalidades. Los gobiernos federal y local tienen programas que son la base para disminuir la delincuencia”.
Por el PRI, el legislador Armando Tonatiuh González Case resaltó que “hoy fortalecemos el andamiaje en la administración y procuración de justicia. En este Congreso de la Ciudad de México se hacen leyes para fortalecer los derechos humanos y sancionar a los delincuentes”.
Más adelante, el diputado Jorge Gaviño, coordinador del PRD, hizo énfasis en que está comprobado que el aumento de penas sólo tiene efecto cuando hay políticas públicas integrales. “Si hay reincidencia es porque hay impunidad. Si a una persona no se le persigue y se somete a los dictados del Código, esta persona repite el delito. Por ello es importante acabar con la impunidad”.
Por la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, el parlamentario Miguel Ángel Álvarez Melo dijo estar de acuerdo con las modificaciones y endurecimiento de las penas, “pues esto le da tranquilidad a la ciudadanía. Es un avance importante en la procuración de justicia”.
La diputada Jannete Guerrero Maya, por el Partido del Trabajo, puntualizó que las iniciativas presentadas, analizadas y discutidas representaron instrumentos para fortalecer la procuración de justicia y con ello ayudar en el mejoramiento de la percepción de seguridad. “Con estas reformas se sientan las bases para materializar los beneficios en favor de la ciudadanía”.
Finalmente, la diputada Teresa Ramos, del PVEM, expresó su satisfacción porque en el análisis y la discusión de las modificaciones se haya tomado en cuenta su propuesta para castigar severamente el delito de feminicidio.
